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Número 40
Felipe VI

La fotografía que acompaña a estas líneas recoge el momento en el que, quien por entonces…

Número 39
"El duro a ganar"

El mes de diciembre pasado…

Número 38
La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas

El Consejo de Ministros creó en su día la llamada CORA para, en un breve plazo, tras recabar…

Número 37
Somos Abogados

En el corazón de un Abogado del Estado, cualquiera que sea su situación administrativa o su destino,…

Número 36
Es la economía...

El desprestigio de la política, como antes el desprestigio de la función pública, parecen…

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Número 45


El imperio de la Ley

Suelen caracterizarse los períodos estivales y postvacacionales por una suerte de ausencia de noticias que hace que, en múltiples ocasiones, sea necesario acudir a tópicos tan manidos como la canción del verano para poder completar los informativos diarios o los periódicos. Durante el pasado verano, quizá fruto de esta ausencia de noticias, quizá fruto de una corriente instalada en nuestra sociedad que quiere hacer prevalecer el criterio personal sobre la legalidad, ha ocupado buena parte de dichos espacios informativos la problemática de una madre granadina que se negaba a entregar a sus hijos menores de edad a su progenitor con residencia en Italia. Sin centrarnos en el problema jurídico planteado en dicho caso concreto, del análisis del mismo llaman profundamente la atención los mensajes aparentemente aprobatorios de la conducta de quien ha situado por encima del principio de legalidad su interpretación de los hechos y su visión personal de una controversia que había sido resuelta mediante sentencia judicial firme.

Se ha llegado incluso a sostener en determinados ámbitos que es “lícito” no cumplir las resoluciones judiciales cuando se consideran injustas. He ahí el problema. No existe un “medidor” que objetivamente permita distinguir lo justo de lo injusto, siendo el principio de legalidad y el respeto a las resoluciones judiciales la fórmula a seguir cuando, ante intereses en conflicto, existen posiciones contrapuestas. Desde nuestra creación como Cuerpo, los Abogados del Estado hemos defendido y defendemos la plena vigencia de un principio básico: el pleno respeto al imperio de la ley y a las resoluciones judiciales emanadas del Poder Judicial. Tanto en sede contenciosa como en el ámbito consultivo, por más que existan opiniones que sostienen lo contrario, nuestras actuaciones se rigen por el profundo respeto a la ley y a nuestro ordenamiento jurídico. No puede sustituirse este principio esencial del Estado de Derecho por una suerte de valor superior y vinculante de principios o criterios ajenos a la legalidad. Hemos asistido a una cierta aprobación colectiva de la desobediencia judicial, lo que es una pésima noticia para el Estado de Derecho que defendemos.

Precisamente esa desobediencia a leyes y resoluciones judiciales es la que nos ha despertado día a día durante el mes de septiembre. Cuando se comienza por defender la desobediencia judicial a una resolución concreta, como el caso comentado, se termina por cuestionar, nada menos, que al supremo intérprete de nuestra Constitución, como está ocurriendo en Cataluña. Nuestra Asociación no puede apoyar dichas reivindicaciones paralegales; antes bien, quiere mostrar nuestro absoluto respaldo al imperio de la ley, al principio de legalidad y muy especialmente a los compañeros que están luchando día a día de forma encomiable por evitar que pueda sustituirse nuestro ordenamiento constitucional por un nuevo orden construido al margen de los procedimientos establecidos al efecto. Frente a un desafío tan notable como el que estamos observando, es nuestro deber, como Asociación, proclamar que el imperio de la ley prevalecerá y que nuestra Asociación siempre estará del lado de quienes defienden el ordenamiento jurídico. Nunca fuimos Abogados contra el Estado sino defensores del imperio de la ley. Es nuestra razón de ser.