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Estamos asistiendo en los últimos tiempos a una masiva aparición de la Abogacía del Estado en los medios de comunicación. A veces, para mal; a veces, para bien. En este mismo número de la Revista se habla de algún caso muy significativo.

 

Lo cierto es que vivimos en el mundo de la comunicación, de los medios y de la opinión pública. Y resulta imposible sustraerse del eco mediático teniendo en cuenta los asuntos de interés público en los que participamos con mayor o menor protagonismo.

 

Dentro del Cuerpo hay que quien añora épocas pasadas cuando nadie se fijaba en nosotros. Pero nuestra imagen, nuestro significado en la sociedad española, no nos es disponible, no depende de nuestra voluntad, sino de la de otros, de profesionales de la comunicación que deciden, sin pedir permiso, lo que cuentan y lo que no y cómo lo cuentan. Resulta francamente inconcebible que nuestro papel en tantas causas penales o frente al problema del independentismo catalán no sea publicado cuando el Gobierno le dice a los españoles que el asunto está “en manos de la Abogacía del Estado”. Lo que, por cierto, es garantía de solvencia en la adopción de soluciones.

 

Esconder la cabeza debajo del ala o la cabeza en un hoyo en la tierra como el avestruz no es una solución sensata a esta situación. Reconociendo que desde luego ésta es muchas veces muy incómoda.

 

A la par, los asuntos que gestionamos exigen discreción máxima. Es obligación del funcionario guardar reserva sobre los asuntos que se gestionan. Claro que la Ley también ordena a autoridades, funcionarios y profesionales de la Justicia el secreto de los sumarios bajo sanción penal y nada más que leer lo anterior es imposible no sonreír. Resulta llamativo que nadie haya sido condenado por revelar el secreto de un sumario, pero es así. El delito de descubrimiento y revelación de secretos sobre esta cuestión concreta ha sido derogado por desuetudo.

 

Además, no nos sentimos cómodos en este mundo, ante los focos, porque no es propio de nuestra condición de abogados y de la forma en la que desarrollamos nuestra profesión, de manera tranquila, silenciosa y responsable, adoptando los políticos y los gestores las decisiones y poniéndose ellos ante las cámaras. No se interviene en un pleito ni se hace un informe en un plató de televisión…

 

Cuando estás en determinados puestos, se hace inevitable el contacto con los profesionales de los medios, que te están esperando a la salida de unas declaraciones y te ruegan que compartas con ellos algo que nunca puedes decirles. Al final terminan conociendo por los abogados de la otra parte su interpretación de los hechos y lógicamente no tienen mayor interés en juzgarnos con equidad.

 

Parece indispensable que este problema se aborde por la Dirección con criterios actuales. Resulta impensable que podamos volver a realizar nuestra profesión ajenos a la publicidad. Este mismo Gobierno ha publicado leyes de transparencia que se fundan en el principio de que “el pueblo tiene derecho a saber”. ¿Estamos preparados para ello? No, no lo estamos. Es imprescindible que este despacho público de abogados considere seriamente ponerse en manos de profesionales de la comunicación que consigan que el nombre del compañero no salga a la luz pública y que pueda transmitir mensajes institucionales al margen de la actuación de este o aquel Abogado del Estado. Si no, muchos de nosotros que jugamos el partido en primera línea seguiremos en la más absoluta indefensión frente a la opinión pública, carecemos por completo de voz. Y hoy no hay nada peor.

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Viene del recuerdo la letra de la vieja canción de Bob Dylan, escrita en 1962, en la que reclamaba a senadores y congresistas que no se quedaran en la puerta, que no bloquearan el paso a los nuevos tiempos, en un tono desafiante muy propio de aquélla época de protestas y defensa de los derechos civiles.

 

Nuestros medios de comunicación en este año eterno de elecciones van proclamando también consignas de cambio: nuevos partidos emergentes con líderes que nunca han participado activamente en la política con sus nuevos lemas que quizás incluso representen nuevas ideas, con imposiciones a los dos partidos tradicionales para permitirles gobernar en el mapa autonómico y local y no se sabe muy bien si gobernar ellos también.

 

Un nuevo tiempo dicen los afortunados que poseen el don de la predicción. Desde luego, una nueva forma de hacer política que impondrá mayor diálogo y la necesidad de gobernar con acuerdos entre distintos partidos y líderes.

 

¿Miedo al desgobierno?

 

No. Por fortuna, España cuenta con una Administración Pública de calidad, fuertemente profesionalizada gracias a sus rigurosos sistemas de selección y provisión de puestos de trabajo que permite a los empleados públicos realizar un trabajo fundado en criterios estrictamente técnicos en todas la áreas del conocimiento, sin presiones guiadas por objetivos políticos al margen del interés general.

 

Quizás vengan nuevos tiempos de verdad; quizás cambiaremos sólo en apariencia para volver a reinventar lo mismo que tenemos. En todo caso, la Administración Pública seguirá garantizando los servicios públicos esenciales, el control en la gestión de los caudales públicos y en la toma de decisiones por las autoridades, el cumplimiento solidario de sus obligaciones por parte de los ciudadanos, en suma, la realización del bien común.

 

¡Pero que no tarden en alcanzar acuerdos!

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La fotografía que acompaña a estas líneas recoge el momento en el que, quien por entonces era S.A.R. el Príncipe de Asturias, recibió en audiencia a tres promociones del Cuerpo de Abogados del Estado: 2008, 2009 y 2011, acompañadas del Sr. Ministro de Justicia y la Abogada General del Estado.

La instantánea tiene, para los compañeros que participaron en ese acto, la misma significación que otras fotografías tomadas en años anteriores con ocasión de la tradicional recepción en el Palacio de La Zarzuela de las promociones recientemente incorporadas al Cuerpo de Abogados del Estado: el momento festivo propio de la alegría de haber aprobado la oposición junto con el honor enorme de ser reconocido por la más alta Magistratura del Estado como integrante de un colectivo con inquebrantable vocación de servicio a España.

Hoy recobramos esta fotografía por la importancia adicional de su actualidad. La audiencia fue presidida por S.A.R. el Príncipe de Asturias sustituyendo por primera vez a S.M. El Rey Don Juan Carlos I, a quien un accidente que le obligó a faltar de esta tradicional deferencia y distinción para con el Cuerpo de Abogados del Estado. Tan excepcional fue que todos los medios de comunicación social dieron cuenta de este acto.

Representa, vista desde hoy, el arranque de un proceso de cambio al frente de la Jefatura del Estado, y es un honor para el Cuerpo de Abogados del Estado en general y para los integrantes de estas tres promociones en particular haber sido distinguidos por quien hoy es S. M. El Rey Felipe VI. También porque el Jefe de su Casa sea nuestro compañero Jaime Alfonsín Alfonso.

Desde esta Asociación deseamos a S.M. El Rey Don Felipe VI el mayor de los aciertos en la tarea que afronta y que le ha correspondido iniciar en una época tan necesitada del ejercicio de las funciones que constitucionalmente tiene encomendadas.

Los Abogados del Estado lo son dentro de España de la Administración del Estado, pero fuera lo son del Reino, del Estado en su conjunto como única persona jurídica de Derecho Internacional. Y Su Majestad el símbolo de la unidad y la permanencia de esta antigua pero vital nación.

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El mes de diciembre pasado concluyó el proceso selectivo para la incorporación de dieciséis nuevos compañeros que conforman la promoción de 2013. Esta promoción bien podría recibir el sobrenombre de la “Deseada”,  porque su incorporación era esperada con ansia por el resto de los compañeros que están en servicio activo ante la sobrecarga de trabajo que pesa sobre las unidades. Son ya varias las Promociones que tardan dos años en alumbrarse (2009, 2011 y 2013). Junto con este espaciamiento temporal de cada nueva promoción, se observa que se ha ido reduciendo de forma llamativa el número de plazas convocadas en cada uno de los años. Las restricciones impuestas por la crisis económica así lo han exigido.

Sin embargo, entendemos que precisamente las mismas razones que aconsejan restringir el gasto y, consecuentemente, la oferta de empleo público, deberían llevarnos a una solución completamente distinta: incrementar la oferta de empleo público precisamente para cubrir aquellos puestos de trabajo que o bien permiten reducir o controlar mejor el gasto público, o bien permiten lograr ingresos públicos. Es viejo el dicho popular que recuerda que es mejor perder una peseta para ganar un duro.

Si se atiende al gasto público que supone un Abogado del Estado (idéntico razonamiento cabría hacer para otros funcionarios como Inspectores de Hacienda, Interventores del Estado, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social u otros), fácilmente se advierte que éste queda más que suficientemente cubierto con una parte pequeña de su trabajo. Por poner algunos ejemplos, resulta que un delito contra la Hacienda Pública adecuadamente defendido supone al menos 120.000 euros de cuota recuperada, más sus intereses de demora, la multa al menos del tanto defraudado, y las costas devengadas a favor del Tesoro Público. Un solo procedimiento, entre los miles que penden, sería “la peseta a perder”  (ese procedimiento cubriría el solo el salario de varios compañeros –o el del compañero y el Inspector de Hacienda actuario– y alguno otro en concreto el de todo el Cuerpo en un año), siendo el resto de los procedimientos ingreso neto para el Estado –“el duro a ganar”–.  El ejemplo del delito contra la Hacienda Pública es bueno porque tiene un umbral delictivo que facilita identificar de manera estándar el ingreso que se persigue,  pero lo mismo sucede con el resto de procedimientos en que intervienen los Abogados del Estado en defensa de los intereses económicos públicos (sin referirnos a otros procedimientos donde están en juego otro tipo de intereses no económicos, muy relevantes). En esta situación de crisis económica entendemos que es precisamente ahora cuando es más necesario hacer el gasto público en aquel personal cuyo trabajo, en términos netos, facilitará la tan necesaria consolidación fiscal.

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El Consejo de Ministros creó en su día la llamada CORA para, en un breve plazo, tras recabar información de las Administraciones Públicas y de sus Departamentos, Consejerías, Plenos, Comisiones, órganos, Organismos y demás infinitas entidades que habitan el universo del  sector público, después de estudiar los datos y generar ideas reformadoras, emitir un informe sobre los defectos, errores, aciertos y soluciones que gravitan sobre la Administración Pública en su conjunto. Para ello se ha contado con la participación de diversos agentes sociales –entre los que se encuentra FEDECA– y sólo a través de la participación ciudadana se han recibido más de 2.000 sugerencias.

El resultado es un voluminoso informe de 250 páginas, presentado el 21 de junio de 2013 y publicado en la web de Moncloa, donde, aparte de la proposición de medidas de carácter general, se articulan las más específicas relativas a cada una de las cuatro subcomisiones en las que se dividió la CORA: Duplicidades Administrativas, Simplificación Administrativa, Gestión de Servicios y Medios Comunes y Administración Institucional. En total, 217 medidas.

Llama la atención, en primer lugar, la buena acogida de las medidas reformadoras, tanto en los medios de comunicación como incluso en los grupos políticos de oposición; cosa lamentablemente infrecuente en nuestro país, incapaz de alabar lo bueno que haga aquel a quien se considera enemigo.

Y es que la lectura del diagnóstico y de los remedios a aplicar a nuestra Administración parece, en general, salvo discrepancias concretas, plenas de sentido común. Entonces, ¿cómo es que hasta ahora se han permitido, sin poner freno ni remedio, situaciones y hechos como los que se describen en el informe, y que en algunos casos  no cabe sino tildar de espeluznantes?, ¿es que en España tiene que haber una situación crítica como la que venimos padeciendo para que nuestros gobernantes hagan sus deberes? Desde luego este informe evoca hacia el pasado malísimas decisiones de gobierno, peores prácticas de gestión, desidias, inercias y errores, incluso corrupciones y corruptelas, que caerán en el olvido de la irresponsabilidad personal pero que deberían, a todos los que nos ocupamos de la res publica, grabarnos a fuego  que a la Administración Pública hay que cuidarla y no abandonarla a la deriva, para cuando la crisis pase.

Una vez emitido el informe viene lo más difícil: ahora hay que ejecutarlo con decisión, superando cuantos obstáculos se presenten, con pleno respeto a los derechos de los abnegados servidores públicos y de los ciudadanos.

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Número 42
Sobre la exposición a los medios de comunicación

Estamos asistiendo en los últimos tiempos a una masiva aparición de la Abogacía del Estado…

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Estamos asistiendo en los últimos tiempos a una masiva aparición de la Abogacía del Estado en los medios de comunicación. A veces, para mal; a veces, para bien. En este mismo número de la Revista se habla de algún caso muy significativo.

 

Lo cierto es que vivimos en el mundo de la comunicación, de los medios y de la opinión pública. Y resulta imposible sustraerse del eco mediático teniendo en cuenta los asuntos de interés público en los que participamos con mayor o menor protagonismo.

 

Dentro del Cuerpo hay que quien añora épocas pasadas cuando nadie se fijaba en nosotros. Pero nuestra imagen, nuestro significado en la sociedad española, no nos es disponible, no depende de nuestra voluntad, sino de la de otros, de profesionales de la comunicación que deciden, sin pedir permiso, lo que cuentan y lo que no y cómo lo cuentan. Resulta francamente inconcebible que nuestro papel en tantas causas penales o frente al problema del independentismo catalán no sea publicado cuando el Gobierno le dice a los españoles que el asunto está “en manos de la Abogacía del Estado”. Lo que, por cierto, es garantía de solvencia en la adopción de soluciones.

 

Esconder la cabeza debajo del ala o la cabeza en un hoyo en la tierra como el avestruz no es una solución sensata a esta situación. Reconociendo que desde luego ésta es muchas veces muy incómoda.

 

A la par, los asuntos que gestionamos exigen discreción máxima. Es obligación del funcionario guardar reserva sobre los asuntos que se gestionan. Claro que la Ley también ordena a autoridades, funcionarios y profesionales de la Justicia el secreto de los sumarios bajo sanción penal y nada más que leer lo anterior es imposible no sonreír. Resulta llamativo que nadie haya sido condenado por revelar el secreto de un sumario, pero es así. El delito de descubrimiento y revelación de secretos sobre esta cuestión concreta ha sido derogado por desuetudo.

 

Además, no nos sentimos cómodos en este mundo, ante los focos, porque no es propio de nuestra condición de abogados y de la forma en la que desarrollamos nuestra profesión, de manera tranquila, silenciosa y responsable, adoptando los políticos y los gestores las decisiones y poniéndose ellos ante las cámaras. No se interviene en un pleito ni se hace un informe en un plató de televisión…

 

Cuando estás en determinados puestos, se hace inevitable el contacto con los profesionales de los medios, que te están esperando a la salida de unas declaraciones y te ruegan que compartas con ellos algo que nunca puedes decirles. Al final terminan conociendo por los abogados de la otra parte su interpretación de los hechos y lógicamente no tienen mayor interés en juzgarnos con equidad.

 

Parece indispensable que este problema se aborde por la Dirección con criterios actuales. Resulta impensable que podamos volver a realizar nuestra profesión ajenos a la publicidad. Este mismo Gobierno ha publicado leyes de transparencia que se fundan en el principio de que “el pueblo tiene derecho a saber”. ¿Estamos preparados para ello? No, no lo estamos. Es imprescindible que este despacho público de abogados considere seriamente ponerse en manos de profesionales de la comunicación que consigan que el nombre del compañero no salga a la luz pública y que pueda transmitir mensajes institucionales al margen de la actuación de este o aquel Abogado del Estado. Si no, muchos de nosotros que jugamos el partido en primera línea seguiremos en la más absoluta indefensión frente a la opinión pública, carecemos por completo de voz. Y hoy no hay nada peor.

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Nuestros medios de comunicación en este año eterno de elecciones van proclamando también consignas de cambio: nuevos partidos emergentes con líderes que nunca han participado activamente en la política con sus nuevos lemas que quizás incluso representen nuevas ideas, con imposiciones a los dos partidos tradicionales para permitirles gobernar en el mapa autonómico y local y no se sabe muy bien si gobernar ellos también.

 

Un nuevo tiempo dicen los afortunados que poseen el don de la predicción. Desde luego, una nueva forma de hacer política que impondrá mayor diálogo y la necesidad de gobernar con acuerdos entre distintos partidos y líderes.

 

¿Miedo al desgobierno?

 

No. Por fortuna, España cuenta con una Administración Pública de calidad, fuertemente profesionalizada gracias a sus rigurosos sistemas de selección y provisión de puestos de trabajo que permite a los empleados públicos realizar un trabajo fundado en criterios estrictamente técnicos en todas la áreas del conocimiento, sin presiones guiadas por objetivos políticos al margen del interés general.

 

Quizás vengan nuevos tiempos de verdad; quizás cambiaremos sólo en apariencia para volver a reinventar lo mismo que tenemos. En todo caso, la Administración Pública seguirá garantizando los servicios públicos esenciales, el control en la gestión de los caudales públicos y en la toma de decisiones por las autoridades, el cumplimiento solidario de sus obligaciones por parte de los ciudadanos, en suma, la realización del bien común.

 

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Número 41
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Dentro del Cuerpo hay que quien añora épocas pasadas cuando nadie se fijaba en nosotros. Pero nuestra imagen, nuestro significado en la sociedad española, no nos es disponible, no depende de nuestra voluntad, sino de la de otros, de profesionales de la comunicación que deciden, sin pedir permiso, lo que cuentan y lo que no y cómo lo cuentan. Resulta francamente inconcebible que nuestro papel en tantas causas penales o frente al problema del independentismo catalán no sea publicado cuando el Gobierno le dice a los españoles que el asunto está “en manos de la Abogacía del Estado”. Lo que, por cierto, es garantía de solvencia en la adopción de soluciones.

 

Esconder la cabeza debajo del ala o la cabeza en un hoyo en la tierra como el avestruz no es una solución sensata a esta situación. Reconociendo que desde luego ésta es muchas veces muy incómoda.

 

A la par, los asuntos que gestionamos exigen discreción máxima. Es obligación del funcionario guardar reserva sobre los asuntos que se gestionan. Claro que la Ley también ordena a autoridades, funcionarios y profesionales de la Justicia el secreto de los sumarios bajo sanción penal y nada más que leer lo anterior es imposible no sonreír. Resulta llamativo que nadie haya sido condenado por revelar el secreto de un sumario, pero es así. El delito de descubrimiento y revelación de secretos sobre esta cuestión concreta ha sido derogado por desuetudo.

 

Además, no nos sentimos cómodos en este mundo, ante los focos, porque no es propio de nuestra condición de abogados y de la forma en la que desarrollamos nuestra profesión, de manera tranquila, silenciosa y responsable, adoptando los políticos y los gestores las decisiones y poniéndose ellos ante las cámaras. No se interviene en un pleito ni se hace un informe en un plató de televisión…

 

Cuando estás en determinados puestos, se hace inevitable el contacto con los profesionales de los medios, que te están esperando a la salida de unas declaraciones y te ruegan que compartas con ellos algo que nunca puedes decirles. Al final terminan conociendo por los abogados de la otra parte su interpretación de los hechos y lógicamente no tienen mayor interés en juzgarnos con equidad.

 

Parece indispensable que este problema se aborde por la Dirección con criterios actuales. Resulta impensable que podamos volver a realizar nuestra profesión ajenos a la publicidad. Este mismo Gobierno ha publicado leyes de transparencia que se fundan en el principio de que “el pueblo tiene derecho a saber”. ¿Estamos preparados para ello? No, no lo estamos. Es imprescindible que este despacho público de abogados considere seriamente ponerse en manos de profesionales de la comunicación que consigan que el nombre del compañero no salga a la luz pública y que pueda transmitir mensajes institucionales al margen de la actuación de este o aquel Abogado del Estado. Si no, muchos de nosotros que jugamos el partido en primera línea seguiremos en la más absoluta indefensión frente a la opinión pública, carecemos por completo de voz. Y hoy no hay nada peor.

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Nuestros medios de comunicación en este año eterno de elecciones van proclamando también consignas de cambio: nuevos partidos emergentes con líderes que nunca han participado activamente en la política con sus nuevos lemas que quizás incluso representen nuevas ideas, con imposiciones a los dos partidos tradicionales para permitirles gobernar en el mapa autonómico y local y no se sabe muy bien si gobernar ellos también.

 

Un nuevo tiempo dicen los afortunados que poseen el don de la predicción. Desde luego, una nueva forma de hacer política que impondrá mayor diálogo y la necesidad de gobernar con acuerdos entre distintos partidos y líderes.

 

¿Miedo al desgobierno?

 

No. Por fortuna, España cuenta con una Administración Pública de calidad, fuertemente profesionalizada gracias a sus rigurosos sistemas de selección y provisión de puestos de trabajo que permite a los empleados públicos realizar un trabajo fundado en criterios estrictamente técnicos en todas la áreas del conocimiento, sin presiones guiadas por objetivos políticos al margen del interés general.

 

Quizás vengan nuevos tiempos de verdad; quizás cambiaremos sólo en apariencia para volver a reinventar lo mismo que tenemos. En todo caso, la Administración Pública seguirá garantizando los servicios públicos esenciales, el control en la gestión de los caudales públicos y en la toma de decisiones por las autoridades, el cumplimiento solidario de sus obligaciones por parte de los ciudadanos, en suma, la realización del bien común.

 

¡Pero que no tarden en alcanzar acuerdos!

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La instantánea tiene, para los compañeros que participaron en ese acto, la misma significación que otras fotografías tomadas en años anteriores con ocasión de la tradicional recepción en el Palacio de La Zarzuela de las promociones recientemente incorporadas al Cuerpo de Abogados del Estado: el momento festivo propio de la alegría de haber aprobado la oposición junto con el honor enorme de ser reconocido por la más alta Magistratura del Estado como integrante de un colectivo con inquebrantable vocación de servicio a España.

Hoy recobramos esta fotografía por la importancia adicional de su actualidad. La audiencia fue presidida por S.A.R. el Príncipe de Asturias sustituyendo por primera vez a S.M. El Rey Don Juan Carlos I, a quien un accidente que le obligó a faltar de esta tradicional deferencia y distinción para con el Cuerpo de Abogados del Estado. Tan excepcional fue que todos los medios de comunicación social dieron cuenta de este acto.

Representa, vista desde hoy, el arranque de un proceso de cambio al frente de la Jefatura del Estado, y es un honor para el Cuerpo de Abogados del Estado en general y para los integrantes de estas tres promociones en particular haber sido distinguidos por quien hoy es S. M. El Rey Felipe VI. También porque el Jefe de su Casa sea nuestro compañero Jaime Alfonsín Alfonso.

Desde esta Asociación deseamos a S.M. El Rey Don Felipe VI el mayor de los aciertos en la tarea que afronta y que le ha correspondido iniciar en una época tan necesitada del ejercicio de las funciones que constitucionalmente tiene encomendadas.

Los Abogados del Estado lo son dentro de España de la Administración del Estado, pero fuera lo son del Reino, del Estado en su conjunto como única persona jurídica de Derecho Internacional. Y Su Majestad el símbolo de la unidad y la permanencia de esta antigua pero vital nación.

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Sin embargo, entendemos que precisamente las mismas razones que aconsejan restringir el gasto y, consecuentemente, la oferta de empleo público, deberían llevarnos a una solución completamente distinta: incrementar la oferta de empleo público precisamente para cubrir aquellos puestos de trabajo que o bien permiten reducir o controlar mejor el gasto público, o bien permiten lograr ingresos públicos. Es viejo el dicho popular que recuerda que es mejor perder una peseta para ganar un duro.

Si se atiende al gasto público que supone un Abogado del Estado (idéntico razonamiento cabría hacer para otros funcionarios como Inspectores de Hacienda, Interventores del Estado, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social u otros), fácilmente se advierte que éste queda más que suficientemente cubierto con una parte pequeña de su trabajo. Por poner algunos ejemplos, resulta que un delito contra la Hacienda Pública adecuadamente defendido supone al menos 120.000 euros de cuota recuperada, más sus intereses de demora, la multa al menos del tanto defraudado, y las costas devengadas a favor del Tesoro Público. Un solo procedimiento, entre los miles que penden, sería “la peseta a perder”  (ese procedimiento cubriría el solo el salario de varios compañeros –o el del compañero y el Inspector de Hacienda actuario– y alguno otro en concreto el de todo el Cuerpo en un año), siendo el resto de los procedimientos ingreso neto para el Estado –“el duro a ganar”–.  El ejemplo del delito contra la Hacienda Pública es bueno porque tiene un umbral delictivo que facilita identificar de manera estándar el ingreso que se persigue,  pero lo mismo sucede con el resto de procedimientos en que intervienen los Abogados del Estado en defensa de los intereses económicos públicos (sin referirnos a otros procedimientos donde están en juego otro tipo de intereses no económicos, muy relevantes). En esta situación de crisis económica entendemos que es precisamente ahora cuando es más necesario hacer el gasto público en aquel personal cuyo trabajo, en términos netos, facilitará la tan necesaria consolidación fiscal.

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El resultado es un voluminoso informe de 250 páginas, presentado el 21 de junio de 2013 y publicado en la web de Moncloa, donde, aparte de la proposición de medidas de carácter general, se articulan las más específicas relativas a cada una de las cuatro subcomisiones en las que se dividió la CORA: Duplicidades Administrativas, Simplificación Administrativa, Gestión de Servicios y Medios Comunes y Administración Institucional. En total, 217 medidas.

Llama la atención, en primer lugar, la buena acogida de las medidas reformadoras, tanto en los medios de comunicación como incluso en los grupos políticos de oposición; cosa lamentablemente infrecuente en nuestro país, incapaz de alabar lo bueno que haga aquel a quien se considera enemigo.

Y es que la lectura del diagnóstico y de los remedios a aplicar a nuestra Administración parece, en general, salvo discrepancias concretas, plenas de sentido común. Entonces, ¿cómo es que hasta ahora se han permitido, sin poner freno ni remedio, situaciones y hechos como los que se describen en el informe, y que en algunos casos  no cabe sino tildar de espeluznantes?, ¿es que en España tiene que haber una situación crítica como la que venimos padeciendo para que nuestros gobernantes hagan sus deberes? Desde luego este informe evoca hacia el pasado malísimas decisiones de gobierno, peores prácticas de gestión, desidias, inercias y errores, incluso corrupciones y corruptelas, que caerán en el olvido de la irresponsabilidad personal pero que deberían, a todos los que nos ocupamos de la res publica, grabarnos a fuego  que a la Administración Pública hay que cuidarla y no abandonarla a la deriva, para cuando la crisis pase.

Una vez emitido el informe viene lo más difícil: ahora hay que ejecutarlo con decisión, superando cuantos obstáculos se presenten, con pleno respeto a los derechos de los abnegados servidores públicos y de los ciudadanos.

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Número 40
Felipe VI

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Estamos asistiendo en los últimos tiempos a una masiva aparición de la Abogacía del Estado en los medios de comunicación. A veces, para mal; a veces, para bien. En este mismo número de la Revista se habla de algún caso muy significativo.

 

Lo cierto es que vivimos en el mundo de la comunicación, de los medios y de la opinión pública. Y resulta imposible sustraerse del eco mediático teniendo en cuenta los asuntos de interés público en los que participamos con mayor o menor protagonismo.

 

Dentro del Cuerpo hay que quien añora épocas pasadas cuando nadie se fijaba en nosotros. Pero nuestra imagen, nuestro significado en la sociedad española, no nos es disponible, no depende de nuestra voluntad, sino de la de otros, de profesionales de la comunicación que deciden, sin pedir permiso, lo que cuentan y lo que no y cómo lo cuentan. Resulta francamente inconcebible que nuestro papel en tantas causas penales o frente al problema del independentismo catalán no sea publicado cuando el Gobierno le dice a los españoles que el asunto está “en manos de la Abogacía del Estado”. Lo que, por cierto, es garantía de solvencia en la adopción de soluciones.

 

Esconder la cabeza debajo del ala o la cabeza en un hoyo en la tierra como el avestruz no es una solución sensata a esta situación. Reconociendo que desde luego ésta es muchas veces muy incómoda.

 

A la par, los asuntos que gestionamos exigen discreción máxima. Es obligación del funcionario guardar reserva sobre los asuntos que se gestionan. Claro que la Ley también ordena a autoridades, funcionarios y profesionales de la Justicia el secreto de los sumarios bajo sanción penal y nada más que leer lo anterior es imposible no sonreír. Resulta llamativo que nadie haya sido condenado por revelar el secreto de un sumario, pero es así. El delito de descubrimiento y revelación de secretos sobre esta cuestión concreta ha sido derogado por desuetudo.

 

Además, no nos sentimos cómodos en este mundo, ante los focos, porque no es propio de nuestra condición de abogados y de la forma en la que desarrollamos nuestra profesión, de manera tranquila, silenciosa y responsable, adoptando los políticos y los gestores las decisiones y poniéndose ellos ante las cámaras. No se interviene en un pleito ni se hace un informe en un plató de televisión…

 

Cuando estás en determinados puestos, se hace inevitable el contacto con los profesionales de los medios, que te están esperando a la salida de unas declaraciones y te ruegan que compartas con ellos algo que nunca puedes decirles. Al final terminan conociendo por los abogados de la otra parte su interpretación de los hechos y lógicamente no tienen mayor interés en juzgarnos con equidad.

 

Parece indispensable que este problema se aborde por la Dirección con criterios actuales. Resulta impensable que podamos volver a realizar nuestra profesión ajenos a la publicidad. Este mismo Gobierno ha publicado leyes de transparencia que se fundan en el principio de que “el pueblo tiene derecho a saber”. ¿Estamos preparados para ello? No, no lo estamos. Es imprescindible que este despacho público de abogados considere seriamente ponerse en manos de profesionales de la comunicación que consigan que el nombre del compañero no salga a la luz pública y que pueda transmitir mensajes institucionales al margen de la actuación de este o aquel Abogado del Estado. Si no, muchos de nosotros que jugamos el partido en primera línea seguiremos en la más absoluta indefensión frente a la opinión pública, carecemos por completo de voz. Y hoy no hay nada peor.

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Nuestros medios de comunicación en este año eterno de elecciones van proclamando también consignas de cambio: nuevos partidos emergentes con líderes que nunca han participado activamente en la política con sus nuevos lemas que quizás incluso representen nuevas ideas, con imposiciones a los dos partidos tradicionales para permitirles gobernar en el mapa autonómico y local y no se sabe muy bien si gobernar ellos también.

 

Un nuevo tiempo dicen los afortunados que poseen el don de la predicción. Desde luego, una nueva forma de hacer política que impondrá mayor diálogo y la necesidad de gobernar con acuerdos entre distintos partidos y líderes.

 

¿Miedo al desgobierno?

 

No. Por fortuna, España cuenta con una Administración Pública de calidad, fuertemente profesionalizada gracias a sus rigurosos sistemas de selección y provisión de puestos de trabajo que permite a los empleados públicos realizar un trabajo fundado en criterios estrictamente técnicos en todas la áreas del conocimiento, sin presiones guiadas por objetivos políticos al margen del interés general.

 

Quizás vengan nuevos tiempos de verdad; quizás cambiaremos sólo en apariencia para volver a reinventar lo mismo que tenemos. En todo caso, la Administración Pública seguirá garantizando los servicios públicos esenciales, el control en la gestión de los caudales públicos y en la toma de decisiones por las autoridades, el cumplimiento solidario de sus obligaciones por parte de los ciudadanos, en suma, la realización del bien común.

 

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Representa, vista desde hoy, el arranque de un proceso de cambio al frente de la Jefatura del Estado, y es un honor para el Cuerpo de Abogados del Estado en general y para los integrantes de estas tres promociones en particular haber sido distinguidos por quien hoy es S. M. El Rey Felipe VI. También porque el Jefe de su Casa sea nuestro compañero Jaime Alfonsín Alfonso.

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Además, no nos sentimos cómodos en este mundo, ante los focos, porque no es propio de nuestra condición de abogados y de la forma en la que desarrollamos nuestra profesión, de manera tranquila, silenciosa y responsable, adoptando los políticos y los gestores las decisiones y poniéndose ellos ante las cámaras. No se interviene en un pleito ni se hace un informe en un plató de televisión…

 

Cuando estás en determinados puestos, se hace inevitable el contacto con los profesionales de los medios, que te están esperando a la salida de unas declaraciones y te ruegan que compartas con ellos algo que nunca puedes decirles. Al final terminan conociendo por los abogados de la otra parte su interpretación de los hechos y lógicamente no tienen mayor interés en juzgarnos con equidad.

 

Parece indispensable que este problema se aborde por la Dirección con criterios actuales. Resulta impensable que podamos volver a realizar nuestra profesión ajenos a la publicidad. Este mismo Gobierno ha publicado leyes de transparencia que se fundan en el principio de que “el pueblo tiene derecho a saber”. ¿Estamos preparados para ello? No, no lo estamos. Es imprescindible que este despacho público de abogados considere seriamente ponerse en manos de profesionales de la comunicación que consigan que el nombre del compañero no salga a la luz pública y que pueda transmitir mensajes institucionales al margen de la actuación de este o aquel Abogado del Estado. Si no, muchos de nosotros que jugamos el partido en primera línea seguiremos en la más absoluta indefensión frente a la opinión pública, carecemos por completo de voz. Y hoy no hay nada peor.

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Viene del recuerdo la letra de la vieja canción de Bob Dylan, escrita en 1962, en la que reclamaba a senadores y congresistas que no se quedaran en la puerta, que no bloquearan el paso a los nuevos tiempos, en un tono desafiante muy propio de aquélla época de protestas y defensa de los derechos civiles.

 

Nuestros medios de comunicación en este año eterno de elecciones van proclamando también consignas de cambio: nuevos partidos emergentes con líderes que nunca han participado activamente en la política con sus nuevos lemas que quizás incluso representen nuevas ideas, con imposiciones a los dos partidos tradicionales para permitirles gobernar en el mapa autonómico y local y no se sabe muy bien si gobernar ellos también.

 

Un nuevo tiempo dicen los afortunados que poseen el don de la predicción. Desde luego, una nueva forma de hacer política que impondrá mayor diálogo y la necesidad de gobernar con acuerdos entre distintos partidos y líderes.

 

¿Miedo al desgobierno?

 

No. Por fortuna, España cuenta con una Administración Pública de calidad, fuertemente profesionalizada gracias a sus rigurosos sistemas de selección y provisión de puestos de trabajo que permite a los empleados públicos realizar un trabajo fundado en criterios estrictamente técnicos en todas la áreas del conocimiento, sin presiones guiadas por objetivos políticos al margen del interés general.

 

Quizás vengan nuevos tiempos de verdad; quizás cambiaremos sólo en apariencia para volver a reinventar lo mismo que tenemos. En todo caso, la Administración Pública seguirá garantizando los servicios públicos esenciales, el control en la gestión de los caudales públicos y en la toma de decisiones por las autoridades, el cumplimiento solidario de sus obligaciones por parte de los ciudadanos, en suma, la realización del bien común.

 

¡Pero que no tarden en alcanzar acuerdos!

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La fotografía que acompaña a estas líneas recoge el momento en el que, quien por entonces era S.A.R. el Príncipe de Asturias, recibió en audiencia a tres promociones del Cuerpo de Abogados del Estado: 2008, 2009 y 2011, acompañadas del Sr. Ministro de Justicia y la Abogada General del Estado.

La instantánea tiene, para los compañeros que participaron en ese acto, la misma significación que otras fotografías tomadas en años anteriores con ocasión de la tradicional recepción en el Palacio de La Zarzuela de las promociones recientemente incorporadas al Cuerpo de Abogados del Estado: el momento festivo propio de la alegría de haber aprobado la oposición junto con el honor enorme de ser reconocido por la más alta Magistratura del Estado como integrante de un colectivo con inquebrantable vocación de servicio a España.

Hoy recobramos esta fotografía por la importancia adicional de su actualidad. La audiencia fue presidida por S.A.R. el Príncipe de Asturias sustituyendo por primera vez a S.M. El Rey Don Juan Carlos I, a quien un accidente que le obligó a faltar de esta tradicional deferencia y distinción para con el Cuerpo de Abogados del Estado. Tan excepcional fue que todos los medios de comunicación social dieron cuenta de este acto.

Representa, vista desde hoy, el arranque de un proceso de cambio al frente de la Jefatura del Estado, y es un honor para el Cuerpo de Abogados del Estado en general y para los integrantes de estas tres promociones en particular haber sido distinguidos por quien hoy es S. M. El Rey Felipe VI. También porque el Jefe de su Casa sea nuestro compañero Jaime Alfonsín Alfonso.

Desde esta Asociación deseamos a S.M. El Rey Don Felipe VI el mayor de los aciertos en la tarea que afronta y que le ha correspondido iniciar en una época tan necesitada del ejercicio de las funciones que constitucionalmente tiene encomendadas.

Los Abogados del Estado lo son dentro de España de la Administración del Estado, pero fuera lo son del Reino, del Estado en su conjunto como única persona jurídica de Derecho Internacional. Y Su Majestad el símbolo de la unidad y la permanencia de esta antigua pero vital nación.

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El mes de diciembre pasado concluyó el proceso selectivo para la incorporación de dieciséis nuevos compañeros que conforman la promoción de 2013. Esta promoción bien podría recibir el sobrenombre de la “Deseada”,  porque su incorporación era esperada con ansia por el resto de los compañeros que están en servicio activo ante la sobrecarga de trabajo que pesa sobre las unidades. Son ya varias las Promociones que tardan dos años en alumbrarse (2009, 2011 y 2013). Junto con este espaciamiento temporal de cada nueva promoción, se observa que se ha ido reduciendo de forma llamativa el número de plazas convocadas en cada uno de los años. Las restricciones impuestas por la crisis económica así lo han exigido.

Sin embargo, entendemos que precisamente las mismas razones que aconsejan restringir el gasto y, consecuentemente, la oferta de empleo público, deberían llevarnos a una solución completamente distinta: incrementar la oferta de empleo público precisamente para cubrir aquellos puestos de trabajo que o bien permiten reducir o controlar mejor el gasto público, o bien permiten lograr ingresos públicos. Es viejo el dicho popular que recuerda que es mejor perder una peseta para ganar un duro.

Si se atiende al gasto público que supone un Abogado del Estado (idéntico razonamiento cabría hacer para otros funcionarios como Inspectores de Hacienda, Interventores del Estado, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social u otros), fácilmente se advierte que éste queda más que suficientemente cubierto con una parte pequeña de su trabajo. Por poner algunos ejemplos, resulta que un delito contra la Hacienda Pública adecuadamente defendido supone al menos 120.000 euros de cuota recuperada, más sus intereses de demora, la multa al menos del tanto defraudado, y las costas devengadas a favor del Tesoro Público. Un solo procedimiento, entre los miles que penden, sería “la peseta a perder”  (ese procedimiento cubriría el solo el salario de varios compañeros –o el del compañero y el Inspector de Hacienda actuario– y alguno otro en concreto el de todo el Cuerpo en un año), siendo el resto de los procedimientos ingreso neto para el Estado –“el duro a ganar”–.  El ejemplo del delito contra la Hacienda Pública es bueno porque tiene un umbral delictivo que facilita identificar de manera estándar el ingreso que se persigue,  pero lo mismo sucede con el resto de procedimientos en que intervienen los Abogados del Estado en defensa de los intereses económicos públicos (sin referirnos a otros procedimientos donde están en juego otro tipo de intereses no económicos, muy relevantes). En esta situación de crisis económica entendemos que es precisamente ahora cuando es más necesario hacer el gasto público en aquel personal cuyo trabajo, en términos netos, facilitará la tan necesaria consolidación fiscal.

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El Consejo de Ministros creó en su día la llamada CORA para, en un breve plazo, tras recabar información de las Administraciones Públicas y de sus Departamentos, Consejerías, Plenos, Comisiones, órganos, Organismos y demás infinitas entidades que habitan el universo del  sector público, después de estudiar los datos y generar ideas reformadoras, emitir un informe sobre los defectos, errores, aciertos y soluciones que gravitan sobre la Administración Pública en su conjunto. Para ello se ha contado con la participación de diversos agentes sociales –entre los que se encuentra FEDECA– y sólo a través de la participación ciudadana se han recibido más de 2.000 sugerencias.

El resultado es un voluminoso informe de 250 páginas, presentado el 21 de junio de 2013 y publicado en la web de Moncloa, donde, aparte de la proposición de medidas de carácter general, se articulan las más específicas relativas a cada una de las cuatro subcomisiones en las que se dividió la CORA: Duplicidades Administrativas, Simplificación Administrativa, Gestión de Servicios y Medios Comunes y Administración Institucional. En total, 217 medidas.

Llama la atención, en primer lugar, la buena acogida de las medidas reformadoras, tanto en los medios de comunicación como incluso en los grupos políticos de oposición; cosa lamentablemente infrecuente en nuestro país, incapaz de alabar lo bueno que haga aquel a quien se considera enemigo.

Y es que la lectura del diagnóstico y de los remedios a aplicar a nuestra Administración parece, en general, salvo discrepancias concretas, plenas de sentido común. Entonces, ¿cómo es que hasta ahora se han permitido, sin poner freno ni remedio, situaciones y hechos como los que se describen en el informe, y que en algunos casos  no cabe sino tildar de espeluznantes?, ¿es que en España tiene que haber una situación crítica como la que venimos padeciendo para que nuestros gobernantes hagan sus deberes? Desde luego este informe evoca hacia el pasado malísimas decisiones de gobierno, peores prácticas de gestión, desidias, inercias y errores, incluso corrupciones y corruptelas, que caerán en el olvido de la irresponsabilidad personal pero que deberían, a todos los que nos ocupamos de la res publica, grabarnos a fuego  que a la Administración Pública hay que cuidarla y no abandonarla a la deriva, para cuando la crisis pase.

Una vez emitido el informe viene lo más difícil: ahora hay que ejecutarlo con decisión, superando cuantos obstáculos se presenten, con pleno respeto a los derechos de los abnegados servidores públicos y de los ciudadanos.

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Número 38
La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas

El Consejo de Ministros creó en su día la llamada CORA para, en un breve plazo, tras recabar…

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Número 06
julio-septiembre 2004