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Durante los pasados meses, hemos vivido un momento histórico, marcado por el desafío secesionista en Cataluña. En esta ocasión, si cabe, era particularmente necesaria una defensa jurídica al Estado que permitiera sostener el imperio de la ley. Pues bien, aun dentro de la complejidad de la situación, podemos afirmar que los Abogados del Estado hemos hecho honor a nuestro nombre y hemos defendido la legalidad constitucional y la integridad del Estado frente a dichos ataques.

Singularmente, nuestro Departamento de Derecho Constitucional, coordinado por nuestro Abogado General del Estado, ha encabezado esta tarea, siendo significativo que todos los procedimientos iniciados ante el Tribunal Constitucional obtuvieran un resultado favorable a los intereses que representamos. Asimismo, desde las distintas Abogacías del Estado en Cataluña se asume diariamente la defensa del Estado, en ocasiones en un ambiente poco favorable al ejercicio de nuestras funciones. Y no olvidemos tampoco la labor de asesoramiento en derecho que se desarrolla a través de las Abogacías del Estado en los Departamentos Ministeriales o en los Departamentos adscritos a la Subdirección General de Asuntos Contenciosos. Podemos afirmar, sin riesgo alguno de caer en un corporativismo mal entendido, que la labor de la Abogacía del Estado ha estado a la altura de las circunstancias.

En este contexto, la Asociación  quiere mostrar su apoyo a los compañeros que intervienen y han intervenido durante estos meses en dichas actuaciones. Así lo hemos expuesto públicamente y así queremos dejar constancia de ello en nuestra Revista. Nuestra portada guarda relación con esta forma de pensar. La Abogacía del Estado, por definición, tiene como seña de identidad esencial la de defender a nuestro Estado. En esta tarea y con este fin podemos decir que todos somos necesarios y nadie es contingente. Ante situaciones como las vividas en los pasados meses, solo cabe actuar con el rigor jurídico, discreción y eficacia que caracterizan nuestra función. Así ha ocurrido y podemos afirmar que hemos cumplido y seguiremos cumpliendo con nuestra misión esencial  en la defensa del Estado de Derecho y la legalidad constitucional. Como hemos defendido en los últimos meses, esta es nuestra razón de ser.

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Suelen caracterizarse los períodos estivales y postvacacionales por una suerte de ausencia de noticias que hace que, en múltiples ocasiones, sea necesario acudir a tópicos tan manidos como la canción del verano para poder completar los informativos diarios o los periódicos. Durante el pasado verano, quizá fruto de esta ausencia de noticias, quizá fruto de una corriente instalada en nuestra sociedad que quiere hacer prevalecer el criterio personal sobre la legalidad, ha ocupado buena parte de dichos espacios informativos la problemática de una madre granadina que se negaba a entregar a sus hijos menores de edad a su progenitor con residencia en Italia. Sin centrarnos en el problema jurídico planteado en dicho caso concreto, del análisis del mismo llaman profundamente la atención los mensajes aparentemente aprobatorios de la conducta de quien ha situado por encima del principio de legalidad su interpretación de los hechos y su visión personal de una controversia que había sido resuelta mediante sentencia judicial firme.

Se ha llegado incluso a sostener en determinados ámbitos que es “lícito” no cumplir las resoluciones judiciales cuando se consideran injustas. He ahí el problema. No existe un “medidor” que objetivamente permita distinguir lo justo de lo injusto, siendo el principio de legalidad y el respeto a las resoluciones judiciales la fórmula a seguir cuando, ante intereses en conflicto, existen posiciones contrapuestas. Desde nuestra creación como Cuerpo, los Abogados del Estado hemos defendido y defendemos la plena vigencia de un principio básico: el pleno respeto al imperio de la ley y a las resoluciones judiciales emanadas del Poder Judicial. Tanto en sede contenciosa como en el ámbito consultivo, por más que existan opiniones que sostienen lo contrario, nuestras actuaciones se rigen por el profundo respeto a la ley y a nuestro ordenamiento jurídico. No puede sustituirse este principio esencial del Estado de Derecho por una suerte de valor superior y vinculante de principios o criterios ajenos a la legalidad. Hemos asistido a una cierta aprobación colectiva de la desobediencia judicial, lo que es una pésima noticia para el Estado de Derecho que defendemos.

Precisamente esa desobediencia a leyes y resoluciones judiciales es la que nos ha despertado día a día durante el mes de septiembre. Cuando se comienza por defender la desobediencia judicial a una resolución concreta, como el caso comentado, se termina por cuestionar, nada menos, que al supremo intérprete de nuestra Constitución, como está ocurriendo en Cataluña. Nuestra Asociación no puede apoyar dichas reivindicaciones paralegales; antes bien, quiere mostrar nuestro absoluto respaldo al imperio de la ley, al principio de legalidad y muy especialmente a los compañeros que están luchando día a día de forma encomiable por evitar que pueda sustituirse nuestro ordenamiento constitucional por un nuevo orden construido al margen de los procedimientos establecidos al efecto. Frente a un desafío tan notable como el que estamos observando, es nuestro deber, como Asociación, proclamar que el imperio de la ley prevalecerá y que nuestra Asociación siempre estará del lado de quienes defienden el ordenamiento jurídico. Nunca fuimos Abogados contra el Estado sino defensores del imperio de la ley. Es nuestra razón de ser.

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No le faltaba razón a Albert Camus cuando razonaba “porque, después de muchos años en que el mundo me ha permitido variadas experiencias, lo que más sé, a la larga, acerca de moral y de las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol”. Cualquiera que haya tenido la suerte de poder practicar un deporte, bien sabe lo certero del razonamiento de Camus. Principios básicos, como el de respetar las normas y el adversario, saber ganar y saber perder, esforzarse sin saber el resultado o tomar conciencia de que la propia pereza condena a tu equipo, se aprenden día a días gracias a este deporte. Principios todos ellos que dicho sea de paso, bien hacemos en recordar para el ejercicio diario de nuestra profesión como Abogados del Estado.

Ante la grandeza de este deporte, al que podrían asimilarse cualesquiera otros que participan de estos principios, debe exigirse a quienes lo practican un mínimo rigor en su comportamiento, dentro del terreno de juego y en sus declaraciones públicas. Son ellos quienes tienen el deber moral de hacer respetar un deporte del que tanto se puede y se debe aprender. Sin embargo, desgraciadamente, en tiempos recientes se ha perdido buena parte de ese espíritu, amplificándose sobremanera cualquier cuestión que pueda tener algo que ver con este deporte y, lo que es peor, dando verdadera carta de naturaleza a declaraciones que son ajenas a la esencia del juego, que tanto enseñó al gran Camus.

Ante este fenómeno expansivo del fútbol, solamente pueden adoptarse dos posturas. La primera, acrítica, es asumir que las cosas son así y que no merece la pena intentar explicar determinados comportamientos o situaciones. La segunda, más acorde con los valores que inspiran nuestro Cuerpo, debe ser la de contestar, sin responder, a quienes puedan atacar nuestra función empleando para ello el magnífico altavoz que les proporciona este deporte.

Desde la Asociación, entendemos que debemos seguir esta segunda línea. Cuando se pretende atacar nuestra labor, desde afirmaciones inverosímiles, debemos contestar, explicando didácticamente nuestra función y valores, que deben estar muy por encima de las manifestaciones públicas que pueda realizar quien, sin saber, quiere adoctrinar sobre algo tan serio en nuestro país como es el ejercicio de la acción penal. No se trata de responder, entrar en debates o salir de nuestro hábitat natural, que preside nuestro día a día en los tribunales de justicia o en funciones consultivas. Se trata, en suma, de aplicar una de las reglas esenciales de este deporte. Ante un ataque, hay que defenderse, respetando las reglas y sabiendo que en este caso, como debería ocurrir en posibles y futuros eventos, nuestra respuesta es necesaria para no perder nuestro partido: la defensa de la legalidad y de la honestidad de nuestra función. Asumamos todos que este partido tenemos que ganarlo y que siempre jugaremos mejor juntos que separados. No es solamente fútbol.

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Una de las composiciones más conocidas del reciente Premio Nobel de Literatura se titula “los tiempos están cambiando”. Publicada allá por el año 1964, transmite un mensaje plenamente actual, al poner de manifiesto la necesidad de que sepamos adaptarnos en cada momento a los cambios que se impulsan a nuestro alrededor.

Nunca hemos sido los Abogados del Estado objeto de comentario en la prensa o en los medios; antes bien, siempre hemos preferido mantener nuestra labor en un discreto segundo plano, haciendo valer nuestros argumentos en nuestro hábitat natural que no es otro que las Salas de los Tribunales de Justicia y nuestros informes.

Sin embargo, como nos recuerda Dylan, los tiempos están cambiando. En los últimos meses, han sido varios los artículos de prensa que han cuestionado nuestra labor profesional e incluso nuestra independencia. Al amparo de titulares llamativos, referidos a una conocida serie de los años 80 o a un supuesto ataque a las víctimas del terrorismo, se pretende desvirtuar nuestro ejercicio profesional. A tal efecto, se acude al sofisma de las mal llamadas “puertas giratorias”, se pretende deslizar indebidos tratos de favor o de pretendido “castigo” al justiciable en función de criterios políticos.

Nada más lejos de la realidad. Si algo caracteriza nuestro trabajo como Abogados del Estado es el absoluto respeto por el principio de legalidad y la defensa de los intereses de la Administración. Así ha acontecido respecto de quienes han sido cuestionados en la prensa.

Por otra parte, si determinados compañeros deciden acceder a la situación de excedencia voluntaria, común a todo el conjunto de la función pública, no puede ello servir como “ariete” para cuestionar sin base fáctica alguna su labor previa al pase a dicha excedencia o la de quienes continúan en servicio activo. Esta imagen transmitida en los últimos meses no nos representa.

Ante la inminente formación de Gobierno, quizá sea uno de los principales retos de nuestro Cuerpo el de saber transmitir nuestra realidad profesional, nuestra dedicación al servicio público y el derecho de quienes deciden pasar a la situación de excedencia particular. Quede constancia de ello en la que debe ser uno de los pilares de nuestra comunicación: nuestra Revista.

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Estamos asistiendo en los últimos tiempos a una masiva aparición de la Abogacía del Estado en los medios de comunicación. A veces, para mal; a veces, para bien. En este mismo número de la Revista se habla de algún caso muy significativo.

 

Lo cierto es que vivimos en el mundo de la comunicación, de los medios y de la opinión pública. Y resulta imposible sustraerse del eco mediático teniendo en cuenta los asuntos de interés público en los que participamos con mayor o menor protagonismo.

 

Dentro del Cuerpo hay que quien añora épocas pasadas cuando nadie se fijaba en nosotros. Pero nuestra imagen, nuestro significado en la sociedad española, no nos es disponible, no depende de nuestra voluntad, sino de la de otros, de profesionales de la comunicación que deciden, sin pedir permiso, lo que cuentan y lo que no y cómo lo cuentan. Resulta francamente inconcebible que nuestro papel en tantas causas penales o frente al problema del independentismo catalán no sea publicado cuando el Gobierno le dice a los españoles que el asunto está “en manos de la Abogacía del Estado”. Lo que, por cierto, es garantía de solvencia en la adopción de soluciones.

 

Esconder la cabeza debajo del ala o la cabeza en un hoyo en la tierra como el avestruz no es una solución sensata a esta situación. Reconociendo que desde luego ésta es muchas veces muy incómoda.

 

A la par, los asuntos que gestionamos exigen discreción máxima. Es obligación del funcionario guardar reserva sobre los asuntos que se gestionan. Claro que la Ley también ordena a autoridades, funcionarios y profesionales de la Justicia el secreto de los sumarios bajo sanción penal y nada más que leer lo anterior es imposible no sonreír. Resulta llamativo que nadie haya sido condenado por revelar el secreto de un sumario, pero es así. El delito de descubrimiento y revelación de secretos sobre esta cuestión concreta ha sido derogado por desuetudo.

 

Además, no nos sentimos cómodos en este mundo, ante los focos, porque no es propio de nuestra condición de abogados y de la forma en la que desarrollamos nuestra profesión, de manera tranquila, silenciosa y responsable, adoptando los políticos y los gestores las decisiones y poniéndose ellos ante las cámaras. No se interviene en un pleito ni se hace un informe en un plató de televisión…

 

Cuando estás en determinados puestos, se hace inevitable el contacto con los profesionales de los medios, que te están esperando a la salida de unas declaraciones y te ruegan que compartas con ellos algo que nunca puedes decirles. Al final terminan conociendo por los abogados de la otra parte su interpretación de los hechos y lógicamente no tienen mayor interés en juzgarnos con equidad.

 

Parece indispensable que este problema se aborde por la Dirección con criterios actuales. Resulta impensable que podamos volver a realizar nuestra profesión ajenos a la publicidad. Este mismo Gobierno ha publicado leyes de transparencia que se fundan en el principio de que “el pueblo tiene derecho a saber”. ¿Estamos preparados para ello? No, no lo estamos. Es imprescindible que este despacho público de abogados considere seriamente ponerse en manos de profesionales de la comunicación que consigan que el nombre del compañero no salga a la luz pública y que pueda transmitir mensajes institucionales al margen de la actuación de este o aquel Abogado del Estado. Si no, muchos de nosotros que jugamos el partido en primera línea seguiremos en la más absoluta indefensión frente a la opinión pública, carecemos por completo de voz. Y hoy no hay nada peor.

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Número 46
Nuestra razón de ser

Una de las primeras reacciones que experimentamos al aprobar nuestra oposición es la de detenernos en…

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El imperio de la Ley

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Una de las primeras reacciones que experimentamos al aprobar nuestra oposición es la de detenernos en el escudo que, con orgullo, llevamos en nuestra toga y que nos identifica como “Abogados del Estado”. En no pocas ocasiones podemos preguntarnos acerca del significado de esta mención, que tiene su reflejo normativo en nuestra querida Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, que recientemente ha cumplido veinte años de vigencia. Nuestra Ley nos atribuye, nada menos, que la asistencia, representación y defensa en juicio del Estado.

Durante los pasados meses, hemos vivido un momento histórico, marcado por el desafío secesionista en Cataluña. En esta ocasión, si cabe, era particularmente necesaria una defensa jurídica al Estado que permitiera sostener el imperio de la ley. Pues bien, aun dentro de la complejidad de la situación, podemos afirmar que los Abogados del Estado hemos hecho honor a nuestro nombre y hemos defendido la legalidad constitucional y la integridad del Estado frente a dichos ataques.

Singularmente, nuestro Departamento de Derecho Constitucional, coordinado por nuestro Abogado General del Estado, ha encabezado esta tarea, siendo significativo que todos los procedimientos iniciados ante el Tribunal Constitucional obtuvieran un resultado favorable a los intereses que representamos. Asimismo, desde las distintas Abogacías del Estado en Cataluña se asume diariamente la defensa del Estado, en ocasiones en un ambiente poco favorable al ejercicio de nuestras funciones. Y no olvidemos tampoco la labor de asesoramiento en derecho que se desarrolla a través de las Abogacías del Estado en los Departamentos Ministeriales o en los Departamentos adscritos a la Subdirección General de Asuntos Contenciosos. Podemos afirmar, sin riesgo alguno de caer en un corporativismo mal entendido, que la labor de la Abogacía del Estado ha estado a la altura de las circunstancias.

En este contexto, la Asociación  quiere mostrar su apoyo a los compañeros que intervienen y han intervenido durante estos meses en dichas actuaciones. Así lo hemos expuesto públicamente y así queremos dejar constancia de ello en nuestra Revista. Nuestra portada guarda relación con esta forma de pensar. La Abogacía del Estado, por definición, tiene como seña de identidad esencial la de defender a nuestro Estado. En esta tarea y con este fin podemos decir que todos somos necesarios y nadie es contingente. Ante situaciones como las vividas en los pasados meses, solo cabe actuar con el rigor jurídico, discreción y eficacia que caracterizan nuestra función. Así ha ocurrido y podemos afirmar que hemos cumplido y seguiremos cumpliendo con nuestra misión esencial  en la defensa del Estado de Derecho y la legalidad constitucional. Como hemos defendido en los últimos meses, esta es nuestra razón de ser.

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Suelen caracterizarse los períodos estivales y postvacacionales por una suerte de ausencia de noticias que hace que, en múltiples ocasiones, sea necesario acudir a tópicos tan manidos como la canción del verano para poder completar los informativos diarios o los periódicos. Durante el pasado verano, quizá fruto de esta ausencia de noticias, quizá fruto de una corriente instalada en nuestra sociedad que quiere hacer prevalecer el criterio personal sobre la legalidad, ha ocupado buena parte de dichos espacios informativos la problemática de una madre granadina que se negaba a entregar a sus hijos menores de edad a su progenitor con residencia en Italia. Sin centrarnos en el problema jurídico planteado en dicho caso concreto, del análisis del mismo llaman profundamente la atención los mensajes aparentemente aprobatorios de la conducta de quien ha situado por encima del principio de legalidad su interpretación de los hechos y su visión personal de una controversia que había sido resuelta mediante sentencia judicial firme.

Se ha llegado incluso a sostener en determinados ámbitos que es “lícito” no cumplir las resoluciones judiciales cuando se consideran injustas. He ahí el problema. No existe un “medidor” que objetivamente permita distinguir lo justo de lo injusto, siendo el principio de legalidad y el respeto a las resoluciones judiciales la fórmula a seguir cuando, ante intereses en conflicto, existen posiciones contrapuestas. Desde nuestra creación como Cuerpo, los Abogados del Estado hemos defendido y defendemos la plena vigencia de un principio básico: el pleno respeto al imperio de la ley y a las resoluciones judiciales emanadas del Poder Judicial. Tanto en sede contenciosa como en el ámbito consultivo, por más que existan opiniones que sostienen lo contrario, nuestras actuaciones se rigen por el profundo respeto a la ley y a nuestro ordenamiento jurídico. No puede sustituirse este principio esencial del Estado de Derecho por una suerte de valor superior y vinculante de principios o criterios ajenos a la legalidad. Hemos asistido a una cierta aprobación colectiva de la desobediencia judicial, lo que es una pésima noticia para el Estado de Derecho que defendemos.

Precisamente esa desobediencia a leyes y resoluciones judiciales es la que nos ha despertado día a día durante el mes de septiembre. Cuando se comienza por defender la desobediencia judicial a una resolución concreta, como el caso comentado, se termina por cuestionar, nada menos, que al supremo intérprete de nuestra Constitución, como está ocurriendo en Cataluña. Nuestra Asociación no puede apoyar dichas reivindicaciones paralegales; antes bien, quiere mostrar nuestro absoluto respaldo al imperio de la ley, al principio de legalidad y muy especialmente a los compañeros que están luchando día a día de forma encomiable por evitar que pueda sustituirse nuestro ordenamiento constitucional por un nuevo orden construido al margen de los procedimientos establecidos al efecto. Frente a un desafío tan notable como el que estamos observando, es nuestro deber, como Asociación, proclamar que el imperio de la ley prevalecerá y que nuestra Asociación siempre estará del lado de quienes defienden el ordenamiento jurídico. Nunca fuimos Abogados contra el Estado sino defensores del imperio de la ley. Es nuestra razón de ser.

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No le faltaba razón a Albert Camus cuando razonaba “porque, después de muchos años en que el mundo me ha permitido variadas experiencias, lo que más sé, a la larga, acerca de moral y de las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol”. Cualquiera que haya tenido la suerte de poder practicar un deporte, bien sabe lo certero del razonamiento de Camus. Principios básicos, como el de respetar las normas y el adversario, saber ganar y saber perder, esforzarse sin saber el resultado o tomar conciencia de que la propia pereza condena a tu equipo, se aprenden día a días gracias a este deporte. Principios todos ellos que dicho sea de paso, bien hacemos en recordar para el ejercicio diario de nuestra profesión como Abogados del Estado.

Ante la grandeza de este deporte, al que podrían asimilarse cualesquiera otros que participan de estos principios, debe exigirse a quienes lo practican un mínimo rigor en su comportamiento, dentro del terreno de juego y en sus declaraciones públicas. Son ellos quienes tienen el deber moral de hacer respetar un deporte del que tanto se puede y se debe aprender. Sin embargo, desgraciadamente, en tiempos recientes se ha perdido buena parte de ese espíritu, amplificándose sobremanera cualquier cuestión que pueda tener algo que ver con este deporte y, lo que es peor, dando verdadera carta de naturaleza a declaraciones que son ajenas a la esencia del juego, que tanto enseñó al gran Camus.

Ante este fenómeno expansivo del fútbol, solamente pueden adoptarse dos posturas. La primera, acrítica, es asumir que las cosas son así y que no merece la pena intentar explicar determinados comportamientos o situaciones. La segunda, más acorde con los valores que inspiran nuestro Cuerpo, debe ser la de contestar, sin responder, a quienes puedan atacar nuestra función empleando para ello el magnífico altavoz que les proporciona este deporte.

Desde la Asociación, entendemos que debemos seguir esta segunda línea. Cuando se pretende atacar nuestra labor, desde afirmaciones inverosímiles, debemos contestar, explicando didácticamente nuestra función y valores, que deben estar muy por encima de las manifestaciones públicas que pueda realizar quien, sin saber, quiere adoctrinar sobre algo tan serio en nuestro país como es el ejercicio de la acción penal. No se trata de responder, entrar en debates o salir de nuestro hábitat natural, que preside nuestro día a día en los tribunales de justicia o en funciones consultivas. Se trata, en suma, de aplicar una de las reglas esenciales de este deporte. Ante un ataque, hay que defenderse, respetando las reglas y sabiendo que en este caso, como debería ocurrir en posibles y futuros eventos, nuestra respuesta es necesaria para no perder nuestro partido: la defensa de la legalidad y de la honestidad de nuestra función. Asumamos todos que este partido tenemos que ganarlo y que siempre jugaremos mejor juntos que separados. No es solamente fútbol.

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Una de las composiciones más conocidas del reciente Premio Nobel de Literatura se titula “los tiempos están cambiando”. Publicada allá por el año 1964, transmite un mensaje plenamente actual, al poner de manifiesto la necesidad de que sepamos adaptarnos en cada momento a los cambios que se impulsan a nuestro alrededor.

Nunca hemos sido los Abogados del Estado objeto de comentario en la prensa o en los medios; antes bien, siempre hemos preferido mantener nuestra labor en un discreto segundo plano, haciendo valer nuestros argumentos en nuestro hábitat natural que no es otro que las Salas de los Tribunales de Justicia y nuestros informes.

Sin embargo, como nos recuerda Dylan, los tiempos están cambiando. En los últimos meses, han sido varios los artículos de prensa que han cuestionado nuestra labor profesional e incluso nuestra independencia. Al amparo de titulares llamativos, referidos a una conocida serie de los años 80 o a un supuesto ataque a las víctimas del terrorismo, se pretende desvirtuar nuestro ejercicio profesional. A tal efecto, se acude al sofisma de las mal llamadas “puertas giratorias”, se pretende deslizar indebidos tratos de favor o de pretendido “castigo” al justiciable en función de criterios políticos.

Nada más lejos de la realidad. Si algo caracteriza nuestro trabajo como Abogados del Estado es el absoluto respeto por el principio de legalidad y la defensa de los intereses de la Administración. Así ha acontecido respecto de quienes han sido cuestionados en la prensa.

Por otra parte, si determinados compañeros deciden acceder a la situación de excedencia voluntaria, común a todo el conjunto de la función pública, no puede ello servir como “ariete” para cuestionar sin base fáctica alguna su labor previa al pase a dicha excedencia o la de quienes continúan en servicio activo. Esta imagen transmitida en los últimos meses no nos representa.

Ante la inminente formación de Gobierno, quizá sea uno de los principales retos de nuestro Cuerpo el de saber transmitir nuestra realidad profesional, nuestra dedicación al servicio público y el derecho de quienes deciden pasar a la situación de excedencia particular. Quede constancia de ello en la que debe ser uno de los pilares de nuestra comunicación: nuestra Revista.

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Estamos asistiendo en los últimos tiempos a una masiva aparición de la Abogacía del Estado en los medios de comunicación. A veces, para mal; a veces, para bien. En este mismo número de la Revista se habla de algún caso muy significativo.

 

Lo cierto es que vivimos en el mundo de la comunicación, de los medios y de la opinión pública. Y resulta imposible sustraerse del eco mediático teniendo en cuenta los asuntos de interés público en los que participamos con mayor o menor protagonismo.

 

Dentro del Cuerpo hay que quien añora épocas pasadas cuando nadie se fijaba en nosotros. Pero nuestra imagen, nuestro significado en la sociedad española, no nos es disponible, no depende de nuestra voluntad, sino de la de otros, de profesionales de la comunicación que deciden, sin pedir permiso, lo que cuentan y lo que no y cómo lo cuentan. Resulta francamente inconcebible que nuestro papel en tantas causas penales o frente al problema del independentismo catalán no sea publicado cuando el Gobierno le dice a los españoles que el asunto está “en manos de la Abogacía del Estado”. Lo que, por cierto, es garantía de solvencia en la adopción de soluciones.

 

Esconder la cabeza debajo del ala o la cabeza en un hoyo en la tierra como el avestruz no es una solución sensata a esta situación. Reconociendo que desde luego ésta es muchas veces muy incómoda.

 

A la par, los asuntos que gestionamos exigen discreción máxima. Es obligación del funcionario guardar reserva sobre los asuntos que se gestionan. Claro que la Ley también ordena a autoridades, funcionarios y profesionales de la Justicia el secreto de los sumarios bajo sanción penal y nada más que leer lo anterior es imposible no sonreír. Resulta llamativo que nadie haya sido condenado por revelar el secreto de un sumario, pero es así. El delito de descubrimiento y revelación de secretos sobre esta cuestión concreta ha sido derogado por desuetudo.

 

Además, no nos sentimos cómodos en este mundo, ante los focos, porque no es propio de nuestra condición de abogados y de la forma en la que desarrollamos nuestra profesión, de manera tranquila, silenciosa y responsable, adoptando los políticos y los gestores las decisiones y poniéndose ellos ante las cámaras. No se interviene en un pleito ni se hace un informe en un plató de televisión…

 

Cuando estás en determinados puestos, se hace inevitable el contacto con los profesionales de los medios, que te están esperando a la salida de unas declaraciones y te ruegan que compartas con ellos algo que nunca puedes decirles. Al final terminan conociendo por los abogados de la otra parte su interpretación de los hechos y lógicamente no tienen mayor interés en juzgarnos con equidad.

 

Parece indispensable que este problema se aborde por la Dirección con criterios actuales. Resulta impensable que podamos volver a realizar nuestra profesión ajenos a la publicidad. Este mismo Gobierno ha publicado leyes de transparencia que se fundan en el principio de que “el pueblo tiene derecho a saber”. ¿Estamos preparados para ello? No, no lo estamos. Es imprescindible que este despacho público de abogados considere seriamente ponerse en manos de profesionales de la comunicación que consigan que el nombre del compañero no salga a la luz pública y que pueda transmitir mensajes institucionales al margen de la actuación de este o aquel Abogado del Estado. Si no, muchos de nosotros que jugamos el partido en primera línea seguiremos en la más absoluta indefensión frente a la opinión pública, carecemos por completo de voz. Y hoy no hay nada peor.

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Número 44
No es solamente fútbol

No le faltaba razón a Albert Camus cuando razonaba “porque, después de muchos años…

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Los tiempos están cambiando

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Una de las primeras reacciones que experimentamos al aprobar nuestra oposición es la de detenernos en el escudo que, con orgullo, llevamos en nuestra toga y que nos identifica como “Abogados del Estado”. En no pocas ocasiones podemos preguntarnos acerca del significado de esta mención, que tiene su reflejo normativo en nuestra querida Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, que recientemente ha cumplido veinte años de vigencia. Nuestra Ley nos atribuye, nada menos, que la asistencia, representación y defensa en juicio del Estado.

Durante los pasados meses, hemos vivido un momento histórico, marcado por el desafío secesionista en Cataluña. En esta ocasión, si cabe, era particularmente necesaria una defensa jurídica al Estado que permitiera sostener el imperio de la ley. Pues bien, aun dentro de la complejidad de la situación, podemos afirmar que los Abogados del Estado hemos hecho honor a nuestro nombre y hemos defendido la legalidad constitucional y la integridad del Estado frente a dichos ataques.

Singularmente, nuestro Departamento de Derecho Constitucional, coordinado por nuestro Abogado General del Estado, ha encabezado esta tarea, siendo significativo que todos los procedimientos iniciados ante el Tribunal Constitucional obtuvieran un resultado favorable a los intereses que representamos. Asimismo, desde las distintas Abogacías del Estado en Cataluña se asume diariamente la defensa del Estado, en ocasiones en un ambiente poco favorable al ejercicio de nuestras funciones. Y no olvidemos tampoco la labor de asesoramiento en derecho que se desarrolla a través de las Abogacías del Estado en los Departamentos Ministeriales o en los Departamentos adscritos a la Subdirección General de Asuntos Contenciosos. Podemos afirmar, sin riesgo alguno de caer en un corporativismo mal entendido, que la labor de la Abogacía del Estado ha estado a la altura de las circunstancias.

En este contexto, la Asociación  quiere mostrar su apoyo a los compañeros que intervienen y han intervenido durante estos meses en dichas actuaciones. Así lo hemos expuesto públicamente y así queremos dejar constancia de ello en nuestra Revista. Nuestra portada guarda relación con esta forma de pensar. La Abogacía del Estado, por definición, tiene como seña de identidad esencial la de defender a nuestro Estado. En esta tarea y con este fin podemos decir que todos somos necesarios y nadie es contingente. Ante situaciones como las vividas en los pasados meses, solo cabe actuar con el rigor jurídico, discreción y eficacia que caracterizan nuestra función. Así ha ocurrido y podemos afirmar que hemos cumplido y seguiremos cumpliendo con nuestra misión esencial  en la defensa del Estado de Derecho y la legalidad constitucional. Como hemos defendido en los últimos meses, esta es nuestra razón de ser.

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Suelen caracterizarse los períodos estivales y postvacacionales por una suerte de ausencia de noticias que hace que, en múltiples ocasiones, sea necesario acudir a tópicos tan manidos como la canción del verano para poder completar los informativos diarios o los periódicos. Durante el pasado verano, quizá fruto de esta ausencia de noticias, quizá fruto de una corriente instalada en nuestra sociedad que quiere hacer prevalecer el criterio personal sobre la legalidad, ha ocupado buena parte de dichos espacios informativos la problemática de una madre granadina que se negaba a entregar a sus hijos menores de edad a su progenitor con residencia en Italia. Sin centrarnos en el problema jurídico planteado en dicho caso concreto, del análisis del mismo llaman profundamente la atención los mensajes aparentemente aprobatorios de la conducta de quien ha situado por encima del principio de legalidad su interpretación de los hechos y su visión personal de una controversia que había sido resuelta mediante sentencia judicial firme.

Se ha llegado incluso a sostener en determinados ámbitos que es “lícito” no cumplir las resoluciones judiciales cuando se consideran injustas. He ahí el problema. No existe un “medidor” que objetivamente permita distinguir lo justo de lo injusto, siendo el principio de legalidad y el respeto a las resoluciones judiciales la fórmula a seguir cuando, ante intereses en conflicto, existen posiciones contrapuestas. Desde nuestra creación como Cuerpo, los Abogados del Estado hemos defendido y defendemos la plena vigencia de un principio básico: el pleno respeto al imperio de la ley y a las resoluciones judiciales emanadas del Poder Judicial. Tanto en sede contenciosa como en el ámbito consultivo, por más que existan opiniones que sostienen lo contrario, nuestras actuaciones se rigen por el profundo respeto a la ley y a nuestro ordenamiento jurídico. No puede sustituirse este principio esencial del Estado de Derecho por una suerte de valor superior y vinculante de principios o criterios ajenos a la legalidad. Hemos asistido a una cierta aprobación colectiva de la desobediencia judicial, lo que es una pésima noticia para el Estado de Derecho que defendemos.

Precisamente esa desobediencia a leyes y resoluciones judiciales es la que nos ha despertado día a día durante el mes de septiembre. Cuando se comienza por defender la desobediencia judicial a una resolución concreta, como el caso comentado, se termina por cuestionar, nada menos, que al supremo intérprete de nuestra Constitución, como está ocurriendo en Cataluña. Nuestra Asociación no puede apoyar dichas reivindicaciones paralegales; antes bien, quiere mostrar nuestro absoluto respaldo al imperio de la ley, al principio de legalidad y muy especialmente a los compañeros que están luchando día a día de forma encomiable por evitar que pueda sustituirse nuestro ordenamiento constitucional por un nuevo orden construido al margen de los procedimientos establecidos al efecto. Frente a un desafío tan notable como el que estamos observando, es nuestro deber, como Asociación, proclamar que el imperio de la ley prevalecerá y que nuestra Asociación siempre estará del lado de quienes defienden el ordenamiento jurídico. Nunca fuimos Abogados contra el Estado sino defensores del imperio de la ley. Es nuestra razón de ser.

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No le faltaba razón a Albert Camus cuando razonaba “porque, después de muchos años en que el mundo me ha permitido variadas experiencias, lo que más sé, a la larga, acerca de moral y de las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol”. Cualquiera que haya tenido la suerte de poder practicar un deporte, bien sabe lo certero del razonamiento de Camus. Principios básicos, como el de respetar las normas y el adversario, saber ganar y saber perder, esforzarse sin saber el resultado o tomar conciencia de que la propia pereza condena a tu equipo, se aprenden día a días gracias a este deporte. Principios todos ellos que dicho sea de paso, bien hacemos en recordar para el ejercicio diario de nuestra profesión como Abogados del Estado.

Ante la grandeza de este deporte, al que podrían asimilarse cualesquiera otros que participan de estos principios, debe exigirse a quienes lo practican un mínimo rigor en su comportamiento, dentro del terreno de juego y en sus declaraciones públicas. Son ellos quienes tienen el deber moral de hacer respetar un deporte del que tanto se puede y se debe aprender. Sin embargo, desgraciadamente, en tiempos recientes se ha perdido buena parte de ese espíritu, amplificándose sobremanera cualquier cuestión que pueda tener algo que ver con este deporte y, lo que es peor, dando verdadera carta de naturaleza a declaraciones que son ajenas a la esencia del juego, que tanto enseñó al gran Camus.

Ante este fenómeno expansivo del fútbol, solamente pueden adoptarse dos posturas. La primera, acrítica, es asumir que las cosas son así y que no merece la pena intentar explicar determinados comportamientos o situaciones. La segunda, más acorde con los valores que inspiran nuestro Cuerpo, debe ser la de contestar, sin responder, a quienes puedan atacar nuestra función empleando para ello el magnífico altavoz que les proporciona este deporte.

Desde la Asociación, entendemos que debemos seguir esta segunda línea. Cuando se pretende atacar nuestra labor, desde afirmaciones inverosímiles, debemos contestar, explicando didácticamente nuestra función y valores, que deben estar muy por encima de las manifestaciones públicas que pueda realizar quien, sin saber, quiere adoctrinar sobre algo tan serio en nuestro país como es el ejercicio de la acción penal. No se trata de responder, entrar en debates o salir de nuestro hábitat natural, que preside nuestro día a día en los tribunales de justicia o en funciones consultivas. Se trata, en suma, de aplicar una de las reglas esenciales de este deporte. Ante un ataque, hay que defenderse, respetando las reglas y sabiendo que en este caso, como debería ocurrir en posibles y futuros eventos, nuestra respuesta es necesaria para no perder nuestro partido: la defensa de la legalidad y de la honestidad de nuestra función. Asumamos todos que este partido tenemos que ganarlo y que siempre jugaremos mejor juntos que separados. No es solamente fútbol.

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Una de las composiciones más conocidas del reciente Premio Nobel de Literatura se titula “los tiempos están cambiando”. Publicada allá por el año 1964, transmite un mensaje plenamente actual, al poner de manifiesto la necesidad de que sepamos adaptarnos en cada momento a los cambios que se impulsan a nuestro alrededor.

Nunca hemos sido los Abogados del Estado objeto de comentario en la prensa o en los medios; antes bien, siempre hemos preferido mantener nuestra labor en un discreto segundo plano, haciendo valer nuestros argumentos en nuestro hábitat natural que no es otro que las Salas de los Tribunales de Justicia y nuestros informes.

Sin embargo, como nos recuerda Dylan, los tiempos están cambiando. En los últimos meses, han sido varios los artículos de prensa que han cuestionado nuestra labor profesional e incluso nuestra independencia. Al amparo de titulares llamativos, referidos a una conocida serie de los años 80 o a un supuesto ataque a las víctimas del terrorismo, se pretende desvirtuar nuestro ejercicio profesional. A tal efecto, se acude al sofisma de las mal llamadas “puertas giratorias”, se pretende deslizar indebidos tratos de favor o de pretendido “castigo” al justiciable en función de criterios políticos.

Nada más lejos de la realidad. Si algo caracteriza nuestro trabajo como Abogados del Estado es el absoluto respeto por el principio de legalidad y la defensa de los intereses de la Administración. Así ha acontecido respecto de quienes han sido cuestionados en la prensa.

Por otra parte, si determinados compañeros deciden acceder a la situación de excedencia voluntaria, común a todo el conjunto de la función pública, no puede ello servir como “ariete” para cuestionar sin base fáctica alguna su labor previa al pase a dicha excedencia o la de quienes continúan en servicio activo. Esta imagen transmitida en los últimos meses no nos representa.

Ante la inminente formación de Gobierno, quizá sea uno de los principales retos de nuestro Cuerpo el de saber transmitir nuestra realidad profesional, nuestra dedicación al servicio público y el derecho de quienes deciden pasar a la situación de excedencia particular. Quede constancia de ello en la que debe ser uno de los pilares de nuestra comunicación: nuestra Revista.

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Estamos asistiendo en los últimos tiempos a una masiva aparición de la Abogacía del Estado en los medios de comunicación. A veces, para mal; a veces, para bien. En este mismo número de la Revista se habla de algún caso muy significativo.

 

Lo cierto es que vivimos en el mundo de la comunicación, de los medios y de la opinión pública. Y resulta imposible sustraerse del eco mediático teniendo en cuenta los asuntos de interés público en los que participamos con mayor o menor protagonismo.

 

Dentro del Cuerpo hay que quien añora épocas pasadas cuando nadie se fijaba en nosotros. Pero nuestra imagen, nuestro significado en la sociedad española, no nos es disponible, no depende de nuestra voluntad, sino de la de otros, de profesionales de la comunicación que deciden, sin pedir permiso, lo que cuentan y lo que no y cómo lo cuentan. Resulta francamente inconcebible que nuestro papel en tantas causas penales o frente al problema del independentismo catalán no sea publicado cuando el Gobierno le dice a los españoles que el asunto está “en manos de la Abogacía del Estado”. Lo que, por cierto, es garantía de solvencia en la adopción de soluciones.

 

Esconder la cabeza debajo del ala o la cabeza en un hoyo en la tierra como el avestruz no es una solución sensata a esta situación. Reconociendo que desde luego ésta es muchas veces muy incómoda.

 

A la par, los asuntos que gestionamos exigen discreción máxima. Es obligación del funcionario guardar reserva sobre los asuntos que se gestionan. Claro que la Ley también ordena a autoridades, funcionarios y profesionales de la Justicia el secreto de los sumarios bajo sanción penal y nada más que leer lo anterior es imposible no sonreír. Resulta llamativo que nadie haya sido condenado por revelar el secreto de un sumario, pero es así. El delito de descubrimiento y revelación de secretos sobre esta cuestión concreta ha sido derogado por desuetudo.

 

Además, no nos sentimos cómodos en este mundo, ante los focos, porque no es propio de nuestra condición de abogados y de la forma en la que desarrollamos nuestra profesión, de manera tranquila, silenciosa y responsable, adoptando los políticos y los gestores las decisiones y poniéndose ellos ante las cámaras. No se interviene en un pleito ni se hace un informe en un plató de televisión…

 

Cuando estás en determinados puestos, se hace inevitable el contacto con los profesionales de los medios, que te están esperando a la salida de unas declaraciones y te ruegan que compartas con ellos algo que nunca puedes decirles. Al final terminan conociendo por los abogados de la otra parte su interpretación de los hechos y lógicamente no tienen mayor interés en juzgarnos con equidad.

 

Parece indispensable que este problema se aborde por la Dirección con criterios actuales. Resulta impensable que podamos volver a realizar nuestra profesión ajenos a la publicidad. Este mismo Gobierno ha publicado leyes de transparencia que se fundan en el principio de que “el pueblo tiene derecho a saber”. ¿Estamos preparados para ello? No, no lo estamos. Es imprescindible que este despacho público de abogados considere seriamente ponerse en manos de profesionales de la comunicación que consigan que el nombre del compañero no salga a la luz pública y que pueda transmitir mensajes institucionales al margen de la actuación de este o aquel Abogado del Estado. Si no, muchos de nosotros que jugamos el partido en primera línea seguiremos en la más absoluta indefensión frente a la opinión pública, carecemos por completo de voz. Y hoy no hay nada peor.

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Número 42
Sobre la exposición a los medios de comunicación

Estamos asistiendo en los últimos tiempos a una masiva aparición de la Abogacía del Estado…

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Número 10
julio a septiembre 2005

La defensa jurídica del Estado en los países de nuestro entorno

La necesidad de organizar la defensa jurídica del Estado se manifiesta en todos los sistemas de Derecho tan pronto como surge la consideración del Estado como persona jurídica responsable. No obstante, esta necesidad se soluciona de manera peculiar y distinta en cada una de las naciones.

En efecto, la práctica inexistencia hasta fechas muy recientes de foros en los que compitan entre sí estos distintos modos de organizarse, su estrecha vinculación a la estructura jurídico-política propia de cada uno de los países, junto con otras consideraciones, como por ejemplo el rechazo unánime que provoca la idea del litigio de un Estado ante el poder judicial de otro, han supuesto que las distintas formas en la representación y defensa jurídica del Estado en los países de nuestro entorno se hayan desarrollado poco menos que como compartimentos estancos.

Bien puede verse que la situación ha cambiado radicalmente. La defensa del Estado ha asumido una proyección exterior esencial, y no sólo en el más inmediato foro de la Unión Europea.

El establecimiento de relaciones y el intercambio de modos de actuar y de formas de organizarse con otros sistemas jurídicos aparecen como una de las principales fuerzas que van a conformar aquello en lo que nos convertiremos a medio plazo. De ahí el indudable interés que ofrece la iniciativa que la Revista de la Asociación de Abogados del Estado comienza en este número con el artículo "La asistencia jurídica a la Administración Federal y sus agencias: Canadá", cuyo autor es nuestro compañero Miguel Angel Gilabert.

Esta serie de artículos tiene como destino el análisis de los elementos más esenciales de la materia en los distintos Estados de nuestro entorno jurídico, elementos que en todo caso nos permitirán para realizar una reflexión sobre nuestro centenario modelo y sus perspectivas de futuro.