El Cuerpo de Abogados del Estado, desde su fundación como Cuerpo especial de la Administración por Real Decreto de 10 de marzo de 1881, hasta nuestros días se ha caracterizado por la defensa de los intereses generales tanto en el ámbito de la contencioso como en el consultivo y cualesquiera que fueren los Gobiernos de España en cada momento histórico.

Una de las notas que, a través de su historia, ha caracterizado al Cuerpo de Abogados del Estado ha sido la del intenso y entrañable compañerismo entre todos sus miembros. Por ello, cuando en el horizonte se empezaron a vislumbrar nubes que amenazaban con menoscabar o limitar sus funciones así como con romper esa unidad entre sus miembros, un grupo de compañeros meditaron sobre la forma de defender los cometidos del Cuerpo y de anudar las relaciones entre los Abogados del Estado, buscando el instrumento adecuado a tal finalidad.

Acababa de publicarse el Decreto de 17 de junio de 1977 que daba la posibilidad a los funcionarios públicos de, sin necesidad de autorización previa, constituir las asociaciones u organizaciones que estimasen convenientes para la defensa de sus intereses. El citado grupo de compañeros, con la anuencia de la Dirección General de lo Contencioso del Estado, aprovechó la ocasión que brindaba el citado Decreto y, a su amparo, se otorgó la escritura de constitución de la Asociación Profesional del Cuerpo de Abogados del Estado. Como otorgantes de dicho Instrumento Público figuraron Juan Manuel Ruigómez Iza, Manuel Goded Miranda, Antonio Martínez Lafuente, Fernando Bertrán Mendizábal y Luis Argüello Bermúdez. Según el artículo 4º de sus Estatutos funcionales “la Asociación se constituye para el fomento y defensa de los intereses profesionales y corporativos de los Abogados del Estado, sin perjuicio de los que haya de atender, en razón de las federaciones que concierte”.

Es la única asociación del Grupo A de la que forman parte, con voz y voto, no sólo sus miembros en situación de servicio activo, sino también excedentes y jubilados -éstos, además, dispensados del abono de cuotas-, además de aquellos compañeros que se encuentran en servicios especiales. Ello pone de manifiesto, además de la necesidad de aprovechar para el colectivo el potencial de la experiencia, la consideración del Abogado del Estado por el hecho de haber aprobado la oposición, más que por el destino que en la actualidad ocupe, siempre transitorio.

La incorporación a la Asociación de los Abogados del Estado, sin llegar a ser unánime, fue suficientemente mayoritaria e iniciada su andadura se convocó una Asamblea General -celebrada en el salón de actos del entonces INI- para la elección de su Presidente, cargo que recayó en el compañero Francisco Galván Cabanas quien dirigió los designios de la Asociación hasta el mes de diciembre de 1981. Fruto de su labor, en estrecha colaboración con la Dirección General de lo Contencioso del Estado, fue la brillante celebración del centenario del Cuerpo de Abogados del Estado con diferentes actos académicos y de confraternidad llevados a cabo en Madrid y en Toledo. Conocidos, aunque no coronados por el éxito, fueron sus esfuerzos para resolver el tema de la remuneración de los Abogados del Estado, cuestión a la que aún hoy no se ha dado una solución suficientemente satisfactoria.

A Paco Galván le sustituyó en la Presidencia de la Asociación Luis Argüello Bermúdez que se mantuvo en ella hasta el 27 de noviembre de 1987. No fueron años fáciles para la Asociación pues en ellos se hubo de luchar para mantener la identidad del Cuerpo y demostrar su competencia para el desarrollo de sus exclusivas funciones a pesar de haber sido integrado con otros Cuerpos jurídicos y de la supresión de nuestra tradicional e histórica denominación de Abogados del Estado, que más tarde se recuperaría gracias a los esfuerzos conjuntos de la Dirección General de lo Contencioso -ya del Servicio Jurídico del Estado- y de la Asociación.

En la misma etapa a que nos venimos refiriendo la Asociación de Abogados del Estado entró a formar parte de FEDECA “Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado”, que se compone en la actualidad de 27 asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración.

Tras él, asumieron la Presidencia de la Asociación Javier Borrego Borrego, José Javier Abad-Pérez y Belenguer, José Luis Fuertes Suárez y José Antonio Morillo-Velarde del Peso. Bajo la presidencia de este último se celebró el Congreso de la Abogacía del Estado (curiosamente, en la sede de la SEPI, heredera del INI, donde se celebró la primera Asamblea General). También se promulgó la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, elevando el rango de la norma reguladora de las especialidades procesales propias de la Administración del Estado y permitiendo el ejercicio de las funciones jurídicas por la Abogacía del Estado para con los entes públicos que conforman la Administración Institucional y de las Sociedades Estatales, por medio de convenio de asistencia jurídica.

Últimamente, participó en las reformas reglamentarias que llevaron consigo la elevación del rango y cambio de denominación del Centro Directivo (Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, cuyo titular tiene rango asimilado al de Subsecretario) y la aprobación del nuevo Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, donde se establece la condición de que el Abogado General ostente la condición de Abogado del Estado.

El Cuerpo de Abogados del Estado ha ido demostrando a los sucesivos Gobiernos que constituye para éstos una garantía y un instrumento indispensable en el marco de un Estado de Derecho y esta demostración ha traído consigo un cambio notable en la actitud de los gobernantes para con dicho Cuerpo.

Pese a las referidas dificultades la Asociación ha cumplido y sigue cumpliendo con su cometido de mantener la cohesión entre los Abogados del Estado y defender los intereses colectivos de éstos, demostrando que, en todo momento, sus miembros son servidores del Estado y defienden, mejor que cualquier otro Cuerpo, los intereses generales.

Catalina Miñarro Brugarolas ha sido la primera mujer que ha desempeñado el cometido de la Presidencia de la Asociación, en cuyo mandato vió la luz esta página web así como la revista de la Asociación.

En diciembre de 2006 ha sido elegido Presidente de la Asociación José Ignacio Monedero Montero de Espinosa. José Ignacio Monedero se incorporó el 1 de enero de 2008 a un despacho de abogados pasando a la situación de excedencia voluntaria por interés particular, convocando elecciones a Presidente, a pesar de que el cambio de situación administrativa no es causa estatutaria de remoción.

Dichas elecciones se celebraron el día 7 de marzo de 2008, resultando nuevo Presidente de la Asociación Edmundo Bal Francés.

El 11 de marzo de 2016 fue elegido Presidente Fernando Bertrán Girón, quien desempeña actualmente este cargo.