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Viene del recuerdo la letra de la vieja canción de Bob Dylan, escrita en 1962, en la que reclamaba a senadores y congresistas que no se quedaran en la puerta, que no bloquearan el paso a los nuevos tiempos, en un tono desafiante muy propio de aquélla época de protestas y defensa de los derechos civiles.

 

Nuestros medios de comunicación en este año eterno de elecciones van proclamando también consignas de cambio: nuevos partidos emergentes con líderes que nunca han participado activamente en la política con sus nuevos lemas que quizás incluso representen nuevas ideas, con imposiciones a los dos partidos tradicionales para permitirles gobernar en el mapa autonómico y local y no se sabe muy bien si gobernar ellos también.

 

Un nuevo tiempo dicen los afortunados que poseen el don de la predicción. Desde luego, una nueva forma de hacer política que impondrá mayor diálogo y la necesidad de gobernar con acuerdos entre distintos partidos y líderes.

 

¿Miedo al desgobierno?

 

No. Por fortuna, España cuenta con una Administración Pública de calidad, fuertemente profesionalizada gracias a sus rigurosos sistemas de selección y provisión de puestos de trabajo que permite a los empleados públicos realizar un trabajo fundado en criterios estrictamente técnicos en todas la áreas del conocimiento, sin presiones guiadas por objetivos políticos al margen del interés general.

 

Quizás vengan nuevos tiempos de verdad; quizás cambiaremos sólo en apariencia para volver a reinventar lo mismo que tenemos. En todo caso, la Administración Pública seguirá garantizando los servicios públicos esenciales, el control en la gestión de los caudales públicos y en la toma de decisiones por las autoridades, el cumplimiento solidario de sus obligaciones por parte de los ciudadanos, en suma, la realización del bien común.

 

¡Pero que no tarden en alcanzar acuerdos!

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La fotografía que acompaña a estas líneas recoge el momento en el que, quien por entonces era S.A.R. el Príncipe de Asturias, recibió en audiencia a tres promociones del Cuerpo de Abogados del Estado: 2008, 2009 y 2011, acompañadas del Sr. Ministro de Justicia y la Abogada General del Estado.

La instantánea tiene, para los compañeros que participaron en ese acto, la misma significación que otras fotografías tomadas en años anteriores con ocasión de la tradicional recepción en el Palacio de La Zarzuela de las promociones recientemente incorporadas al Cuerpo de Abogados del Estado: el momento festivo propio de la alegría de haber aprobado la oposición junto con el honor enorme de ser reconocido por la más alta Magistratura del Estado como integrante de un colectivo con inquebrantable vocación de servicio a España.

Hoy recobramos esta fotografía por la importancia adicional de su actualidad. La audiencia fue presidida por S.A.R. el Príncipe de Asturias sustituyendo por primera vez a S.M. El Rey Don Juan Carlos I, a quien un accidente que le obligó a faltar de esta tradicional deferencia y distinción para con el Cuerpo de Abogados del Estado. Tan excepcional fue que todos los medios de comunicación social dieron cuenta de este acto.

Representa, vista desde hoy, el arranque de un proceso de cambio al frente de la Jefatura del Estado, y es un honor para el Cuerpo de Abogados del Estado en general y para los integrantes de estas tres promociones en particular haber sido distinguidos por quien hoy es S. M. El Rey Felipe VI. También porque el Jefe de su Casa sea nuestro compañero Jaime Alfonsín Alfonso.

Desde esta Asociación deseamos a S.M. El Rey Don Felipe VI el mayor de los aciertos en la tarea que afronta y que le ha correspondido iniciar en una época tan necesitada del ejercicio de las funciones que constitucionalmente tiene encomendadas.

Los Abogados del Estado lo son dentro de España de la Administración del Estado, pero fuera lo son del Reino, del Estado en su conjunto como única persona jurídica de Derecho Internacional. Y Su Majestad el símbolo de la unidad y la permanencia de esta antigua pero vital nación.

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El mes de diciembre pasado concluyó el proceso selectivo para la incorporación de dieciséis nuevos compañeros que conforman la promoción de 2013. Esta promoción bien podría recibir el sobrenombre de la “Deseada”,  porque su incorporación era esperada con ansia por el resto de los compañeros que están en servicio activo ante la sobrecarga de trabajo que pesa sobre las unidades. Son ya varias las Promociones que tardan dos años en alumbrarse (2009, 2011 y 2013). Junto con este espaciamiento temporal de cada nueva promoción, se observa que se ha ido reduciendo de forma llamativa el número de plazas convocadas en cada uno de los años. Las restricciones impuestas por la crisis económica así lo han exigido.

Sin embargo, entendemos que precisamente las mismas razones que aconsejan restringir el gasto y, consecuentemente, la oferta de empleo público, deberían llevarnos a una solución completamente distinta: incrementar la oferta de empleo público precisamente para cubrir aquellos puestos de trabajo que o bien permiten reducir o controlar mejor el gasto público, o bien permiten lograr ingresos públicos. Es viejo el dicho popular que recuerda que es mejor perder una peseta para ganar un duro.

Si se atiende al gasto público que supone un Abogado del Estado (idéntico razonamiento cabría hacer para otros funcionarios como Inspectores de Hacienda, Interventores del Estado, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social u otros), fácilmente se advierte que éste queda más que suficientemente cubierto con una parte pequeña de su trabajo. Por poner algunos ejemplos, resulta que un delito contra la Hacienda Pública adecuadamente defendido supone al menos 120.000 euros de cuota recuperada, más sus intereses de demora, la multa al menos del tanto defraudado, y las costas devengadas a favor del Tesoro Público. Un solo procedimiento, entre los miles que penden, sería “la peseta a perder”  (ese procedimiento cubriría el solo el salario de varios compañeros –o el del compañero y el Inspector de Hacienda actuario– y alguno otro en concreto el de todo el Cuerpo en un año), siendo el resto de los procedimientos ingreso neto para el Estado –“el duro a ganar”–.  El ejemplo del delito contra la Hacienda Pública es bueno porque tiene un umbral delictivo que facilita identificar de manera estándar el ingreso que se persigue,  pero lo mismo sucede con el resto de procedimientos en que intervienen los Abogados del Estado en defensa de los intereses económicos públicos (sin referirnos a otros procedimientos donde están en juego otro tipo de intereses no económicos, muy relevantes). En esta situación de crisis económica entendemos que es precisamente ahora cuando es más necesario hacer el gasto público en aquel personal cuyo trabajo, en términos netos, facilitará la tan necesaria consolidación fiscal.

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El Consejo de Ministros creó en su día la llamada CORA para, en un breve plazo, tras recabar información de las Administraciones Públicas y de sus Departamentos, Consejerías, Plenos, Comisiones, órganos, Organismos y demás infinitas entidades que habitan el universo del  sector público, después de estudiar los datos y generar ideas reformadoras, emitir un informe sobre los defectos, errores, aciertos y soluciones que gravitan sobre la Administración Pública en su conjunto. Para ello se ha contado con la participación de diversos agentes sociales –entre los que se encuentra FEDECA– y sólo a través de la participación ciudadana se han recibido más de 2.000 sugerencias.

El resultado es un voluminoso informe de 250 páginas, presentado el 21 de junio de 2013 y publicado en la web de Moncloa, donde, aparte de la proposición de medidas de carácter general, se articulan las más específicas relativas a cada una de las cuatro subcomisiones en las que se dividió la CORA: Duplicidades Administrativas, Simplificación Administrativa, Gestión de Servicios y Medios Comunes y Administración Institucional. En total, 217 medidas.

Llama la atención, en primer lugar, la buena acogida de las medidas reformadoras, tanto en los medios de comunicación como incluso en los grupos políticos de oposición; cosa lamentablemente infrecuente en nuestro país, incapaz de alabar lo bueno que haga aquel a quien se considera enemigo.

Y es que la lectura del diagnóstico y de los remedios a aplicar a nuestra Administración parece, en general, salvo discrepancias concretas, plenas de sentido común. Entonces, ¿cómo es que hasta ahora se han permitido, sin poner freno ni remedio, situaciones y hechos como los que se describen en el informe, y que en algunos casos  no cabe sino tildar de espeluznantes?, ¿es que en España tiene que haber una situación crítica como la que venimos padeciendo para que nuestros gobernantes hagan sus deberes? Desde luego este informe evoca hacia el pasado malísimas decisiones de gobierno, peores prácticas de gestión, desidias, inercias y errores, incluso corrupciones y corruptelas, que caerán en el olvido de la irresponsabilidad personal pero que deberían, a todos los que nos ocupamos de la res publica, grabarnos a fuego  que a la Administración Pública hay que cuidarla y no abandonarla a la deriva, para cuando la crisis pase.

Una vez emitido el informe viene lo más difícil: ahora hay que ejecutarlo con decisión, superando cuantos obstáculos se presenten, con pleno respeto a los derechos de los abnegados servidores públicos y de los ciudadanos.

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En el corazón de un Abogado del Estado, cualquiera que sea su situación administrativa o su destino, late, en primer lugar, la condición de abogado. No digo que para hacer rabiar y perder la compostura a otro abogado en un pleito, sobre todo, oral, esté feo recordarle lo que nos separa y podríamos contar mil anécdotas referentes a cuando aquél se atreve a llamarnos en juicio “compañero”, la palabra sagrada que nos une sólo a nosotros. Sin embargo, todos sabemos, por dentro, que estamos más próximos a él que a otros…

Se escribe este editorial en un momento en que la Abogacía del Estado ha salido a los medios en un asunto de gran repercusión mediática. La defensa ante la Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de la denominada “doctrina Parot”. Con convicción, contundencia e inteligencia se defendieron las posiciones de España por sus magníficos Abogados.

Al Abogado del Estado le puede parecer a veces que tiene  “un cliente difícil”(lo cual probablemente llamaría a la sonrisa amable a los Abogados del Estado  excedentes); pero lo que sin duda, tiene el Abogado del Estado, en muchas ocasiones, es un trabajo difícil. Y por ello lo ejerce con tan grandes dosis de responsabilidad y dedicación. Y en todos los frentes.

Del maravilloso libro “El alma de la toga”, de D. Ángel Ossorio y Gallardo reproduzco lo que en opinión del autor es ser Abogado:

El esclarecido ministerio del asesoramiento y de la defensa, va dejando en el juicio y en el proceder unas modalidades que imprimen carácter. Por ejemplo: la fuerte definición del concepto propio y simultáneamente, la antitética disposición a abandonarle, parcial o totalmente, en bien de la paz; la rapidez en la asimilación de hechos e ideas, coincidentes con las decisiones más arriesgadas, como si fueran hijas de dilatada meditación; el olvido de la conveniencia y de la comodidad personales para anteponer el interés de quien a nosotros se confía (aspecto este en que coincidimos con los médicos); el reunir en una misma mente la elevada serenidad del patriarca y la astucia maliciosa del aldeano; el cultivar a un tiempo los secarrales legislativos y el vergel frondoso de la literatura ya que nuestra misión se expresa por medio del arte; el fomento de la paciencia sin mansedumbre para con el cliente, del respeto sin humillación para con el tribunal, de la cordialidad sin extremos amistosos para con los compañeros, de la firmeza sin amor propio para el pensamiento de uno, de la consideración sin debilidades para el de los demás”.

Definición, sin duda, que es igualmente aplicable al Abogado del Estado.

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Número 41
Times they are a changing

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¿Miedo al desgobierno?

 

No. Por fortuna, España cuenta con una Administración Pública de calidad, fuertemente profesionalizada gracias a sus rigurosos sistemas de selección y provisión de puestos de trabajo que permite a los empleados públicos realizar un trabajo fundado en criterios estrictamente técnicos en todas la áreas del conocimiento, sin presiones guiadas por objetivos políticos al margen del interés general.

 

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Hoy recobramos esta fotografía por la importancia adicional de su actualidad. La audiencia fue presidida por S.A.R. el Príncipe de Asturias sustituyendo por primera vez a S.M. El Rey Don Juan Carlos I, a quien un accidente que le obligó a faltar de esta tradicional deferencia y distinción para con el Cuerpo de Abogados del Estado. Tan excepcional fue que todos los medios de comunicación social dieron cuenta de este acto.

Representa, vista desde hoy, el arranque de un proceso de cambio al frente de la Jefatura del Estado, y es un honor para el Cuerpo de Abogados del Estado en general y para los integrantes de estas tres promociones en particular haber sido distinguidos por quien hoy es S. M. El Rey Felipe VI. También porque el Jefe de su Casa sea nuestro compañero Jaime Alfonsín Alfonso.

Desde esta Asociación deseamos a S.M. El Rey Don Felipe VI el mayor de los aciertos en la tarea que afronta y que le ha correspondido iniciar en una época tan necesitada del ejercicio de las funciones que constitucionalmente tiene encomendadas.

Los Abogados del Estado lo son dentro de España de la Administración del Estado, pero fuera lo son del Reino, del Estado en su conjunto como única persona jurídica de Derecho Internacional. Y Su Majestad el símbolo de la unidad y la permanencia de esta antigua pero vital nación.

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El mes de diciembre pasado concluyó el proceso selectivo para la incorporación de dieciséis nuevos compañeros que conforman la promoción de 2013. Esta promoción bien podría recibir el sobrenombre de la “Deseada”,  porque su incorporación era esperada con ansia por el resto de los compañeros que están en servicio activo ante la sobrecarga de trabajo que pesa sobre las unidades. Son ya varias las Promociones que tardan dos años en alumbrarse (2009, 2011 y 2013). Junto con este espaciamiento temporal de cada nueva promoción, se observa que se ha ido reduciendo de forma llamativa el número de plazas convocadas en cada uno de los años. Las restricciones impuestas por la crisis económica así lo han exigido.

Sin embargo, entendemos que precisamente las mismas razones que aconsejan restringir el gasto y, consecuentemente, la oferta de empleo público, deberían llevarnos a una solución completamente distinta: incrementar la oferta de empleo público precisamente para cubrir aquellos puestos de trabajo que o bien permiten reducir o controlar mejor el gasto público, o bien permiten lograr ingresos públicos. Es viejo el dicho popular que recuerda que es mejor perder una peseta para ganar un duro.

Si se atiende al gasto público que supone un Abogado del Estado (idéntico razonamiento cabría hacer para otros funcionarios como Inspectores de Hacienda, Interventores del Estado, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social u otros), fácilmente se advierte que éste queda más que suficientemente cubierto con una parte pequeña de su trabajo. Por poner algunos ejemplos, resulta que un delito contra la Hacienda Pública adecuadamente defendido supone al menos 120.000 euros de cuota recuperada, más sus intereses de demora, la multa al menos del tanto defraudado, y las costas devengadas a favor del Tesoro Público. Un solo procedimiento, entre los miles que penden, sería “la peseta a perder”  (ese procedimiento cubriría el solo el salario de varios compañeros –o el del compañero y el Inspector de Hacienda actuario– y alguno otro en concreto el de todo el Cuerpo en un año), siendo el resto de los procedimientos ingreso neto para el Estado –“el duro a ganar”–.  El ejemplo del delito contra la Hacienda Pública es bueno porque tiene un umbral delictivo que facilita identificar de manera estándar el ingreso que se persigue,  pero lo mismo sucede con el resto de procedimientos en que intervienen los Abogados del Estado en defensa de los intereses económicos públicos (sin referirnos a otros procedimientos donde están en juego otro tipo de intereses no económicos, muy relevantes). En esta situación de crisis económica entendemos que es precisamente ahora cuando es más necesario hacer el gasto público en aquel personal cuyo trabajo, en términos netos, facilitará la tan necesaria consolidación fiscal.

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El Consejo de Ministros creó en su día la llamada CORA para, en un breve plazo, tras recabar información de las Administraciones Públicas y de sus Departamentos, Consejerías, Plenos, Comisiones, órganos, Organismos y demás infinitas entidades que habitan el universo del  sector público, después de estudiar los datos y generar ideas reformadoras, emitir un informe sobre los defectos, errores, aciertos y soluciones que gravitan sobre la Administración Pública en su conjunto. Para ello se ha contado con la participación de diversos agentes sociales –entre los que se encuentra FEDECA– y sólo a través de la participación ciudadana se han recibido más de 2.000 sugerencias.

El resultado es un voluminoso informe de 250 páginas, presentado el 21 de junio de 2013 y publicado en la web de Moncloa, donde, aparte de la proposición de medidas de carácter general, se articulan las más específicas relativas a cada una de las cuatro subcomisiones en las que se dividió la CORA: Duplicidades Administrativas, Simplificación Administrativa, Gestión de Servicios y Medios Comunes y Administración Institucional. En total, 217 medidas.

Llama la atención, en primer lugar, la buena acogida de las medidas reformadoras, tanto en los medios de comunicación como incluso en los grupos políticos de oposición; cosa lamentablemente infrecuente en nuestro país, incapaz de alabar lo bueno que haga aquel a quien se considera enemigo.

Y es que la lectura del diagnóstico y de los remedios a aplicar a nuestra Administración parece, en general, salvo discrepancias concretas, plenas de sentido común. Entonces, ¿cómo es que hasta ahora se han permitido, sin poner freno ni remedio, situaciones y hechos como los que se describen en el informe, y que en algunos casos  no cabe sino tildar de espeluznantes?, ¿es que en España tiene que haber una situación crítica como la que venimos padeciendo para que nuestros gobernantes hagan sus deberes? Desde luego este informe evoca hacia el pasado malísimas decisiones de gobierno, peores prácticas de gestión, desidias, inercias y errores, incluso corrupciones y corruptelas, que caerán en el olvido de la irresponsabilidad personal pero que deberían, a todos los que nos ocupamos de la res publica, grabarnos a fuego  que a la Administración Pública hay que cuidarla y no abandonarla a la deriva, para cuando la crisis pase.

Una vez emitido el informe viene lo más difícil: ahora hay que ejecutarlo con decisión, superando cuantos obstáculos se presenten, con pleno respeto a los derechos de los abnegados servidores públicos y de los ciudadanos.

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En el corazón de un Abogado del Estado, cualquiera que sea su situación administrativa o su destino, late, en primer lugar, la condición de abogado. No digo que para hacer rabiar y perder la compostura a otro abogado en un pleito, sobre todo, oral, esté feo recordarle lo que nos separa y podríamos contar mil anécdotas referentes a cuando aquél se atreve a llamarnos en juicio “compañero”, la palabra sagrada que nos une sólo a nosotros. Sin embargo, todos sabemos, por dentro, que estamos más próximos a él que a otros…

Se escribe este editorial en un momento en que la Abogacía del Estado ha salido a los medios en un asunto de gran repercusión mediática. La defensa ante la Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de la denominada “doctrina Parot”. Con convicción, contundencia e inteligencia se defendieron las posiciones de España por sus magníficos Abogados.

Al Abogado del Estado le puede parecer a veces que tiene  “un cliente difícil”(lo cual probablemente llamaría a la sonrisa amable a los Abogados del Estado  excedentes); pero lo que sin duda, tiene el Abogado del Estado, en muchas ocasiones, es un trabajo difícil. Y por ello lo ejerce con tan grandes dosis de responsabilidad y dedicación. Y en todos los frentes.

Del maravilloso libro “El alma de la toga”, de D. Ángel Ossorio y Gallardo reproduzco lo que en opinión del autor es ser Abogado:

El esclarecido ministerio del asesoramiento y de la defensa, va dejando en el juicio y en el proceder unas modalidades que imprimen carácter. Por ejemplo: la fuerte definición del concepto propio y simultáneamente, la antitética disposición a abandonarle, parcial o totalmente, en bien de la paz; la rapidez en la asimilación de hechos e ideas, coincidentes con las decisiones más arriesgadas, como si fueran hijas de dilatada meditación; el olvido de la conveniencia y de la comodidad personales para anteponer el interés de quien a nosotros se confía (aspecto este en que coincidimos con los médicos); el reunir en una misma mente la elevada serenidad del patriarca y la astucia maliciosa del aldeano; el cultivar a un tiempo los secarrales legislativos y el vergel frondoso de la literatura ya que nuestra misión se expresa por medio del arte; el fomento de la paciencia sin mansedumbre para con el cliente, del respeto sin humillación para con el tribunal, de la cordialidad sin extremos amistosos para con los compañeros, de la firmeza sin amor propio para el pensamiento de uno, de la consideración sin debilidades para el de los demás”.

Definición, sin duda, que es igualmente aplicable al Abogado del Estado.

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Número 39
"El duro a ganar"

El mes de diciembre pasado…

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Viene del recuerdo la letra de la vieja canción de Bob Dylan, escrita en 1962, en la que reclamaba a senadores y congresistas que no se quedaran en la puerta, que no bloquearan el paso a los nuevos tiempos, en un tono desafiante muy propio de aquélla época de protestas y defensa de los derechos civiles.

 

Nuestros medios de comunicación en este año eterno de elecciones van proclamando también consignas de cambio: nuevos partidos emergentes con líderes que nunca han participado activamente en la política con sus nuevos lemas que quizás incluso representen nuevas ideas, con imposiciones a los dos partidos tradicionales para permitirles gobernar en el mapa autonómico y local y no se sabe muy bien si gobernar ellos también.

 

Un nuevo tiempo dicen los afortunados que poseen el don de la predicción. Desde luego, una nueva forma de hacer política que impondrá mayor diálogo y la necesidad de gobernar con acuerdos entre distintos partidos y líderes.

 

¿Miedo al desgobierno?

 

No. Por fortuna, España cuenta con una Administración Pública de calidad, fuertemente profesionalizada gracias a sus rigurosos sistemas de selección y provisión de puestos de trabajo que permite a los empleados públicos realizar un trabajo fundado en criterios estrictamente técnicos en todas la áreas del conocimiento, sin presiones guiadas por objetivos políticos al margen del interés general.

 

Quizás vengan nuevos tiempos de verdad; quizás cambiaremos sólo en apariencia para volver a reinventar lo mismo que tenemos. En todo caso, la Administración Pública seguirá garantizando los servicios públicos esenciales, el control en la gestión de los caudales públicos y en la toma de decisiones por las autoridades, el cumplimiento solidario de sus obligaciones por parte de los ciudadanos, en suma, la realización del bien común.

 

¡Pero que no tarden en alcanzar acuerdos!

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Hoy recobramos esta fotografía por la importancia adicional de su actualidad. La audiencia fue presidida por S.A.R. el Príncipe de Asturias sustituyendo por primera vez a S.M. El Rey Don Juan Carlos I, a quien un accidente que le obligó a faltar de esta tradicional deferencia y distinción para con el Cuerpo de Abogados del Estado. Tan excepcional fue que todos los medios de comunicación social dieron cuenta de este acto.

Representa, vista desde hoy, el arranque de un proceso de cambio al frente de la Jefatura del Estado, y es un honor para el Cuerpo de Abogados del Estado en general y para los integrantes de estas tres promociones en particular haber sido distinguidos por quien hoy es S. M. El Rey Felipe VI. También porque el Jefe de su Casa sea nuestro compañero Jaime Alfonsín Alfonso.

Desde esta Asociación deseamos a S.M. El Rey Don Felipe VI el mayor de los aciertos en la tarea que afronta y que le ha correspondido iniciar en una época tan necesitada del ejercicio de las funciones que constitucionalmente tiene encomendadas.

Los Abogados del Estado lo son dentro de España de la Administración del Estado, pero fuera lo son del Reino, del Estado en su conjunto como única persona jurídica de Derecho Internacional. Y Su Majestad el símbolo de la unidad y la permanencia de esta antigua pero vital nación.

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Sin embargo, entendemos que precisamente las mismas razones que aconsejan restringir el gasto y, consecuentemente, la oferta de empleo público, deberían llevarnos a una solución completamente distinta: incrementar la oferta de empleo público precisamente para cubrir aquellos puestos de trabajo que o bien permiten reducir o controlar mejor el gasto público, o bien permiten lograr ingresos públicos. Es viejo el dicho popular que recuerda que es mejor perder una peseta para ganar un duro.

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El mes de diciembre pasado concluyó el proceso selectivo para la incorporación de dieciséis nuevos compañeros que conforman la promoción de 2013. Esta promoción bien podría recibir el sobrenombre de la “Deseada”,  porque su incorporación era esperada con ansia por el resto de los compañeros que están en servicio activo ante la sobrecarga de trabajo que pesa sobre las unidades. Son ya varias las Promociones que tardan dos años en alumbrarse (2009, 2011 y 2013). Junto con este espaciamiento temporal de cada nueva promoción, se observa que se ha ido reduciendo de forma llamativa el número de plazas convocadas en cada uno de los años. Las restricciones impuestas por la crisis económica así lo han exigido.

Sin embargo, entendemos que precisamente las mismas razones que aconsejan restringir el gasto y, consecuentemente, la oferta de empleo público, deberían llevarnos a una solución completamente distinta: incrementar la oferta de empleo público precisamente para cubrir aquellos puestos de trabajo que o bien permiten reducir o controlar mejor el gasto público, o bien permiten lograr ingresos públicos. Es viejo el dicho popular que recuerda que es mejor perder una peseta para ganar un duro.

Si se atiende al gasto público que supone un Abogado del Estado (idéntico razonamiento cabría hacer para otros funcionarios como Inspectores de Hacienda, Interventores del Estado, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social u otros), fácilmente se advierte que éste queda más que suficientemente cubierto con una parte pequeña de su trabajo. Por poner algunos ejemplos, resulta que un delito contra la Hacienda Pública adecuadamente defendido supone al menos 120.000 euros de cuota recuperada, más sus intereses de demora, la multa al menos del tanto defraudado, y las costas devengadas a favor del Tesoro Público. Un solo procedimiento, entre los miles que penden, sería “la peseta a perder”  (ese procedimiento cubriría el solo el salario de varios compañeros –o el del compañero y el Inspector de Hacienda actuario– y alguno otro en concreto el de todo el Cuerpo en un año), siendo el resto de los procedimientos ingreso neto para el Estado –“el duro a ganar”–.  El ejemplo del delito contra la Hacienda Pública es bueno porque tiene un umbral delictivo que facilita identificar de manera estándar el ingreso que se persigue,  pero lo mismo sucede con el resto de procedimientos en que intervienen los Abogados del Estado en defensa de los intereses económicos públicos (sin referirnos a otros procedimientos donde están en juego otro tipo de intereses no económicos, muy relevantes). En esta situación de crisis económica entendemos que es precisamente ahora cuando es más necesario hacer el gasto público en aquel personal cuyo trabajo, en términos netos, facilitará la tan necesaria consolidación fiscal.

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El Consejo de Ministros creó en su día la llamada CORA para, en un breve plazo, tras recabar información de las Administraciones Públicas y de sus Departamentos, Consejerías, Plenos, Comisiones, órganos, Organismos y demás infinitas entidades que habitan el universo del  sector público, después de estudiar los datos y generar ideas reformadoras, emitir un informe sobre los defectos, errores, aciertos y soluciones que gravitan sobre la Administración Pública en su conjunto. Para ello se ha contado con la participación de diversos agentes sociales –entre los que se encuentra FEDECA– y sólo a través de la participación ciudadana se han recibido más de 2.000 sugerencias.

El resultado es un voluminoso informe de 250 páginas, presentado el 21 de junio de 2013 y publicado en la web de Moncloa, donde, aparte de la proposición de medidas de carácter general, se articulan las más específicas relativas a cada una de las cuatro subcomisiones en las que se dividió la CORA: Duplicidades Administrativas, Simplificación Administrativa, Gestión de Servicios y Medios Comunes y Administración Institucional. En total, 217 medidas.

Llama la atención, en primer lugar, la buena acogida de las medidas reformadoras, tanto en los medios de comunicación como incluso en los grupos políticos de oposición; cosa lamentablemente infrecuente en nuestro país, incapaz de alabar lo bueno que haga aquel a quien se considera enemigo.

Y es que la lectura del diagnóstico y de los remedios a aplicar a nuestra Administración parece, en general, salvo discrepancias concretas, plenas de sentido común. Entonces, ¿cómo es que hasta ahora se han permitido, sin poner freno ni remedio, situaciones y hechos como los que se describen en el informe, y que en algunos casos  no cabe sino tildar de espeluznantes?, ¿es que en España tiene que haber una situación crítica como la que venimos padeciendo para que nuestros gobernantes hagan sus deberes? Desde luego este informe evoca hacia el pasado malísimas decisiones de gobierno, peores prácticas de gestión, desidias, inercias y errores, incluso corrupciones y corruptelas, que caerán en el olvido de la irresponsabilidad personal pero que deberían, a todos los que nos ocupamos de la res publica, grabarnos a fuego  que a la Administración Pública hay que cuidarla y no abandonarla a la deriva, para cuando la crisis pase.

Una vez emitido el informe viene lo más difícil: ahora hay que ejecutarlo con decisión, superando cuantos obstáculos se presenten, con pleno respeto a los derechos de los abnegados servidores públicos y de los ciudadanos.

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En el corazón de un Abogado del Estado, cualquiera que sea su situación administrativa o su destino, late, en primer lugar, la condición de abogado. No digo que para hacer rabiar y perder la compostura a otro abogado en un pleito, sobre todo, oral, esté feo recordarle lo que nos separa y podríamos contar mil anécdotas referentes a cuando aquél se atreve a llamarnos en juicio “compañero”, la palabra sagrada que nos une sólo a nosotros. Sin embargo, todos sabemos, por dentro, que estamos más próximos a él que a otros…

Se escribe este editorial en un momento en que la Abogacía del Estado ha salido a los medios en un asunto de gran repercusión mediática. La defensa ante la Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de la denominada “doctrina Parot”. Con convicción, contundencia e inteligencia se defendieron las posiciones de España por sus magníficos Abogados.

Al Abogado del Estado le puede parecer a veces que tiene  “un cliente difícil”(lo cual probablemente llamaría a la sonrisa amable a los Abogados del Estado  excedentes); pero lo que sin duda, tiene el Abogado del Estado, en muchas ocasiones, es un trabajo difícil. Y por ello lo ejerce con tan grandes dosis de responsabilidad y dedicación. Y en todos los frentes.

Del maravilloso libro “El alma de la toga”, de D. Ángel Ossorio y Gallardo reproduzco lo que en opinión del autor es ser Abogado:

El esclarecido ministerio del asesoramiento y de la defensa, va dejando en el juicio y en el proceder unas modalidades que imprimen carácter. Por ejemplo: la fuerte definición del concepto propio y simultáneamente, la antitética disposición a abandonarle, parcial o totalmente, en bien de la paz; la rapidez en la asimilación de hechos e ideas, coincidentes con las decisiones más arriesgadas, como si fueran hijas de dilatada meditación; el olvido de la conveniencia y de la comodidad personales para anteponer el interés de quien a nosotros se confía (aspecto este en que coincidimos con los médicos); el reunir en una misma mente la elevada serenidad del patriarca y la astucia maliciosa del aldeano; el cultivar a un tiempo los secarrales legislativos y el vergel frondoso de la literatura ya que nuestra misión se expresa por medio del arte; el fomento de la paciencia sin mansedumbre para con el cliente, del respeto sin humillación para con el tribunal, de la cordialidad sin extremos amistosos para con los compañeros, de la firmeza sin amor propio para el pensamiento de uno, de la consideración sin debilidades para el de los demás”.

Definición, sin duda, que es igualmente aplicable al Abogado del Estado.

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Número 37
Somos Abogados

En el corazón de un Abogado del Estado, cualquiera que sea su situación administrativa o su destino,…

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Número 43


Los tiempos están cambiando

Una de las composiciones más conocidas del reciente Premio Nobel de Literatura se titula “los tiempos están cambiando”. Publicada allá por el año 1964, transmite un mensaje plenamente actual, al poner de manifiesto la necesidad de que sepamos adaptarnos en cada momento a los cambios que se impulsan a nuestro alrededor.

Nunca hemos sido los Abogados del Estado objeto de comentario en la prensa o en los medios; antes bien, siempre hemos preferido mantener nuestra labor en un discreto segundo plano, haciendo valer nuestros argumentos en nuestro hábitat natural que no es otro que las Salas de los Tribunales de Justicia y nuestros informes.

Sin embargo, como nos recuerda Dylan, los tiempos están cambiando. En los últimos meses, han sido varios los artículos de prensa que han cuestionado nuestra labor profesional e incluso nuestra independencia. Al amparo de titulares llamativos, referidos a una conocida serie de los años 80 o a un supuesto ataque a las víctimas del terrorismo, se pretende desvirtuar nuestro ejercicio profesional. A tal efecto, se acude al sofisma de las mal llamadas “puertas giratorias”, se pretende deslizar indebidos tratos de favor o de pretendido “castigo” al justiciable en función de criterios políticos.

Nada más lejos de la realidad. Si algo caracteriza nuestro trabajo como Abogados del Estado es el absoluto respeto por el principio de legalidad y la defensa de los intereses de la Administración. Así ha acontecido respecto de quienes han sido cuestionados en la prensa.

Por otra parte, si determinados compañeros deciden acceder a la situación de excedencia voluntaria, común a todo el conjunto de la función pública, no puede ello servir como “ariete” para cuestionar sin base fáctica alguna su labor previa al pase a dicha excedencia o la de quienes continúan en servicio activo. Esta imagen transmitida en los últimos meses no nos representa.

Ante la inminente formación de Gobierno, quizá sea uno de los principales retos de nuestro Cuerpo el de saber transmitir nuestra realidad profesional, nuestra dedicación al servicio público y el derecho de quienes deciden pasar a la situación de excedencia particular. Quede constancia de ello en la que debe ser uno de los pilares de nuestra comunicación: nuestra Revista.