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La fotografía que acompaña a estas líneas recoge el momento en el que, quien por entonces era S.A.R. el Príncipe de Asturias, recibió en audiencia a tres promociones del Cuerpo de Abogados del Estado: 2008, 2009 y 2011, acompañadas del Sr. Ministro de Justicia y la Abogada General del Estado.

La instantánea tiene, para los compañeros que participaron en ese acto, la misma significación que otras fotografías tomadas en años anteriores con ocasión de la tradicional recepción en el Palacio de La Zarzuela de las promociones recientemente incorporadas al Cuerpo de Abogados del Estado: el momento festivo propio de la alegría de haber aprobado la oposición junto con el honor enorme de ser reconocido por la más alta Magistratura del Estado como integrante de un colectivo con inquebrantable vocación de servicio a España.

Hoy recobramos esta fotografía por la importancia adicional de su actualidad. La audiencia fue presidida por S.A.R. el Príncipe de Asturias sustituyendo por primera vez a S.M. El Rey Don Juan Carlos I, a quien un accidente que le obligó a faltar de esta tradicional deferencia y distinción para con el Cuerpo de Abogados del Estado. Tan excepcional fue que todos los medios de comunicación social dieron cuenta de este acto.

Representa, vista desde hoy, el arranque de un proceso de cambio al frente de la Jefatura del Estado, y es un honor para el Cuerpo de Abogados del Estado en general y para los integrantes de estas tres promociones en particular haber sido distinguidos por quien hoy es S. M. El Rey Felipe VI. También porque el Jefe de su Casa sea nuestro compañero Jaime Alfonsín Alfonso.

Desde esta Asociación deseamos a S.M. El Rey Don Felipe VI el mayor de los aciertos en la tarea que afronta y que le ha correspondido iniciar en una época tan necesitada del ejercicio de las funciones que constitucionalmente tiene encomendadas.

Los Abogados del Estado lo son dentro de España de la Administración del Estado, pero fuera lo son del Reino, del Estado en su conjunto como única persona jurídica de Derecho Internacional. Y Su Majestad el símbolo de la unidad y la permanencia de esta antigua pero vital nación.

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El mes de diciembre pasado concluyó el proceso selectivo para la incorporación de dieciséis nuevos compañeros que conforman la promoción de 2013. Esta promoción bien podría recibir el sobrenombre de la “Deseada”,  porque su incorporación era esperada con ansia por el resto de los compañeros que están en servicio activo ante la sobrecarga de trabajo que pesa sobre las unidades. Son ya varias las Promociones que tardan dos años en alumbrarse (2009, 2011 y 2013). Junto con este espaciamiento temporal de cada nueva promoción, se observa que se ha ido reduciendo de forma llamativa el número de plazas convocadas en cada uno de los años. Las restricciones impuestas por la crisis económica así lo han exigido.

Sin embargo, entendemos que precisamente las mismas razones que aconsejan restringir el gasto y, consecuentemente, la oferta de empleo público, deberían llevarnos a una solución completamente distinta: incrementar la oferta de empleo público precisamente para cubrir aquellos puestos de trabajo que o bien permiten reducir o controlar mejor el gasto público, o bien permiten lograr ingresos públicos. Es viejo el dicho popular que recuerda que es mejor perder una peseta para ganar un duro.

Si se atiende al gasto público que supone un Abogado del Estado (idéntico razonamiento cabría hacer para otros funcionarios como Inspectores de Hacienda, Interventores del Estado, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social u otros), fácilmente se advierte que éste queda más que suficientemente cubierto con una parte pequeña de su trabajo. Por poner algunos ejemplos, resulta que un delito contra la Hacienda Pública adecuadamente defendido supone al menos 120.000 euros de cuota recuperada, más sus intereses de demora, la multa al menos del tanto defraudado, y las costas devengadas a favor del Tesoro Público. Un solo procedimiento, entre los miles que penden, sería “la peseta a perder”  (ese procedimiento cubriría el solo el salario de varios compañeros –o el del compañero y el Inspector de Hacienda actuario– y alguno otro en concreto el de todo el Cuerpo en un año), siendo el resto de los procedimientos ingreso neto para el Estado –“el duro a ganar”–.  El ejemplo del delito contra la Hacienda Pública es bueno porque tiene un umbral delictivo que facilita identificar de manera estándar el ingreso que se persigue,  pero lo mismo sucede con el resto de procedimientos en que intervienen los Abogados del Estado en defensa de los intereses económicos públicos (sin referirnos a otros procedimientos donde están en juego otro tipo de intereses no económicos, muy relevantes). En esta situación de crisis económica entendemos que es precisamente ahora cuando es más necesario hacer el gasto público en aquel personal cuyo trabajo, en términos netos, facilitará la tan necesaria consolidación fiscal.

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El Consejo de Ministros creó en su día la llamada CORA para, en un breve plazo, tras recabar información de las Administraciones Públicas y de sus Departamentos, Consejerías, Plenos, Comisiones, órganos, Organismos y demás infinitas entidades que habitan el universo del  sector público, después de estudiar los datos y generar ideas reformadoras, emitir un informe sobre los defectos, errores, aciertos y soluciones que gravitan sobre la Administración Pública en su conjunto. Para ello se ha contado con la participación de diversos agentes sociales –entre los que se encuentra FEDECA– y sólo a través de la participación ciudadana se han recibido más de 2.000 sugerencias.

El resultado es un voluminoso informe de 250 páginas, presentado el 21 de junio de 2013 y publicado en la web de Moncloa, donde, aparte de la proposición de medidas de carácter general, se articulan las más específicas relativas a cada una de las cuatro subcomisiones en las que se dividió la CORA: Duplicidades Administrativas, Simplificación Administrativa, Gestión de Servicios y Medios Comunes y Administración Institucional. En total, 217 medidas.

Llama la atención, en primer lugar, la buena acogida de las medidas reformadoras, tanto en los medios de comunicación como incluso en los grupos políticos de oposición; cosa lamentablemente infrecuente en nuestro país, incapaz de alabar lo bueno que haga aquel a quien se considera enemigo.

Y es que la lectura del diagnóstico y de los remedios a aplicar a nuestra Administración parece, en general, salvo discrepancias concretas, plenas de sentido común. Entonces, ¿cómo es que hasta ahora se han permitido, sin poner freno ni remedio, situaciones y hechos como los que se describen en el informe, y que en algunos casos  no cabe sino tildar de espeluznantes?, ¿es que en España tiene que haber una situación crítica como la que venimos padeciendo para que nuestros gobernantes hagan sus deberes? Desde luego este informe evoca hacia el pasado malísimas decisiones de gobierno, peores prácticas de gestión, desidias, inercias y errores, incluso corrupciones y corruptelas, que caerán en el olvido de la irresponsabilidad personal pero que deberían, a todos los que nos ocupamos de la res publica, grabarnos a fuego  que a la Administración Pública hay que cuidarla y no abandonarla a la deriva, para cuando la crisis pase.

Una vez emitido el informe viene lo más difícil: ahora hay que ejecutarlo con decisión, superando cuantos obstáculos se presenten, con pleno respeto a los derechos de los abnegados servidores públicos y de los ciudadanos.

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En el corazón de un Abogado del Estado, cualquiera que sea su situación administrativa o su destino, late, en primer lugar, la condición de abogado. No digo que para hacer rabiar y perder la compostura a otro abogado en un pleito, sobre todo, oral, esté feo recordarle lo que nos separa y podríamos contar mil anécdotas referentes a cuando aquél se atreve a llamarnos en juicio “compañero”, la palabra sagrada que nos une sólo a nosotros. Sin embargo, todos sabemos, por dentro, que estamos más próximos a él que a otros…

Se escribe este editorial en un momento en que la Abogacía del Estado ha salido a los medios en un asunto de gran repercusión mediática. La defensa ante la Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de la denominada “doctrina Parot”. Con convicción, contundencia e inteligencia se defendieron las posiciones de España por sus magníficos Abogados.

Al Abogado del Estado le puede parecer a veces que tiene  “un cliente difícil”(lo cual probablemente llamaría a la sonrisa amable a los Abogados del Estado  excedentes); pero lo que sin duda, tiene el Abogado del Estado, en muchas ocasiones, es un trabajo difícil. Y por ello lo ejerce con tan grandes dosis de responsabilidad y dedicación. Y en todos los frentes.

Del maravilloso libro “El alma de la toga”, de D. Ángel Ossorio y Gallardo reproduzco lo que en opinión del autor es ser Abogado:

El esclarecido ministerio del asesoramiento y de la defensa, va dejando en el juicio y en el proceder unas modalidades que imprimen carácter. Por ejemplo: la fuerte definición del concepto propio y simultáneamente, la antitética disposición a abandonarle, parcial o totalmente, en bien de la paz; la rapidez en la asimilación de hechos e ideas, coincidentes con las decisiones más arriesgadas, como si fueran hijas de dilatada meditación; el olvido de la conveniencia y de la comodidad personales para anteponer el interés de quien a nosotros se confía (aspecto este en que coincidimos con los médicos); el reunir en una misma mente la elevada serenidad del patriarca y la astucia maliciosa del aldeano; el cultivar a un tiempo los secarrales legislativos y el vergel frondoso de la literatura ya que nuestra misión se expresa por medio del arte; el fomento de la paciencia sin mansedumbre para con el cliente, del respeto sin humillación para con el tribunal, de la cordialidad sin extremos amistosos para con los compañeros, de la firmeza sin amor propio para el pensamiento de uno, de la consideración sin debilidades para el de los demás”.

Definición, sin duda, que es igualmente aplicable al Abogado del Estado.

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El desprestigio de la política, como antes el desprestigio de la función pública, parecen haberse convertido en los elementos precisos para la recuperación de no sé sabe muy bien el qué. Vivimos en tiempos de crisis económica que poco a poco se ha ido tornando en una crisis institucional que afecta aparentemente a todos los ámbitos. No vale nada para algunos: no vale nuestro modelo territorial, no vale nuestro modelo institucional, no vale nuestro modelo de representación política. El valor de los elementos estructurales de un Estado, de una nación, desaparece dentro de la crisis económica. El paro, el miedo a perder el puesto de trabajo, el miedo a no poder seguir manteniendo un determinado nivel de vida en todas sus extensiones y ramificaciones genera inmediatamente y de modo irremediable el pensamiento de que nada vale. Se pierde la confianza en los gestores políticos del bien común cuando el mismo está dañado o seriamente amenazado, se pierde la confianza en la función pública cuando los servicios que prestan no se sostienen económicamente, se pierde la confianza en un modelo constitucional de consenso de relaciones entre el Estado y sus territorios cuando se afirma que resulta deficitario económicamente.

 

Al final resulta que es la economía la que genera cohesión, integración y confianza en los elementos del Estado. Ante esta evidente realidad social, sin embargo, tenemos que tener la capacidad de, al menos, ponerla en duda. No cabe confundir medidas de racionalidad económica, reivindicaciones presupuestarias, financieras o el debate acerca de próximos, lejanos o inexistentes “rescates” con la idea de que España es un Estado fallido, de que nada sirve, todo debe desmontarse. España es el resultado del esfuerzo común de todos los españoles, del consenso de nuestra clase política avalado por la ciudadanía por el irrompible vínculo de la democracia.

 

Cabe recordar un eslogan que permitió a Bill Clinton convertirse en el Presidente de los  stados Unidos en 1992 y del cual simplemente eliminamos el epíteto final por inapropiado para estas páginas: “es la economía”.

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Número 40
Felipe VI

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Los Abogados del Estado lo son dentro de España de la Administración del Estado, pero fuera lo son del Reino, del Estado en su conjunto como única persona jurídica de Derecho Internacional. Y Su Majestad el símbolo de la unidad y la permanencia de esta antigua pero vital nación.

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Sin embargo, entendemos que precisamente las mismas razones que aconsejan restringir el gasto y, consecuentemente, la oferta de empleo público, deberían llevarnos a una solución completamente distinta: incrementar la oferta de empleo público precisamente para cubrir aquellos puestos de trabajo que o bien permiten reducir o controlar mejor el gasto público, o bien permiten lograr ingresos públicos. Es viejo el dicho popular que recuerda que es mejor perder una peseta para ganar un duro.

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Número 39
"El duro a ganar"

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Los Abogados del Estado lo son dentro de España de la Administración del Estado, pero fuera lo son del Reino, del Estado en su conjunto como única persona jurídica de Derecho Internacional. Y Su Majestad el símbolo de la unidad y la permanencia de esta antigua pero vital nación.

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El mes de diciembre pasado concluyó el proceso selectivo para la incorporación de dieciséis nuevos compañeros que conforman la promoción de 2013. Esta promoción bien podría recibir el sobrenombre de la “Deseada”,  porque su incorporación era esperada con ansia por el resto de los compañeros que están en servicio activo ante la sobrecarga de trabajo que pesa sobre las unidades. Son ya varias las Promociones que tardan dos años en alumbrarse (2009, 2011 y 2013). Junto con este espaciamiento temporal de cada nueva promoción, se observa que se ha ido reduciendo de forma llamativa el número de plazas convocadas en cada uno de los años. Las restricciones impuestas por la crisis económica así lo han exigido.

Sin embargo, entendemos que precisamente las mismas razones que aconsejan restringir el gasto y, consecuentemente, la oferta de empleo público, deberían llevarnos a una solución completamente distinta: incrementar la oferta de empleo público precisamente para cubrir aquellos puestos de trabajo que o bien permiten reducir o controlar mejor el gasto público, o bien permiten lograr ingresos públicos. Es viejo el dicho popular que recuerda que es mejor perder una peseta para ganar un duro.

Si se atiende al gasto público que supone un Abogado del Estado (idéntico razonamiento cabría hacer para otros funcionarios como Inspectores de Hacienda, Interventores del Estado, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social u otros), fácilmente se advierte que éste queda más que suficientemente cubierto con una parte pequeña de su trabajo. Por poner algunos ejemplos, resulta que un delito contra la Hacienda Pública adecuadamente defendido supone al menos 120.000 euros de cuota recuperada, más sus intereses de demora, la multa al menos del tanto defraudado, y las costas devengadas a favor del Tesoro Público. Un solo procedimiento, entre los miles que penden, sería “la peseta a perder”  (ese procedimiento cubriría el solo el salario de varios compañeros –o el del compañero y el Inspector de Hacienda actuario– y alguno otro en concreto el de todo el Cuerpo en un año), siendo el resto de los procedimientos ingreso neto para el Estado –“el duro a ganar”–.  El ejemplo del delito contra la Hacienda Pública es bueno porque tiene un umbral delictivo que facilita identificar de manera estándar el ingreso que se persigue,  pero lo mismo sucede con el resto de procedimientos en que intervienen los Abogados del Estado en defensa de los intereses económicos públicos (sin referirnos a otros procedimientos donde están en juego otro tipo de intereses no económicos, muy relevantes). En esta situación de crisis económica entendemos que es precisamente ahora cuando es más necesario hacer el gasto público en aquel personal cuyo trabajo, en términos netos, facilitará la tan necesaria consolidación fiscal.

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El Consejo de Ministros creó en su día la llamada CORA para, en un breve plazo, tras recabar información de las Administraciones Públicas y de sus Departamentos, Consejerías, Plenos, Comisiones, órganos, Organismos y demás infinitas entidades que habitan el universo del  sector público, después de estudiar los datos y generar ideas reformadoras, emitir un informe sobre los defectos, errores, aciertos y soluciones que gravitan sobre la Administración Pública en su conjunto. Para ello se ha contado con la participación de diversos agentes sociales –entre los que se encuentra FEDECA– y sólo a través de la participación ciudadana se han recibido más de 2.000 sugerencias.

El resultado es un voluminoso informe de 250 páginas, presentado el 21 de junio de 2013 y publicado en la web de Moncloa, donde, aparte de la proposición de medidas de carácter general, se articulan las más específicas relativas a cada una de las cuatro subcomisiones en las que se dividió la CORA: Duplicidades Administrativas, Simplificación Administrativa, Gestión de Servicios y Medios Comunes y Administración Institucional. En total, 217 medidas.

Llama la atención, en primer lugar, la buena acogida de las medidas reformadoras, tanto en los medios de comunicación como incluso en los grupos políticos de oposición; cosa lamentablemente infrecuente en nuestro país, incapaz de alabar lo bueno que haga aquel a quien se considera enemigo.

Y es que la lectura del diagnóstico y de los remedios a aplicar a nuestra Administración parece, en general, salvo discrepancias concretas, plenas de sentido común. Entonces, ¿cómo es que hasta ahora se han permitido, sin poner freno ni remedio, situaciones y hechos como los que se describen en el informe, y que en algunos casos  no cabe sino tildar de espeluznantes?, ¿es que en España tiene que haber una situación crítica como la que venimos padeciendo para que nuestros gobernantes hagan sus deberes? Desde luego este informe evoca hacia el pasado malísimas decisiones de gobierno, peores prácticas de gestión, desidias, inercias y errores, incluso corrupciones y corruptelas, que caerán en el olvido de la irresponsabilidad personal pero que deberían, a todos los que nos ocupamos de la res publica, grabarnos a fuego  que a la Administración Pública hay que cuidarla y no abandonarla a la deriva, para cuando la crisis pase.

Una vez emitido el informe viene lo más difícil: ahora hay que ejecutarlo con decisión, superando cuantos obstáculos se presenten, con pleno respeto a los derechos de los abnegados servidores públicos y de los ciudadanos.

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En el corazón de un Abogado del Estado, cualquiera que sea su situación administrativa o su destino, late, en primer lugar, la condición de abogado. No digo que para hacer rabiar y perder la compostura a otro abogado en un pleito, sobre todo, oral, esté feo recordarle lo que nos separa y podríamos contar mil anécdotas referentes a cuando aquél se atreve a llamarnos en juicio “compañero”, la palabra sagrada que nos une sólo a nosotros. Sin embargo, todos sabemos, por dentro, que estamos más próximos a él que a otros…

Se escribe este editorial en un momento en que la Abogacía del Estado ha salido a los medios en un asunto de gran repercusión mediática. La defensa ante la Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de la denominada “doctrina Parot”. Con convicción, contundencia e inteligencia se defendieron las posiciones de España por sus magníficos Abogados.

Al Abogado del Estado le puede parecer a veces que tiene  “un cliente difícil”(lo cual probablemente llamaría a la sonrisa amable a los Abogados del Estado  excedentes); pero lo que sin duda, tiene el Abogado del Estado, en muchas ocasiones, es un trabajo difícil. Y por ello lo ejerce con tan grandes dosis de responsabilidad y dedicación. Y en todos los frentes.

Del maravilloso libro “El alma de la toga”, de D. Ángel Ossorio y Gallardo reproduzco lo que en opinión del autor es ser Abogado:

El esclarecido ministerio del asesoramiento y de la defensa, va dejando en el juicio y en el proceder unas modalidades que imprimen carácter. Por ejemplo: la fuerte definición del concepto propio y simultáneamente, la antitética disposición a abandonarle, parcial o totalmente, en bien de la paz; la rapidez en la asimilación de hechos e ideas, coincidentes con las decisiones más arriesgadas, como si fueran hijas de dilatada meditación; el olvido de la conveniencia y de la comodidad personales para anteponer el interés de quien a nosotros se confía (aspecto este en que coincidimos con los médicos); el reunir en una misma mente la elevada serenidad del patriarca y la astucia maliciosa del aldeano; el cultivar a un tiempo los secarrales legislativos y el vergel frondoso de la literatura ya que nuestra misión se expresa por medio del arte; el fomento de la paciencia sin mansedumbre para con el cliente, del respeto sin humillación para con el tribunal, de la cordialidad sin extremos amistosos para con los compañeros, de la firmeza sin amor propio para el pensamiento de uno, de la consideración sin debilidades para el de los demás”.

Definición, sin duda, que es igualmente aplicable al Abogado del Estado.

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El desprestigio de la política, como antes el desprestigio de la función pública, parecen haberse convertido en los elementos precisos para la recuperación de no sé sabe muy bien el qué. Vivimos en tiempos de crisis económica que poco a poco se ha ido tornando en una crisis institucional que afecta aparentemente a todos los ámbitos. No vale nada para algunos: no vale nuestro modelo territorial, no vale nuestro modelo institucional, no vale nuestro modelo de representación política. El valor de los elementos estructurales de un Estado, de una nación, desaparece dentro de la crisis económica. El paro, el miedo a perder el puesto de trabajo, el miedo a no poder seguir manteniendo un determinado nivel de vida en todas sus extensiones y ramificaciones genera inmediatamente y de modo irremediable el pensamiento de que nada vale. Se pierde la confianza en los gestores políticos del bien común cuando el mismo está dañado o seriamente amenazado, se pierde la confianza en la función pública cuando los servicios que prestan no se sostienen económicamente, se pierde la confianza en un modelo constitucional de consenso de relaciones entre el Estado y sus territorios cuando se afirma que resulta deficitario económicamente.

 

Al final resulta que es la economía la que genera cohesión, integración y confianza en los elementos del Estado. Ante esta evidente realidad social, sin embargo, tenemos que tener la capacidad de, al menos, ponerla en duda. No cabe confundir medidas de racionalidad económica, reivindicaciones presupuestarias, financieras o el debate acerca de próximos, lejanos o inexistentes “rescates” con la idea de que España es un Estado fallido, de que nada sirve, todo debe desmontarse. España es el resultado del esfuerzo común de todos los españoles, del consenso de nuestra clase política avalado por la ciudadanía por el irrompible vínculo de la democracia.

 

Cabe recordar un eslogan que permitió a Bill Clinton convertirse en el Presidente de los  stados Unidos en 1992 y del cual simplemente eliminamos el epíteto final por inapropiado para estas páginas: “es la economía”.

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Número 38
La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas

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La fotografía que acompaña a estas líneas recoge el momento en el que, quien por entonces era S.A.R. el Príncipe de Asturias, recibió en audiencia a tres promociones del Cuerpo de Abogados del Estado: 2008, 2009 y 2011, acompañadas del Sr. Ministro de Justicia y la Abogada General del Estado.

La instantánea tiene, para los compañeros que participaron en ese acto, la misma significación que otras fotografías tomadas en años anteriores con ocasión de la tradicional recepción en el Palacio de La Zarzuela de las promociones recientemente incorporadas al Cuerpo de Abogados del Estado: el momento festivo propio de la alegría de haber aprobado la oposición junto con el honor enorme de ser reconocido por la más alta Magistratura del Estado como integrante de un colectivo con inquebrantable vocación de servicio a España.

Hoy recobramos esta fotografía por la importancia adicional de su actualidad. La audiencia fue presidida por S.A.R. el Príncipe de Asturias sustituyendo por primera vez a S.M. El Rey Don Juan Carlos I, a quien un accidente que le obligó a faltar de esta tradicional deferencia y distinción para con el Cuerpo de Abogados del Estado. Tan excepcional fue que todos los medios de comunicación social dieron cuenta de este acto.

Representa, vista desde hoy, el arranque de un proceso de cambio al frente de la Jefatura del Estado, y es un honor para el Cuerpo de Abogados del Estado en general y para los integrantes de estas tres promociones en particular haber sido distinguidos por quien hoy es S. M. El Rey Felipe VI. También porque el Jefe de su Casa sea nuestro compañero Jaime Alfonsín Alfonso.

Desde esta Asociación deseamos a S.M. El Rey Don Felipe VI el mayor de los aciertos en la tarea que afronta y que le ha correspondido iniciar en una época tan necesitada del ejercicio de las funciones que constitucionalmente tiene encomendadas.

Los Abogados del Estado lo son dentro de España de la Administración del Estado, pero fuera lo son del Reino, del Estado en su conjunto como única persona jurídica de Derecho Internacional. Y Su Majestad el símbolo de la unidad y la permanencia de esta antigua pero vital nación.

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Sin embargo, entendemos que precisamente las mismas razones que aconsejan restringir el gasto y, consecuentemente, la oferta de empleo público, deberían llevarnos a una solución completamente distinta: incrementar la oferta de empleo público precisamente para cubrir aquellos puestos de trabajo que o bien permiten reducir o controlar mejor el gasto público, o bien permiten lograr ingresos públicos. Es viejo el dicho popular que recuerda que es mejor perder una peseta para ganar un duro.

Si se atiende al gasto público que supone un Abogado del Estado (idéntico razonamiento cabría hacer para otros funcionarios como Inspectores de Hacienda, Interventores del Estado, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social u otros), fácilmente se advierte que éste queda más que suficientemente cubierto con una parte pequeña de su trabajo. Por poner algunos ejemplos, resulta que un delito contra la Hacienda Pública adecuadamente defendido supone al menos 120.000 euros de cuota recuperada, más sus intereses de demora, la multa al menos del tanto defraudado, y las costas devengadas a favor del Tesoro Público. Un solo procedimiento, entre los miles que penden, sería “la peseta a perder”  (ese procedimiento cubriría el solo el salario de varios compañeros –o el del compañero y el Inspector de Hacienda actuario– y alguno otro en concreto el de todo el Cuerpo en un año), siendo el resto de los procedimientos ingreso neto para el Estado –“el duro a ganar”–.  El ejemplo del delito contra la Hacienda Pública es bueno porque tiene un umbral delictivo que facilita identificar de manera estándar el ingreso que se persigue,  pero lo mismo sucede con el resto de procedimientos en que intervienen los Abogados del Estado en defensa de los intereses económicos públicos (sin referirnos a otros procedimientos donde están en juego otro tipo de intereses no económicos, muy relevantes). En esta situación de crisis económica entendemos que es precisamente ahora cuando es más necesario hacer el gasto público en aquel personal cuyo trabajo, en términos netos, facilitará la tan necesaria consolidación fiscal.

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El mes de diciembre pasado concluyó el proceso selectivo para la incorporación de dieciséis nuevos compañeros que conforman la promoción de 2013. Esta promoción bien podría recibir el sobrenombre de la “Deseada”,  porque su incorporación era esperada con ansia por el resto de los compañeros que están en servicio activo ante la sobrecarga de trabajo que pesa sobre las unidades. Son ya varias las Promociones que tardan dos años en alumbrarse (2009, 2011 y 2013). Junto con este espaciamiento temporal de cada nueva promoción, se observa que se ha ido reduciendo de forma llamativa el número de plazas convocadas en cada uno de los años. Las restricciones impuestas por la crisis económica así lo han exigido.

Sin embargo, entendemos que precisamente las mismas razones que aconsejan restringir el gasto y, consecuentemente, la oferta de empleo público, deberían llevarnos a una solución completamente distinta: incrementar la oferta de empleo público precisamente para cubrir aquellos puestos de trabajo que o bien permiten reducir o controlar mejor el gasto público, o bien permiten lograr ingresos públicos. Es viejo el dicho popular que recuerda que es mejor perder una peseta para ganar un duro.

Si se atiende al gasto público que supone un Abogado del Estado (idéntico razonamiento cabría hacer para otros funcionarios como Inspectores de Hacienda, Interventores del Estado, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social u otros), fácilmente se advierte que éste queda más que suficientemente cubierto con una parte pequeña de su trabajo. Por poner algunos ejemplos, resulta que un delito contra la Hacienda Pública adecuadamente defendido supone al menos 120.000 euros de cuota recuperada, más sus intereses de demora, la multa al menos del tanto defraudado, y las costas devengadas a favor del Tesoro Público. Un solo procedimiento, entre los miles que penden, sería “la peseta a perder”  (ese procedimiento cubriría el solo el salario de varios compañeros –o el del compañero y el Inspector de Hacienda actuario– y alguno otro en concreto el de todo el Cuerpo en un año), siendo el resto de los procedimientos ingreso neto para el Estado –“el duro a ganar”–.  El ejemplo del delito contra la Hacienda Pública es bueno porque tiene un umbral delictivo que facilita identificar de manera estándar el ingreso que se persigue,  pero lo mismo sucede con el resto de procedimientos en que intervienen los Abogados del Estado en defensa de los intereses económicos públicos (sin referirnos a otros procedimientos donde están en juego otro tipo de intereses no económicos, muy relevantes). En esta situación de crisis económica entendemos que es precisamente ahora cuando es más necesario hacer el gasto público en aquel personal cuyo trabajo, en términos netos, facilitará la tan necesaria consolidación fiscal.

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El Consejo de Ministros creó en su día la llamada CORA para, en un breve plazo, tras recabar información de las Administraciones Públicas y de sus Departamentos, Consejerías, Plenos, Comisiones, órganos, Organismos y demás infinitas entidades que habitan el universo del  sector público, después de estudiar los datos y generar ideas reformadoras, emitir un informe sobre los defectos, errores, aciertos y soluciones que gravitan sobre la Administración Pública en su conjunto. Para ello se ha contado con la participación de diversos agentes sociales –entre los que se encuentra FEDECA– y sólo a través de la participación ciudadana se han recibido más de 2.000 sugerencias.

El resultado es un voluminoso informe de 250 páginas, presentado el 21 de junio de 2013 y publicado en la web de Moncloa, donde, aparte de la proposición de medidas de carácter general, se articulan las más específicas relativas a cada una de las cuatro subcomisiones en las que se dividió la CORA: Duplicidades Administrativas, Simplificación Administrativa, Gestión de Servicios y Medios Comunes y Administración Institucional. En total, 217 medidas.

Llama la atención, en primer lugar, la buena acogida de las medidas reformadoras, tanto en los medios de comunicación como incluso en los grupos políticos de oposición; cosa lamentablemente infrecuente en nuestro país, incapaz de alabar lo bueno que haga aquel a quien se considera enemigo.

Y es que la lectura del diagnóstico y de los remedios a aplicar a nuestra Administración parece, en general, salvo discrepancias concretas, plenas de sentido común. Entonces, ¿cómo es que hasta ahora se han permitido, sin poner freno ni remedio, situaciones y hechos como los que se describen en el informe, y que en algunos casos  no cabe sino tildar de espeluznantes?, ¿es que en España tiene que haber una situación crítica como la que venimos padeciendo para que nuestros gobernantes hagan sus deberes? Desde luego este informe evoca hacia el pasado malísimas decisiones de gobierno, peores prácticas de gestión, desidias, inercias y errores, incluso corrupciones y corruptelas, que caerán en el olvido de la irresponsabilidad personal pero que deberían, a todos los que nos ocupamos de la res publica, grabarnos a fuego  que a la Administración Pública hay que cuidarla y no abandonarla a la deriva, para cuando la crisis pase.

Una vez emitido el informe viene lo más difícil: ahora hay que ejecutarlo con decisión, superando cuantos obstáculos se presenten, con pleno respeto a los derechos de los abnegados servidores públicos y de los ciudadanos.

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En el corazón de un Abogado del Estado, cualquiera que sea su situación administrativa o su destino, late, en primer lugar, la condición de abogado. No digo que para hacer rabiar y perder la compostura a otro abogado en un pleito, sobre todo, oral, esté feo recordarle lo que nos separa y podríamos contar mil anécdotas referentes a cuando aquél se atreve a llamarnos en juicio “compañero”, la palabra sagrada que nos une sólo a nosotros. Sin embargo, todos sabemos, por dentro, que estamos más próximos a él que a otros…

Se escribe este editorial en un momento en que la Abogacía del Estado ha salido a los medios en un asunto de gran repercusión mediática. La defensa ante la Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de la denominada “doctrina Parot”. Con convicción, contundencia e inteligencia se defendieron las posiciones de España por sus magníficos Abogados.

Al Abogado del Estado le puede parecer a veces que tiene  “un cliente difícil”(lo cual probablemente llamaría a la sonrisa amable a los Abogados del Estado  excedentes); pero lo que sin duda, tiene el Abogado del Estado, en muchas ocasiones, es un trabajo difícil. Y por ello lo ejerce con tan grandes dosis de responsabilidad y dedicación. Y en todos los frentes.

Del maravilloso libro “El alma de la toga”, de D. Ángel Ossorio y Gallardo reproduzco lo que en opinión del autor es ser Abogado:

El esclarecido ministerio del asesoramiento y de la defensa, va dejando en el juicio y en el proceder unas modalidades que imprimen carácter. Por ejemplo: la fuerte definición del concepto propio y simultáneamente, la antitética disposición a abandonarle, parcial o totalmente, en bien de la paz; la rapidez en la asimilación de hechos e ideas, coincidentes con las decisiones más arriesgadas, como si fueran hijas de dilatada meditación; el olvido de la conveniencia y de la comodidad personales para anteponer el interés de quien a nosotros se confía (aspecto este en que coincidimos con los médicos); el reunir en una misma mente la elevada serenidad del patriarca y la astucia maliciosa del aldeano; el cultivar a un tiempo los secarrales legislativos y el vergel frondoso de la literatura ya que nuestra misión se expresa por medio del arte; el fomento de la paciencia sin mansedumbre para con el cliente, del respeto sin humillación para con el tribunal, de la cordialidad sin extremos amistosos para con los compañeros, de la firmeza sin amor propio para el pensamiento de uno, de la consideración sin debilidades para el de los demás”.

Definición, sin duda, que es igualmente aplicable al Abogado del Estado.

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El desprestigio de la política, como antes el desprestigio de la función pública, parecen haberse convertido en los elementos precisos para la recuperación de no sé sabe muy bien el qué. Vivimos en tiempos de crisis económica que poco a poco se ha ido tornando en una crisis institucional que afecta aparentemente a todos los ámbitos. No vale nada para algunos: no vale nuestro modelo territorial, no vale nuestro modelo institucional, no vale nuestro modelo de representación política. El valor de los elementos estructurales de un Estado, de una nación, desaparece dentro de la crisis económica. El paro, el miedo a perder el puesto de trabajo, el miedo a no poder seguir manteniendo un determinado nivel de vida en todas sus extensiones y ramificaciones genera inmediatamente y de modo irremediable el pensamiento de que nada vale. Se pierde la confianza en los gestores políticos del bien común cuando el mismo está dañado o seriamente amenazado, se pierde la confianza en la función pública cuando los servicios que prestan no se sostienen económicamente, se pierde la confianza en un modelo constitucional de consenso de relaciones entre el Estado y sus territorios cuando se afirma que resulta deficitario económicamente.

 

Al final resulta que es la economía la que genera cohesión, integración y confianza en los elementos del Estado. Ante esta evidente realidad social, sin embargo, tenemos que tener la capacidad de, al menos, ponerla en duda. No cabe confundir medidas de racionalidad económica, reivindicaciones presupuestarias, financieras o el debate acerca de próximos, lejanos o inexistentes “rescates” con la idea de que España es un Estado fallido, de que nada sirve, todo debe desmontarse. España es el resultado del esfuerzo común de todos los españoles, del consenso de nuestra clase política avalado por la ciudadanía por el irrompible vínculo de la democracia.

 

Cabe recordar un eslogan que permitió a Bill Clinton convertirse en el Presidente de los  stados Unidos en 1992 y del cual simplemente eliminamos el epíteto final por inapropiado para estas páginas: “es la economía”.

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Número 36
Es la economía...

El desprestigio de la política, como antes el desprestigio de la función pública, parecen…

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Número 45


El imperio de la Ley

Suelen caracterizarse los períodos estivales y postvacacionales por una suerte de ausencia de noticias que hace que, en múltiples ocasiones, sea necesario acudir a tópicos tan manidos como la canción del verano para poder completar los informativos diarios o los periódicos. Durante el pasado verano, quizá fruto de esta ausencia de noticias, quizá fruto de una corriente instalada en nuestra sociedad que quiere hacer prevalecer el criterio personal sobre la legalidad, ha ocupado buena parte de dichos espacios informativos la problemática de una madre granadina que se negaba a entregar a sus hijos menores de edad a su progenitor con residencia en Italia. Sin centrarnos en el problema jurídico planteado en dicho caso concreto, del análisis del mismo llaman profundamente la atención los mensajes aparentemente aprobatorios de la conducta de quien ha situado por encima del principio de legalidad su interpretación de los hechos y su visión personal de una controversia que había sido resuelta mediante sentencia judicial firme.

Se ha llegado incluso a sostener en determinados ámbitos que es “lícito” no cumplir las resoluciones judiciales cuando se consideran injustas. He ahí el problema. No existe un “medidor” que objetivamente permita distinguir lo justo de lo injusto, siendo el principio de legalidad y el respeto a las resoluciones judiciales la fórmula a seguir cuando, ante intereses en conflicto, existen posiciones contrapuestas. Desde nuestra creación como Cuerpo, los Abogados del Estado hemos defendido y defendemos la plena vigencia de un principio básico: el pleno respeto al imperio de la ley y a las resoluciones judiciales emanadas del Poder Judicial. Tanto en sede contenciosa como en el ámbito consultivo, por más que existan opiniones que sostienen lo contrario, nuestras actuaciones se rigen por el profundo respeto a la ley y a nuestro ordenamiento jurídico. No puede sustituirse este principio esencial del Estado de Derecho por una suerte de valor superior y vinculante de principios o criterios ajenos a la legalidad. Hemos asistido a una cierta aprobación colectiva de la desobediencia judicial, lo que es una pésima noticia para el Estado de Derecho que defendemos.

Precisamente esa desobediencia a leyes y resoluciones judiciales es la que nos ha despertado día a día durante el mes de septiembre. Cuando se comienza por defender la desobediencia judicial a una resolución concreta, como el caso comentado, se termina por cuestionar, nada menos, que al supremo intérprete de nuestra Constitución, como está ocurriendo en Cataluña. Nuestra Asociación no puede apoyar dichas reivindicaciones paralegales; antes bien, quiere mostrar nuestro absoluto respaldo al imperio de la ley, al principio de legalidad y muy especialmente a los compañeros que están luchando día a día de forma encomiable por evitar que pueda sustituirse nuestro ordenamiento constitucional por un nuevo orden construido al margen de los procedimientos establecidos al efecto. Frente a un desafío tan notable como el que estamos observando, es nuestro deber, como Asociación, proclamar que el imperio de la ley prevalecerá y que nuestra Asociación siempre estará del lado de quienes defienden el ordenamiento jurídico. Nunca fuimos Abogados contra el Estado sino defensores del imperio de la ley. Es nuestra razón de ser.