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Una de las composiciones más conocidas del reciente Premio Nobel de Literatura se titula “los tiempos están cambiando”. Publicada allá por el año 1964, transmite un mensaje plenamente actual, al poner de manifiesto la necesidad de que sepamos adaptarnos en cada momento a los cambios que se impulsan a nuestro alrededor.

Nunca hemos sido los Abogados del Estado objeto de comentario en la prensa o en los medios; antes bien, siempre hemos preferido mantener nuestra labor en un discreto segundo plano, haciendo valer nuestros argumentos en nuestro hábitat natural que no es otro que las Salas de los Tribunales de Justicia y nuestros informes.

Sin embargo, como nos recuerda Dylan, los tiempos están cambiando. En los últimos meses, han sido varios los artículos de prensa que han cuestionado nuestra labor profesional e incluso nuestra independencia. Al amparo de titulares llamativos, referidos a una conocida serie de los años 80 o a un supuesto ataque a las víctimas del terrorismo, se pretende desvirtuar nuestro ejercicio profesional. A tal efecto, se acude al sofisma de las mal llamadas “puertas giratorias”, se pretende deslizar indebidos tratos de favor o de pretendido “castigo” al justiciable en función de criterios políticos.

Nada más lejos de la realidad. Si algo caracteriza nuestro trabajo como Abogados del Estado es el absoluto respeto por el principio de legalidad y la defensa de los intereses de la Administración. Así ha acontecido respecto de quienes han sido cuestionados en la prensa.

Por otra parte, si determinados compañeros deciden acceder a la situación de excedencia voluntaria, común a todo el conjunto de la función pública, no puede ello servir como “ariete” para cuestionar sin base fáctica alguna su labor previa al pase a dicha excedencia o la de quienes continúan en servicio activo. Esta imagen transmitida en los últimos meses no nos representa.

Ante la inminente formación de Gobierno, quizá sea uno de los principales retos de nuestro Cuerpo el de saber transmitir nuestra realidad profesional, nuestra dedicación al servicio público y el derecho de quienes deciden pasar a la situación de excedencia particular. Quede constancia de ello en la que debe ser uno de los pilares de nuestra comunicación: nuestra Revista.

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Estamos asistiendo en los últimos tiempos a una masiva aparición de la Abogacía del Estado en los medios de comunicación. A veces, para mal; a veces, para bien. En este mismo número de la Revista se habla de algún caso muy significativo.

 

Lo cierto es que vivimos en el mundo de la comunicación, de los medios y de la opinión pública. Y resulta imposible sustraerse del eco mediático teniendo en cuenta los asuntos de interés público en los que participamos con mayor o menor protagonismo.

 

Dentro del Cuerpo hay que quien añora épocas pasadas cuando nadie se fijaba en nosotros. Pero nuestra imagen, nuestro significado en la sociedad española, no nos es disponible, no depende de nuestra voluntad, sino de la de otros, de profesionales de la comunicación que deciden, sin pedir permiso, lo que cuentan y lo que no y cómo lo cuentan. Resulta francamente inconcebible que nuestro papel en tantas causas penales o frente al problema del independentismo catalán no sea publicado cuando el Gobierno le dice a los españoles que el asunto está “en manos de la Abogacía del Estado”. Lo que, por cierto, es garantía de solvencia en la adopción de soluciones.

 

Esconder la cabeza debajo del ala o la cabeza en un hoyo en la tierra como el avestruz no es una solución sensata a esta situación. Reconociendo que desde luego ésta es muchas veces muy incómoda.

 

A la par, los asuntos que gestionamos exigen discreción máxima. Es obligación del funcionario guardar reserva sobre los asuntos que se gestionan. Claro que la Ley también ordena a autoridades, funcionarios y profesionales de la Justicia el secreto de los sumarios bajo sanción penal y nada más que leer lo anterior es imposible no sonreír. Resulta llamativo que nadie haya sido condenado por revelar el secreto de un sumario, pero es así. El delito de descubrimiento y revelación de secretos sobre esta cuestión concreta ha sido derogado por desuetudo.

 

Además, no nos sentimos cómodos en este mundo, ante los focos, porque no es propio de nuestra condición de abogados y de la forma en la que desarrollamos nuestra profesión, de manera tranquila, silenciosa y responsable, adoptando los políticos y los gestores las decisiones y poniéndose ellos ante las cámaras. No se interviene en un pleito ni se hace un informe en un plató de televisión…

 

Cuando estás en determinados puestos, se hace inevitable el contacto con los profesionales de los medios, que te están esperando a la salida de unas declaraciones y te ruegan que compartas con ellos algo que nunca puedes decirles. Al final terminan conociendo por los abogados de la otra parte su interpretación de los hechos y lógicamente no tienen mayor interés en juzgarnos con equidad.

 

Parece indispensable que este problema se aborde por la Dirección con criterios actuales. Resulta impensable que podamos volver a realizar nuestra profesión ajenos a la publicidad. Este mismo Gobierno ha publicado leyes de transparencia que se fundan en el principio de que “el pueblo tiene derecho a saber”. ¿Estamos preparados para ello? No, no lo estamos. Es imprescindible que este despacho público de abogados considere seriamente ponerse en manos de profesionales de la comunicación que consigan que el nombre del compañero no salga a la luz pública y que pueda transmitir mensajes institucionales al margen de la actuación de este o aquel Abogado del Estado. Si no, muchos de nosotros que jugamos el partido en primera línea seguiremos en la más absoluta indefensión frente a la opinión pública, carecemos por completo de voz. Y hoy no hay nada peor.

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Viene del recuerdo la letra de la vieja canción de Bob Dylan, escrita en 1962, en la que reclamaba a senadores y congresistas que no se quedaran en la puerta, que no bloquearan el paso a los nuevos tiempos, en un tono desafiante muy propio de aquélla época de protestas y defensa de los derechos civiles.

 

Nuestros medios de comunicación en este año eterno de elecciones van proclamando también consignas de cambio: nuevos partidos emergentes con líderes que nunca han participado activamente en la política con sus nuevos lemas que quizás incluso representen nuevas ideas, con imposiciones a los dos partidos tradicionales para permitirles gobernar en el mapa autonómico y local y no se sabe muy bien si gobernar ellos también.

 

Un nuevo tiempo dicen los afortunados que poseen el don de la predicción. Desde luego, una nueva forma de hacer política que impondrá mayor diálogo y la necesidad de gobernar con acuerdos entre distintos partidos y líderes.

 

¿Miedo al desgobierno?

 

No. Por fortuna, España cuenta con una Administración Pública de calidad, fuertemente profesionalizada gracias a sus rigurosos sistemas de selección y provisión de puestos de trabajo que permite a los empleados públicos realizar un trabajo fundado en criterios estrictamente técnicos en todas la áreas del conocimiento, sin presiones guiadas por objetivos políticos al margen del interés general.

 

Quizás vengan nuevos tiempos de verdad; quizás cambiaremos sólo en apariencia para volver a reinventar lo mismo que tenemos. En todo caso, la Administración Pública seguirá garantizando los servicios públicos esenciales, el control en la gestión de los caudales públicos y en la toma de decisiones por las autoridades, el cumplimiento solidario de sus obligaciones por parte de los ciudadanos, en suma, la realización del bien común.

 

¡Pero que no tarden en alcanzar acuerdos!

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La fotografía que acompaña a estas líneas recoge el momento en el que, quien por entonces era S.A.R. el Príncipe de Asturias, recibió en audiencia a tres promociones del Cuerpo de Abogados del Estado: 2008, 2009 y 2011, acompañadas del Sr. Ministro de Justicia y la Abogada General del Estado.

La instantánea tiene, para los compañeros que participaron en ese acto, la misma significación que otras fotografías tomadas en años anteriores con ocasión de la tradicional recepción en el Palacio de La Zarzuela de las promociones recientemente incorporadas al Cuerpo de Abogados del Estado: el momento festivo propio de la alegría de haber aprobado la oposición junto con el honor enorme de ser reconocido por la más alta Magistratura del Estado como integrante de un colectivo con inquebrantable vocación de servicio a España.

Hoy recobramos esta fotografía por la importancia adicional de su actualidad. La audiencia fue presidida por S.A.R. el Príncipe de Asturias sustituyendo por primera vez a S.M. El Rey Don Juan Carlos I, a quien un accidente que le obligó a faltar de esta tradicional deferencia y distinción para con el Cuerpo de Abogados del Estado. Tan excepcional fue que todos los medios de comunicación social dieron cuenta de este acto.

Representa, vista desde hoy, el arranque de un proceso de cambio al frente de la Jefatura del Estado, y es un honor para el Cuerpo de Abogados del Estado en general y para los integrantes de estas tres promociones en particular haber sido distinguidos por quien hoy es S. M. El Rey Felipe VI. También porque el Jefe de su Casa sea nuestro compañero Jaime Alfonsín Alfonso.

Desde esta Asociación deseamos a S.M. El Rey Don Felipe VI el mayor de los aciertos en la tarea que afronta y que le ha correspondido iniciar en una época tan necesitada del ejercicio de las funciones que constitucionalmente tiene encomendadas.

Los Abogados del Estado lo son dentro de España de la Administración del Estado, pero fuera lo son del Reino, del Estado en su conjunto como única persona jurídica de Derecho Internacional. Y Su Majestad el símbolo de la unidad y la permanencia de esta antigua pero vital nación.

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El mes de diciembre pasado concluyó el proceso selectivo para la incorporación de dieciséis nuevos compañeros que conforman la promoción de 2013. Esta promoción bien podría recibir el sobrenombre de la “Deseada”,  porque su incorporación era esperada con ansia por el resto de los compañeros que están en servicio activo ante la sobrecarga de trabajo que pesa sobre las unidades. Son ya varias las Promociones que tardan dos años en alumbrarse (2009, 2011 y 2013). Junto con este espaciamiento temporal de cada nueva promoción, se observa que se ha ido reduciendo de forma llamativa el número de plazas convocadas en cada uno de los años. Las restricciones impuestas por la crisis económica así lo han exigido.

Sin embargo, entendemos que precisamente las mismas razones que aconsejan restringir el gasto y, consecuentemente, la oferta de empleo público, deberían llevarnos a una solución completamente distinta: incrementar la oferta de empleo público precisamente para cubrir aquellos puestos de trabajo que o bien permiten reducir o controlar mejor el gasto público, o bien permiten lograr ingresos públicos. Es viejo el dicho popular que recuerda que es mejor perder una peseta para ganar un duro.

Si se atiende al gasto público que supone un Abogado del Estado (idéntico razonamiento cabría hacer para otros funcionarios como Inspectores de Hacienda, Interventores del Estado, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social u otros), fácilmente se advierte que éste queda más que suficientemente cubierto con una parte pequeña de su trabajo. Por poner algunos ejemplos, resulta que un delito contra la Hacienda Pública adecuadamente defendido supone al menos 120.000 euros de cuota recuperada, más sus intereses de demora, la multa al menos del tanto defraudado, y las costas devengadas a favor del Tesoro Público. Un solo procedimiento, entre los miles que penden, sería “la peseta a perder”  (ese procedimiento cubriría el solo el salario de varios compañeros –o el del compañero y el Inspector de Hacienda actuario– y alguno otro en concreto el de todo el Cuerpo en un año), siendo el resto de los procedimientos ingreso neto para el Estado –“el duro a ganar”–.  El ejemplo del delito contra la Hacienda Pública es bueno porque tiene un umbral delictivo que facilita identificar de manera estándar el ingreso que se persigue,  pero lo mismo sucede con el resto de procedimientos en que intervienen los Abogados del Estado en defensa de los intereses económicos públicos (sin referirnos a otros procedimientos donde están en juego otro tipo de intereses no económicos, muy relevantes). En esta situación de crisis económica entendemos que es precisamente ahora cuando es más necesario hacer el gasto público en aquel personal cuyo trabajo, en términos netos, facilitará la tan necesaria consolidación fiscal.

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Número 43
Los tiempos están cambiando

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Nunca hemos sido los Abogados del Estado objeto de comentario en la prensa o en los medios; antes bien, siempre hemos preferido mantener nuestra labor en un discreto segundo plano, haciendo valer nuestros argumentos en nuestro hábitat natural que no es otro que las Salas de los Tribunales de Justicia y nuestros informes.

Sin embargo, como nos recuerda Dylan, los tiempos están cambiando. En los últimos meses, han sido varios los artículos de prensa que han cuestionado nuestra labor profesional e incluso nuestra independencia. Al amparo de titulares llamativos, referidos a una conocida serie de los años 80 o a un supuesto ataque a las víctimas del terrorismo, se pretende desvirtuar nuestro ejercicio profesional. A tal efecto, se acude al sofisma de las mal llamadas “puertas giratorias”, se pretende deslizar indebidos tratos de favor o de pretendido “castigo” al justiciable en función de criterios políticos.

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Lo cierto es que vivimos en el mundo de la comunicación, de los medios y de la opinión pública. Y resulta imposible sustraerse del eco mediático teniendo en cuenta los asuntos de interés público en los que participamos con mayor o menor protagonismo.

 

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Cuando estás en determinados puestos, se hace inevitable el contacto con los profesionales de los medios, que te están esperando a la salida de unas declaraciones y te ruegan que compartas con ellos algo que nunca puedes decirles. Al final terminan conociendo por los abogados de la otra parte su interpretación de los hechos y lógicamente no tienen mayor interés en juzgarnos con equidad.

 

Parece indispensable que este problema se aborde por la Dirección con criterios actuales. Resulta impensable que podamos volver a realizar nuestra profesión ajenos a la publicidad. Este mismo Gobierno ha publicado leyes de transparencia que se fundan en el principio de que “el pueblo tiene derecho a saber”. ¿Estamos preparados para ello? No, no lo estamos. Es imprescindible que este despacho público de abogados considere seriamente ponerse en manos de profesionales de la comunicación que consigan que el nombre del compañero no salga a la luz pública y que pueda transmitir mensajes institucionales al margen de la actuación de este o aquel Abogado del Estado. Si no, muchos de nosotros que jugamos el partido en primera línea seguiremos en la más absoluta indefensión frente a la opinión pública, carecemos por completo de voz. Y hoy no hay nada peor.

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¿Miedo al desgobierno?

 

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Sin embargo, como nos recuerda Dylan, los tiempos están cambiando. En los últimos meses, han sido varios los artículos de prensa que han cuestionado nuestra labor profesional e incluso nuestra independencia. Al amparo de titulares llamativos, referidos a una conocida serie de los años 80 o a un supuesto ataque a las víctimas del terrorismo, se pretende desvirtuar nuestro ejercicio profesional. A tal efecto, se acude al sofisma de las mal llamadas “puertas giratorias”, se pretende deslizar indebidos tratos de favor o de pretendido “castigo” al justiciable en función de criterios políticos.

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Por otra parte, si determinados compañeros deciden acceder a la situación de excedencia voluntaria, común a todo el conjunto de la función pública, no puede ello servir como “ariete” para cuestionar sin base fáctica alguna su labor previa al pase a dicha excedencia o la de quienes continúan en servicio activo. Esta imagen transmitida en los últimos meses no nos representa.

Ante la inminente formación de Gobierno, quizá sea uno de los principales retos de nuestro Cuerpo el de saber transmitir nuestra realidad profesional, nuestra dedicación al servicio público y el derecho de quienes deciden pasar a la situación de excedencia particular. Quede constancia de ello en la que debe ser uno de los pilares de nuestra comunicación: nuestra Revista.

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Estamos asistiendo en los últimos tiempos a una masiva aparición de la Abogacía del Estado en los medios de comunicación. A veces, para mal; a veces, para bien. En este mismo número de la Revista se habla de algún caso muy significativo.

 

Lo cierto es que vivimos en el mundo de la comunicación, de los medios y de la opinión pública. Y resulta imposible sustraerse del eco mediático teniendo en cuenta los asuntos de interés público en los que participamos con mayor o menor protagonismo.

 

Dentro del Cuerpo hay que quien añora épocas pasadas cuando nadie se fijaba en nosotros. Pero nuestra imagen, nuestro significado en la sociedad española, no nos es disponible, no depende de nuestra voluntad, sino de la de otros, de profesionales de la comunicación que deciden, sin pedir permiso, lo que cuentan y lo que no y cómo lo cuentan. Resulta francamente inconcebible que nuestro papel en tantas causas penales o frente al problema del independentismo catalán no sea publicado cuando el Gobierno le dice a los españoles que el asunto está “en manos de la Abogacía del Estado”. Lo que, por cierto, es garantía de solvencia en la adopción de soluciones.

 

Esconder la cabeza debajo del ala o la cabeza en un hoyo en la tierra como el avestruz no es una solución sensata a esta situación. Reconociendo que desde luego ésta es muchas veces muy incómoda.

 

A la par, los asuntos que gestionamos exigen discreción máxima. Es obligación del funcionario guardar reserva sobre los asuntos que se gestionan. Claro que la Ley también ordena a autoridades, funcionarios y profesionales de la Justicia el secreto de los sumarios bajo sanción penal y nada más que leer lo anterior es imposible no sonreír. Resulta llamativo que nadie haya sido condenado por revelar el secreto de un sumario, pero es así. El delito de descubrimiento y revelación de secretos sobre esta cuestión concreta ha sido derogado por desuetudo.

 

Además, no nos sentimos cómodos en este mundo, ante los focos, porque no es propio de nuestra condición de abogados y de la forma en la que desarrollamos nuestra profesión, de manera tranquila, silenciosa y responsable, adoptando los políticos y los gestores las decisiones y poniéndose ellos ante las cámaras. No se interviene en un pleito ni se hace un informe en un plató de televisión…

 

Cuando estás en determinados puestos, se hace inevitable el contacto con los profesionales de los medios, que te están esperando a la salida de unas declaraciones y te ruegan que compartas con ellos algo que nunca puedes decirles. Al final terminan conociendo por los abogados de la otra parte su interpretación de los hechos y lógicamente no tienen mayor interés en juzgarnos con equidad.

 

Parece indispensable que este problema se aborde por la Dirección con criterios actuales. Resulta impensable que podamos volver a realizar nuestra profesión ajenos a la publicidad. Este mismo Gobierno ha publicado leyes de transparencia que se fundan en el principio de que “el pueblo tiene derecho a saber”. ¿Estamos preparados para ello? No, no lo estamos. Es imprescindible que este despacho público de abogados considere seriamente ponerse en manos de profesionales de la comunicación que consigan que el nombre del compañero no salga a la luz pública y que pueda transmitir mensajes institucionales al margen de la actuación de este o aquel Abogado del Estado. Si no, muchos de nosotros que jugamos el partido en primera línea seguiremos en la más absoluta indefensión frente a la opinión pública, carecemos por completo de voz. Y hoy no hay nada peor.

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Nuestros medios de comunicación en este año eterno de elecciones van proclamando también consignas de cambio: nuevos partidos emergentes con líderes que nunca han participado activamente en la política con sus nuevos lemas que quizás incluso representen nuevas ideas, con imposiciones a los dos partidos tradicionales para permitirles gobernar en el mapa autonómico y local y no se sabe muy bien si gobernar ellos también.

 

Un nuevo tiempo dicen los afortunados que poseen el don de la predicción. Desde luego, una nueva forma de hacer política que impondrá mayor diálogo y la necesidad de gobernar con acuerdos entre distintos partidos y líderes.

 

¿Miedo al desgobierno?

 

No. Por fortuna, España cuenta con una Administración Pública de calidad, fuertemente profesionalizada gracias a sus rigurosos sistemas de selección y provisión de puestos de trabajo que permite a los empleados públicos realizar un trabajo fundado en criterios estrictamente técnicos en todas la áreas del conocimiento, sin presiones guiadas por objetivos políticos al margen del interés general.

 

Quizás vengan nuevos tiempos de verdad; quizás cambiaremos sólo en apariencia para volver a reinventar lo mismo que tenemos. En todo caso, la Administración Pública seguirá garantizando los servicios públicos esenciales, el control en la gestión de los caudales públicos y en la toma de decisiones por las autoridades, el cumplimiento solidario de sus obligaciones por parte de los ciudadanos, en suma, la realización del bien común.

 

¡Pero que no tarden en alcanzar acuerdos!

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La fotografía que acompaña a estas líneas recoge el momento en el que, quien por entonces era S.A.R. el Príncipe de Asturias, recibió en audiencia a tres promociones del Cuerpo de Abogados del Estado: 2008, 2009 y 2011, acompañadas del Sr. Ministro de Justicia y la Abogada General del Estado.

La instantánea tiene, para los compañeros que participaron en ese acto, la misma significación que otras fotografías tomadas en años anteriores con ocasión de la tradicional recepción en el Palacio de La Zarzuela de las promociones recientemente incorporadas al Cuerpo de Abogados del Estado: el momento festivo propio de la alegría de haber aprobado la oposición junto con el honor enorme de ser reconocido por la más alta Magistratura del Estado como integrante de un colectivo con inquebrantable vocación de servicio a España.

Hoy recobramos esta fotografía por la importancia adicional de su actualidad. La audiencia fue presidida por S.A.R. el Príncipe de Asturias sustituyendo por primera vez a S.M. El Rey Don Juan Carlos I, a quien un accidente que le obligó a faltar de esta tradicional deferencia y distinción para con el Cuerpo de Abogados del Estado. Tan excepcional fue que todos los medios de comunicación social dieron cuenta de este acto.

Representa, vista desde hoy, el arranque de un proceso de cambio al frente de la Jefatura del Estado, y es un honor para el Cuerpo de Abogados del Estado en general y para los integrantes de estas tres promociones en particular haber sido distinguidos por quien hoy es S. M. El Rey Felipe VI. También porque el Jefe de su Casa sea nuestro compañero Jaime Alfonsín Alfonso.

Desde esta Asociación deseamos a S.M. El Rey Don Felipe VI el mayor de los aciertos en la tarea que afronta y que le ha correspondido iniciar en una época tan necesitada del ejercicio de las funciones que constitucionalmente tiene encomendadas.

Los Abogados del Estado lo son dentro de España de la Administración del Estado, pero fuera lo son del Reino, del Estado en su conjunto como única persona jurídica de Derecho Internacional. Y Su Majestad el símbolo de la unidad y la permanencia de esta antigua pero vital nación.

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Sin embargo, entendemos que precisamente las mismas razones que aconsejan restringir el gasto y, consecuentemente, la oferta de empleo público, deberían llevarnos a una solución completamente distinta: incrementar la oferta de empleo público precisamente para cubrir aquellos puestos de trabajo que o bien permiten reducir o controlar mejor el gasto público, o bien permiten lograr ingresos públicos. Es viejo el dicho popular que recuerda que es mejor perder una peseta para ganar un duro.

Si se atiende al gasto público que supone un Abogado del Estado (idéntico razonamiento cabría hacer para otros funcionarios como Inspectores de Hacienda, Interventores del Estado, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social u otros), fácilmente se advierte que éste queda más que suficientemente cubierto con una parte pequeña de su trabajo. Por poner algunos ejemplos, resulta que un delito contra la Hacienda Pública adecuadamente defendido supone al menos 120.000 euros de cuota recuperada, más sus intereses de demora, la multa al menos del tanto defraudado, y las costas devengadas a favor del Tesoro Público. Un solo procedimiento, entre los miles que penden, sería “la peseta a perder”  (ese procedimiento cubriría el solo el salario de varios compañeros –o el del compañero y el Inspector de Hacienda actuario– y alguno otro en concreto el de todo el Cuerpo en un año), siendo el resto de los procedimientos ingreso neto para el Estado –“el duro a ganar”–.  El ejemplo del delito contra la Hacienda Pública es bueno porque tiene un umbral delictivo que facilita identificar de manera estándar el ingreso que se persigue,  pero lo mismo sucede con el resto de procedimientos en que intervienen los Abogados del Estado en defensa de los intereses económicos públicos (sin referirnos a otros procedimientos donde están en juego otro tipo de intereses no económicos, muy relevantes). En esta situación de crisis económica entendemos que es precisamente ahora cuando es más necesario hacer el gasto público en aquel personal cuyo trabajo, en términos netos, facilitará la tan necesaria consolidación fiscal.

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Número 41
Times they are a changing

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Nunca hemos sido los Abogados del Estado objeto de comentario en la prensa o en los medios; antes bien, siempre hemos preferido mantener nuestra labor en un discreto segundo plano, haciendo valer nuestros argumentos en nuestro hábitat natural que no es otro que las Salas de los Tribunales de Justicia y nuestros informes.

Sin embargo, como nos recuerda Dylan, los tiempos están cambiando. En los últimos meses, han sido varios los artículos de prensa que han cuestionado nuestra labor profesional e incluso nuestra independencia. Al amparo de titulares llamativos, referidos a una conocida serie de los años 80 o a un supuesto ataque a las víctimas del terrorismo, se pretende desvirtuar nuestro ejercicio profesional. A tal efecto, se acude al sofisma de las mal llamadas “puertas giratorias”, se pretende deslizar indebidos tratos de favor o de pretendido “castigo” al justiciable en función de criterios políticos.

Nada más lejos de la realidad. Si algo caracteriza nuestro trabajo como Abogados del Estado es el absoluto respeto por el principio de legalidad y la defensa de los intereses de la Administración. Así ha acontecido respecto de quienes han sido cuestionados en la prensa.

Por otra parte, si determinados compañeros deciden acceder a la situación de excedencia voluntaria, común a todo el conjunto de la función pública, no puede ello servir como “ariete” para cuestionar sin base fáctica alguna su labor previa al pase a dicha excedencia o la de quienes continúan en servicio activo. Esta imagen transmitida en los últimos meses no nos representa.

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Lo cierto es que vivimos en el mundo de la comunicación, de los medios y de la opinión pública. Y resulta imposible sustraerse del eco mediático teniendo en cuenta los asuntos de interés público en los que participamos con mayor o menor protagonismo.

 

Dentro del Cuerpo hay que quien añora épocas pasadas cuando nadie se fijaba en nosotros. Pero nuestra imagen, nuestro significado en la sociedad española, no nos es disponible, no depende de nuestra voluntad, sino de la de otros, de profesionales de la comunicación que deciden, sin pedir permiso, lo que cuentan y lo que no y cómo lo cuentan. Resulta francamente inconcebible que nuestro papel en tantas causas penales o frente al problema del independentismo catalán no sea publicado cuando el Gobierno le dice a los españoles que el asunto está “en manos de la Abogacía del Estado”. Lo que, por cierto, es garantía de solvencia en la adopción de soluciones.

 

Esconder la cabeza debajo del ala o la cabeza en un hoyo en la tierra como el avestruz no es una solución sensata a esta situación. Reconociendo que desde luego ésta es muchas veces muy incómoda.

 

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Además, no nos sentimos cómodos en este mundo, ante los focos, porque no es propio de nuestra condición de abogados y de la forma en la que desarrollamos nuestra profesión, de manera tranquila, silenciosa y responsable, adoptando los políticos y los gestores las decisiones y poniéndose ellos ante las cámaras. No se interviene en un pleito ni se hace un informe en un plató de televisión…

 

Cuando estás en determinados puestos, se hace inevitable el contacto con los profesionales de los medios, que te están esperando a la salida de unas declaraciones y te ruegan que compartas con ellos algo que nunca puedes decirles. Al final terminan conociendo por los abogados de la otra parte su interpretación de los hechos y lógicamente no tienen mayor interés en juzgarnos con equidad.

 

Parece indispensable que este problema se aborde por la Dirección con criterios actuales. Resulta impensable que podamos volver a realizar nuestra profesión ajenos a la publicidad. Este mismo Gobierno ha publicado leyes de transparencia que se fundan en el principio de que “el pueblo tiene derecho a saber”. ¿Estamos preparados para ello? No, no lo estamos. Es imprescindible que este despacho público de abogados considere seriamente ponerse en manos de profesionales de la comunicación que consigan que el nombre del compañero no salga a la luz pública y que pueda transmitir mensajes institucionales al margen de la actuación de este o aquel Abogado del Estado. Si no, muchos de nosotros que jugamos el partido en primera línea seguiremos en la más absoluta indefensión frente a la opinión pública, carecemos por completo de voz. Y hoy no hay nada peor.

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Un nuevo tiempo dicen los afortunados que poseen el don de la predicción. Desde luego, una nueva forma de hacer política que impondrá mayor diálogo y la necesidad de gobernar con acuerdos entre distintos partidos y líderes.

 

¿Miedo al desgobierno?

 

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Dentro del Cuerpo hay que quien añora épocas pasadas cuando nadie se fijaba en nosotros. Pero nuestra imagen, nuestro significado en la sociedad española, no nos es disponible, no depende de nuestra voluntad, sino de la de otros, de profesionales de la comunicación que deciden, sin pedir permiso, lo que cuentan y lo que no y cómo lo cuentan. Resulta francamente inconcebible que nuestro papel en tantas causas penales o frente al problema del independentismo catalán no sea publicado cuando el Gobierno le dice a los españoles que el asunto está “en manos de la Abogacía del Estado”. Lo que, por cierto, es garantía de solvencia en la adopción de soluciones.

 

Esconder la cabeza debajo del ala o la cabeza en un hoyo en la tierra como el avestruz no es una solución sensata a esta situación. Reconociendo que desde luego ésta es muchas veces muy incómoda.

 

A la par, los asuntos que gestionamos exigen discreción máxima. Es obligación del funcionario guardar reserva sobre los asuntos que se gestionan. Claro que la Ley también ordena a autoridades, funcionarios y profesionales de la Justicia el secreto de los sumarios bajo sanción penal y nada más que leer lo anterior es imposible no sonreír. Resulta llamativo que nadie haya sido condenado por revelar el secreto de un sumario, pero es así. El delito de descubrimiento y revelación de secretos sobre esta cuestión concreta ha sido derogado por desuetudo.

 

Además, no nos sentimos cómodos en este mundo, ante los focos, porque no es propio de nuestra condición de abogados y de la forma en la que desarrollamos nuestra profesión, de manera tranquila, silenciosa y responsable, adoptando los políticos y los gestores las decisiones y poniéndose ellos ante las cámaras. No se interviene en un pleito ni se hace un informe en un plató de televisión…

 

Cuando estás en determinados puestos, se hace inevitable el contacto con los profesionales de los medios, que te están esperando a la salida de unas declaraciones y te ruegan que compartas con ellos algo que nunca puedes decirles. Al final terminan conociendo por los abogados de la otra parte su interpretación de los hechos y lógicamente no tienen mayor interés en juzgarnos con equidad.

 

Parece indispensable que este problema se aborde por la Dirección con criterios actuales. Resulta impensable que podamos volver a realizar nuestra profesión ajenos a la publicidad. Este mismo Gobierno ha publicado leyes de transparencia que se fundan en el principio de que “el pueblo tiene derecho a saber”. ¿Estamos preparados para ello? No, no lo estamos. Es imprescindible que este despacho público de abogados considere seriamente ponerse en manos de profesionales de la comunicación que consigan que el nombre del compañero no salga a la luz pública y que pueda transmitir mensajes institucionales al margen de la actuación de este o aquel Abogado del Estado. Si no, muchos de nosotros que jugamos el partido en primera línea seguiremos en la más absoluta indefensión frente a la opinión pública, carecemos por completo de voz. Y hoy no hay nada peor.

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Viene del recuerdo la letra de la vieja canción de Bob Dylan, escrita en 1962, en la que reclamaba a senadores y congresistas que no se quedaran en la puerta, que no bloquearan el paso a los nuevos tiempos, en un tono desafiante muy propio de aquélla época de protestas y defensa de los derechos civiles.

 

Nuestros medios de comunicación en este año eterno de elecciones van proclamando también consignas de cambio: nuevos partidos emergentes con líderes que nunca han participado activamente en la política con sus nuevos lemas que quizás incluso representen nuevas ideas, con imposiciones a los dos partidos tradicionales para permitirles gobernar en el mapa autonómico y local y no se sabe muy bien si gobernar ellos también.

 

Un nuevo tiempo dicen los afortunados que poseen el don de la predicción. Desde luego, una nueva forma de hacer política que impondrá mayor diálogo y la necesidad de gobernar con acuerdos entre distintos partidos y líderes.

 

¿Miedo al desgobierno?

 

No. Por fortuna, España cuenta con una Administración Pública de calidad, fuertemente profesionalizada gracias a sus rigurosos sistemas de selección y provisión de puestos de trabajo que permite a los empleados públicos realizar un trabajo fundado en criterios estrictamente técnicos en todas la áreas del conocimiento, sin presiones guiadas por objetivos políticos al margen del interés general.

 

Quizás vengan nuevos tiempos de verdad; quizás cambiaremos sólo en apariencia para volver a reinventar lo mismo que tenemos. En todo caso, la Administración Pública seguirá garantizando los servicios públicos esenciales, el control en la gestión de los caudales públicos y en la toma de decisiones por las autoridades, el cumplimiento solidario de sus obligaciones por parte de los ciudadanos, en suma, la realización del bien común.

 

¡Pero que no tarden en alcanzar acuerdos!

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La fotografía que acompaña a estas líneas recoge el momento en el que, quien por entonces era S.A.R. el Príncipe de Asturias, recibió en audiencia a tres promociones del Cuerpo de Abogados del Estado: 2008, 2009 y 2011, acompañadas del Sr. Ministro de Justicia y la Abogada General del Estado.

La instantánea tiene, para los compañeros que participaron en ese acto, la misma significación que otras fotografías tomadas en años anteriores con ocasión de la tradicional recepción en el Palacio de La Zarzuela de las promociones recientemente incorporadas al Cuerpo de Abogados del Estado: el momento festivo propio de la alegría de haber aprobado la oposición junto con el honor enorme de ser reconocido por la más alta Magistratura del Estado como integrante de un colectivo con inquebrantable vocación de servicio a España.

Hoy recobramos esta fotografía por la importancia adicional de su actualidad. La audiencia fue presidida por S.A.R. el Príncipe de Asturias sustituyendo por primera vez a S.M. El Rey Don Juan Carlos I, a quien un accidente que le obligó a faltar de esta tradicional deferencia y distinción para con el Cuerpo de Abogados del Estado. Tan excepcional fue que todos los medios de comunicación social dieron cuenta de este acto.

Representa, vista desde hoy, el arranque de un proceso de cambio al frente de la Jefatura del Estado, y es un honor para el Cuerpo de Abogados del Estado en general y para los integrantes de estas tres promociones en particular haber sido distinguidos por quien hoy es S. M. El Rey Felipe VI. También porque el Jefe de su Casa sea nuestro compañero Jaime Alfonsín Alfonso.

Desde esta Asociación deseamos a S.M. El Rey Don Felipe VI el mayor de los aciertos en la tarea que afronta y que le ha correspondido iniciar en una época tan necesitada del ejercicio de las funciones que constitucionalmente tiene encomendadas.

Los Abogados del Estado lo son dentro de España de la Administración del Estado, pero fuera lo son del Reino, del Estado en su conjunto como única persona jurídica de Derecho Internacional. Y Su Majestad el símbolo de la unidad y la permanencia de esta antigua pero vital nación.

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El mes de diciembre pasado concluyó el proceso selectivo para la incorporación de dieciséis nuevos compañeros que conforman la promoción de 2013. Esta promoción bien podría recibir el sobrenombre de la “Deseada”,  porque su incorporación era esperada con ansia por el resto de los compañeros que están en servicio activo ante la sobrecarga de trabajo que pesa sobre las unidades. Son ya varias las Promociones que tardan dos años en alumbrarse (2009, 2011 y 2013). Junto con este espaciamiento temporal de cada nueva promoción, se observa que se ha ido reduciendo de forma llamativa el número de plazas convocadas en cada uno de los años. Las restricciones impuestas por la crisis económica así lo han exigido.

Sin embargo, entendemos que precisamente las mismas razones que aconsejan restringir el gasto y, consecuentemente, la oferta de empleo público, deberían llevarnos a una solución completamente distinta: incrementar la oferta de empleo público precisamente para cubrir aquellos puestos de trabajo que o bien permiten reducir o controlar mejor el gasto público, o bien permiten lograr ingresos públicos. Es viejo el dicho popular que recuerda que es mejor perder una peseta para ganar un duro.

Si se atiende al gasto público que supone un Abogado del Estado (idéntico razonamiento cabría hacer para otros funcionarios como Inspectores de Hacienda, Interventores del Estado, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social u otros), fácilmente se advierte que éste queda más que suficientemente cubierto con una parte pequeña de su trabajo. Por poner algunos ejemplos, resulta que un delito contra la Hacienda Pública adecuadamente defendido supone al menos 120.000 euros de cuota recuperada, más sus intereses de demora, la multa al menos del tanto defraudado, y las costas devengadas a favor del Tesoro Público. Un solo procedimiento, entre los miles que penden, sería “la peseta a perder”  (ese procedimiento cubriría el solo el salario de varios compañeros –o el del compañero y el Inspector de Hacienda actuario– y alguno otro en concreto el de todo el Cuerpo en un año), siendo el resto de los procedimientos ingreso neto para el Estado –“el duro a ganar”–.  El ejemplo del delito contra la Hacienda Pública es bueno porque tiene un umbral delictivo que facilita identificar de manera estándar el ingreso que se persigue,  pero lo mismo sucede con el resto de procedimientos en que intervienen los Abogados del Estado en defensa de los intereses económicos públicos (sin referirnos a otros procedimientos donde están en juego otro tipo de intereses no económicos, muy relevantes). En esta situación de crisis económica entendemos que es precisamente ahora cuando es más necesario hacer el gasto público en aquel personal cuyo trabajo, en términos netos, facilitará la tan necesaria consolidación fiscal.

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Número 39
"El duro a ganar"

El mes de diciembre pasado…

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Número 46


Nuestra razón de ser

Una de las primeras reacciones que experimentamos al aprobar nuestra oposición es la de detenernos en el escudo que, con orgullo, llevamos en nuestra toga y que nos identifica como “Abogados del Estado”. En no pocas ocasiones podemos preguntarnos acerca del significado de esta mención, que tiene su reflejo normativo en nuestra querida Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, que recientemente ha cumplido veinte años de vigencia. Nuestra Ley nos atribuye, nada menos, que la asistencia, representación y defensa en juicio del Estado.

Durante los pasados meses, hemos vivido un momento histórico, marcado por el desafío secesionista en Cataluña. En esta ocasión, si cabe, era particularmente necesaria una defensa jurídica al Estado que permitiera sostener el imperio de la ley. Pues bien, aun dentro de la complejidad de la situación, podemos afirmar que los Abogados del Estado hemos hecho honor a nuestro nombre y hemos defendido la legalidad constitucional y la integridad del Estado frente a dichos ataques.

Singularmente, nuestro Departamento de Derecho Constitucional, coordinado por nuestro Abogado General del Estado, ha encabezado esta tarea, siendo significativo que todos los procedimientos iniciados ante el Tribunal Constitucional obtuvieran un resultado favorable a los intereses que representamos. Asimismo, desde las distintas Abogacías del Estado en Cataluña se asume diariamente la defensa del Estado, en ocasiones en un ambiente poco favorable al ejercicio de nuestras funciones. Y no olvidemos tampoco la labor de asesoramiento en derecho que se desarrolla a través de las Abogacías del Estado en los Departamentos Ministeriales o en los Departamentos adscritos a la Subdirección General de Asuntos Contenciosos. Podemos afirmar, sin riesgo alguno de caer en un corporativismo mal entendido, que la labor de la Abogacía del Estado ha estado a la altura de las circunstancias.

En este contexto, la Asociación  quiere mostrar su apoyo a los compañeros que intervienen y han intervenido durante estos meses en dichas actuaciones. Así lo hemos expuesto públicamente y así queremos dejar constancia de ello en nuestra Revista. Nuestra portada guarda relación con esta forma de pensar. La Abogacía del Estado, por definición, tiene como seña de identidad esencial la de defender a nuestro Estado. En esta tarea y con este fin podemos decir que todos somos necesarios y nadie es contingente. Ante situaciones como las vividas en los pasados meses, solo cabe actuar con el rigor jurídico, discreción y eficacia que caracterizan nuestra función. Así ha ocurrido y podemos afirmar que hemos cumplido y seguiremos cumpliendo con nuestra misión esencial  en la defensa del Estado de Derecho y la legalidad constitucional. Como hemos defendido en los últimos meses, esta es nuestra razón de ser.