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En varias ocasiones, durante los últimos años, hemos querido destacar desde las páginas de la Revista de nuestra Asociación la unidad que ha caracterizado y debe, a toda costa, caracterizar a nuestro Cuerpo – sin perjuicio de las legítimas discrepancias internas que en cada momento puedan producirse. Sin ir más lejos, en el número 50 resaltábamos la importancia del trabajo en equipo y también la necesidad de adaptarnos a un mundo en constante cambio. Adaptación a las nuevas circunstancias, aprendizaje de los errores cometidos y compromiso con una labor que, digámoslo claramente, merece, y mucho, la pena.

 

Para defender nuestra profesión, es necesario, en primer término, que mantengamos firmemente la unidad a la que tantas veces hemos hecho referencia – la última de ellas en la Asamblea General Extraordinaria  de la Asociación que se celebró el pasado 31 de enero de 2020. Estamos en un Cuerpo de compañeros. Trabajemos juntos por la unión sin excepción alguna, rechacemos con firmeza los intentos de división, vengan de donde vengan, y hagamos de la Asociación la casa de todos, en la que tengan cabida todos los Abogados del Estado, cualquiera que sea la situación administrativa en la que se encuentren.

 

En segundo término, es necesario poner de manifiesto que la Asociación nació y ha pervivido durante más de cuarenta años con un carácter apolítico. Esto es algo que debemos seguir manteniendo. El valor de ser Abogado del Estado sin las “etiquetas” que vemos día a día en otras asociaciones profesionales, recordando que, como expresan acertadamente nuestros estatutos, nuestro objetivo no es otro que la defensa de los intereses profesionales y corporativos de los Abogados del Estado.

 

Destaquemos, en tercer lugar, la valía de nuestra función como profesionales del Derecho que deben actuar exclusivamente atendiendo a criterios técnico-jurídicos. Nuestro trabajo y prestigio ha sido forjado a lo largo de casi 140 años de historia, en la que siempre hemos estado, y estaremos, comprometidos con la defensa jurídica de los intereses públicos – con todos los regímenes políticos y formas de Estado. Esta es nuestra razón de ser. Nuestro reto es mantener la calidad en dicha función y defender la labor de nuestros compañeros cuando la misma pretende ser cuestionada sin fundamento admisible jurídicamente.

 

Los acontecimientos acaecidos en los últimos meses exigen reflexionar hacia el futuro sobre nuestros valores y sobre nuestra función – partiendo de nuestro marco normativo y deontológico vigente. Debatir entre nosotros, a través de grupos de trabajo e incluso mediante un Congreso, para recordar de dónde venimos, cual es la situación actual y nuestro futuro. Todo ello desde la lealtad, discreción y solvencia que siempre ha caracterizado al Cuerpo de Abogados del Estado. Cerremos filas, trabajemos juntos y defendamos nuestro escudo – que es la portada de este número de nuestra Revista. Nos unen muchas más cosas de las que pudieran llegar a separarnos. Demos a la Asociación y a este Cuerpo el impulso y el respaldo que merece. Es nuestra responsabilidad.

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La llegada del mes de septiembre nos trae el nuevo curso y, con él, los nuevos retos y objetivos que cada uno de nosotros nos marcamos con la ilusión de mejorar en lo que no acertamos en el curso anterior y de mantener lo que, de una forma u otra, demostró ser correcto.

 

No es ajena nuestra Asociación a este “espíritu” del nuevo curso que impregna el final del verano. Muchos son los retos que tenemos que seguir afrontando. El primero, y quizá el más importante de ellos, sea el de mantener nuestra esencia. Nuestro perfil técnico, asentado en una sólida formación jurídica. La unidad y lealtad entre compañeros, que ha vertebrado nuestro Cuerpo desde hace más de 135 años. Y, en todo caso, es necesario poner en valor que, con efectivos escasos, defendemos a la Administración del Estado con un éxito notable. Profesionales del derecho al servicio del interés general. La Asociación debe proteger estos valores e intentaremos desde el Consejo Directivo mejorar nuestra actuación cuando los mismos se vean cuestionados o comprometidos injustificadamente.

 

Debemos abordar, asimismo, la adaptación de la Asociación y de nuestro Cuerpo a un mundo en constante cambio y a una sociedad de la información en la que es necesaria una correcta política de comunicación que transmita lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser: profesionales preparados técnicamente, leales con nuestra labor y que, guiados por los principios de legalidad, unidad de doctrina y jerarquía, asumimos con orgullo una labor eficiente y discreta en la asistencia jurídica a nuestra Administración.

 

Ninguno de los retos y desafíos que nos rodean puede ser abordado desde una posición individualista. El concepto de la Abogacía del Estado como un equipo, es fundamental para que podamos seguir avanzando. No faltaran, ni han faltado, quienes han pretendido fomentar la división entre nosotros. El debate y la discusión en el seno de la Asociación siempre será bienvenido. Es sin duda un rasgo llamativo de nuestro Cuerpo el de su unidad en torno a estos principios comunes. Seamos, pues, capaces de dotar de su valor a la expresión “compañero”, tan común entre nosotros.

 

Esta unidad de nuestro Cuerpo, que se vertebra, entre otros medios, a través de la Asociación, ha quedado bien reflejada en varios acontecimientos celebrados recientemente: la presentación del Libro-Homenaje a Manuel Goded, la cena anual, las tertulias o la publicación de cincuenta números de esta Revista. Todos ellos son hechos objetivos que evidencian la cohesión de este Cuerpo. Asumamos nuestros valores y nuestros principios juntos. El nuevo curso es una buena ocasión para sentirnos orgullosos de nuestro pasado, responsables ante nuestro presente y deudores para transmitir nuestros valores hacia el futuro. Es algo que sin duda merece la pena.

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El 11 de noviembre de 1977 se celebró la Asamblea constituyente de nuestra Asociación y, transcurridos algo más de cuarenta años, celebramos el pasado 14 de diciembre la Asamblea General correspondiente al año 2018, en la que, además, renovamos parcialmente nuestro Consejo Directivo.

 

 Transcurrido ya un largo periodo desde la constitución de la Asociación, al albur de la renovación de nuestro Consejo y agradeciendo siempre la labor de todos los que han trabajado y trabajan en la misma, podríamos preguntarnos si se mantienen las razones que impulsaron su creación “para el fomento y defensa de los intereses profesionales y corporativos de los Abogados del Estado” (art.4 de los Estatutos).

 

 Como tuvimos ocasión de analizar en nuestra última Asamblea General, se mantienen todas y cada una de las razones que impulsaron la creación de nuestra Asociación, que presenta, como singularidad que nos parece más que notable, su unidad. No resulta ocioso recordar que, a diferencia de otros Cuerpos de nuestra Administración en los que coexisten distintas Asociaciones, en nuestro caso, desde su creación, siempre ha existido una única Asociación, en la que tienen cabida todos los compañeros que deciden formar parte de la misma, conforme a los principios de libre adhesión y baja voluntaria.

 

 El valor de la unidad en la Asociación, cualquiera que sea las acepciones que tomemos del término, nos lleva a trabajar desde la misma, buscando ese fomento y defensa de los intereses del Cuerpo de Abogados del Estado, que son la verdadera razón de ser que lleva a que seamos muchos los compañeros que permanecemos en la misma. Lógicamente, ese trabajo siempre está sujeto a la sana crítica de los compañeros, que son quienes conforman la base que pretendemos mantener y mejorar desde el Consejo Directivo. Escuchar, aprender e impulsar las acciones asociativas que tutelan nuestros intereses profesionales y corporativos deben ser las líneas de trabajo de nuestro Consejo.

 

 Las últimas elecciones al Consejo ponen de manifiesto que existe interés corporativo y que son numerosos los compañeros que quieren participar activamente en la Asociación. Así se apreció tanto por la presencia de numerosos candidatos, a los que agradeceremos siempre su predisposición, como en el número de votos emitidos, que determinó que fuera necesario un elevado número de sufragios para poder formar parte del mismo.

 

Llegados a este punto, afrontamos nuestra tarea sabiendo que son numerosos los retos por conseguir y que queda mucho por hacer. Pero lo hacemos desde la esperanza, entendida, como recuerda Václav Havel, no como la convicción de que las cosas saldrán bien, sino como la certidumbre de que algo tiene sentido sin importar el resultado final. Para todos, desde nuestra unidad característica, lo que debe tener sentido es nuestra condición de Abogados del Estado con los valores que esta representa. Y, con esperanza, trabajar juntos por la consecución de dichos retos.

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Basta asomarse al diccionario de nuestra Real Academia de la Lengua para constatar la riqueza polisémica de los “valores”. Hasta nueve son las acepciones que posee una palabra, que, sin duda, describe en múltiples de ellas lo que creemos que debe ser la Abogacía del Estado. Así, con arreglo a la primera de estas acepciones, no parece que pueda cuestionarse el grado de aptitud de la Abogacía del Estado para satisfacer las necesidades que motivaron su aparición en el mundo jurídico, como defensa  especializada y profesionalizada de la Administración, recientemente reivindicada en la Sentencia 288/2018 del pasado 14 de Junio de la Salan Segunda del Tribunal Supremo.

 

Tampoco creemos que pueda cuestionarse nuestro valor en cuanto a la significación de las funciones consultivas o contenciosas que nos atribuye la Ley 52/1997 de 27 de noviembre. En dicha significación, cobra singular relevancia la subsistencia y firmeza de nuestros criterios, que deben quedar asentados sobre una recta interpretación de las normas jurídicas, que son el eje, no olvidemos, de nuestra formación, desarrollada a través de un exigente procedimiento de selección, en el que encontramos tanto aspectos teóricos como prácticos. Una formación y un valor que no culmina en modo alguno con nuestra oposición, sino que se desarrolla durante nuestra carrera profesional, de cuya excelencia son un buen ejemplo los compañeros a los que año tras año rendimos homenaje durante el mes de Junio.

 

La eficacia o virtud de la Abogacía del Estado para defender los intereses de la Administración es algo que puede constatarse día a día en los Juzgados y Tribunales de España y en las sedes de las distintas Administraciones y Entes a los que prestamos asesoramiento en derecho. Y es precisamente esa eficacia, entre otros factores, la que tiene como rédito o fruto el que, durante más de 135 años, haya sido la Abogacía del Estado un referente en el estudio y ejercicio de la práctica del Derecho, tanto dentro de la Administración como fuera de ella, a través de los compañeros que, por unas razones u otras, pasan a su ejercicio a través de la excedencia voluntaria o los servicios especiales.

 

Probablemente desde esa eficacia, se entiendan las razones que nos llevan a “acometer resueltamente grandes empresas y a arrostrar los peligros”, adentrándonos en ámbitos jurídicos hoy conocidos, pero grandes desconocidos en épocas pretéritas, como el Derecho Comunitario, con excelentes compañeros en las más altas responsabilidades de las instituciones europeas, el Arbitraje, el Derecho Concursal, el Derecho Laboral o el Derecho Penal, ámbitos en los que, cada día más, se requiere y exige nuestra presencia y valor. Y, probablemente como suma de todas estas circunstancias, se nos atribuye una especial cualidad positiva para la actividad del derecho, que es la que debemos preservar. Nos corresponde potenciar la unidad en la defensa de nuestros valores  y  en la defensa del Estado de Derecho. De nosotros depende que sigamos manteniendo nuestro valor, en todas las acepciones posibles. Es un reto, pero, con todas las dificultades y defectos propios de cada “casa”, debemos conseguirlo.

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La diferencia entre la física cuántica y el Derecho es que la mayoría asume que de física cuántica no tiene ni idea. Sin embargo, cuando se trata del Derecho, cualquier persona se reserva no el derecho de opinar, legítimo, sino el Derecho a constituirse en “experto” en Derecho. Parecería así que el mero acceso a Facebook, Twiter o a los medios de comunicación permite, lisa y llanamente, descalificar el Derecho.

 

Desde el primer día en el que empezamos a preparar nuestro camino para ser Abogados del Estado aprendemos a respetar nuestro sistema y, sobre todo, a guardar una sincera lealtad al mismo. Nuestros preparadores, algunos de los cuales desgraciadamente nos han dejado durante los últimos meses siendo todo un ejemplo a seguir, nos enseñan con su comportamiento que el camino hacia el Derecho no se alcanza desde atajos, trampas ni medias verdades. Nos enseñan, y, muestra de ello es nuestra formación histórica relatada con maestría por Miguel Ángel Gilabert, a conocer y respetar el ordenamiento jurídico. Nos enseñan a ser leales no solamente desde el respeto a las Leyes, sino también desde el respeto a quienes tienen el deber de aplicarlas. Somos, todos, partícipes de un sistema que debe quedar regido únicamente por los dictados del principio de legalidad y en el que nos constituimos como servidores públicos y colaboradores de la Justicia. Nuestro ordenamiento jurídico  ha querido garantizar, como norma básica, la Constitución y como piedra angular del sistema la independencia judicial.

 

La lealtad es definida por nuestro diccionario de la RAE como el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor. No vemos una forma más adecuada de definir nuestra posición profesional y nuestra actividad como Abogados del Estado.  Lealtad no es sumisión. No significa aceptar como bueno cualquier posicionamiento de la Administración a la que defendemos, ni tampoco aceptar, sin crítica alguna, las resoluciones que puedan emanar de nuestros Jueces y Tribunales. Lealtad es actuar en todo momento sabiendo que más allá de intereses personales existe un fin común. Lealtad significa saber que existen medios procesales para combatir las resoluciones que consideramos que no se ajustan a derecho. E igualmente supone conocer que nuestras Leyes son aprobadas y modificadas conforme a unas reglas predeterminadas, sujetas a controles. Únicamente desde la reflexión y el análisis técnico-jurídico podremos lograr  un ordenamiento jurídico, singularmente el penal, coherente con nuestros principios básicos. Optar por la crítica fácil, el análisis apriorístico de los problemas o, simplemente, por una posición que pretenda obtener el aplauso y no el rigor jurídico nos ha llevado a redactar más de 25 reformas del Código Penal en poco más de 20 años. No parece que sea el camino.

 

La lealtad debe ser ideología, bandera y seña de identidad de nuestro Cuerpo. Es nuestra responsabilidad y deber alcanzarla.

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Número 51
Juntos en defensa de nuestro escudo

En varias ocasiones, durante los últimos años, hemos querido destacar desde las páginas…

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En varias ocasiones, durante los últimos años, hemos querido destacar desde las páginas de la Revista de nuestra Asociación la unidad que ha caracterizado y debe, a toda costa, caracterizar a nuestro Cuerpo – sin perjuicio de las legítimas discrepancias internas que en cada momento puedan producirse. Sin ir más lejos, en el número 50 resaltábamos la importancia del trabajo en equipo y también la necesidad de adaptarnos a un mundo en constante cambio. Adaptación a las nuevas circunstancias, aprendizaje de los errores cometidos y compromiso con una labor que, digámoslo claramente, merece, y mucho, la pena.

 

Para defender nuestra profesión, es necesario, en primer término, que mantengamos firmemente la unidad a la que tantas veces hemos hecho referencia – la última de ellas en la Asamblea General Extraordinaria  de la Asociación que se celebró el pasado 31 de enero de 2020. Estamos en un Cuerpo de compañeros. Trabajemos juntos por la unión sin excepción alguna, rechacemos con firmeza los intentos de división, vengan de donde vengan, y hagamos de la Asociación la casa de todos, en la que tengan cabida todos los Abogados del Estado, cualquiera que sea la situación administrativa en la que se encuentren.

 

En segundo término, es necesario poner de manifiesto que la Asociación nació y ha pervivido durante más de cuarenta años con un carácter apolítico. Esto es algo que debemos seguir manteniendo. El valor de ser Abogado del Estado sin las “etiquetas” que vemos día a día en otras asociaciones profesionales, recordando que, como expresan acertadamente nuestros estatutos, nuestro objetivo no es otro que la defensa de los intereses profesionales y corporativos de los Abogados del Estado.

 

Destaquemos, en tercer lugar, la valía de nuestra función como profesionales del Derecho que deben actuar exclusivamente atendiendo a criterios técnico-jurídicos. Nuestro trabajo y prestigio ha sido forjado a lo largo de casi 140 años de historia, en la que siempre hemos estado, y estaremos, comprometidos con la defensa jurídica de los intereses públicos – con todos los regímenes políticos y formas de Estado. Esta es nuestra razón de ser. Nuestro reto es mantener la calidad en dicha función y defender la labor de nuestros compañeros cuando la misma pretende ser cuestionada sin fundamento admisible jurídicamente.

 

Los acontecimientos acaecidos en los últimos meses exigen reflexionar hacia el futuro sobre nuestros valores y sobre nuestra función – partiendo de nuestro marco normativo y deontológico vigente. Debatir entre nosotros, a través de grupos de trabajo e incluso mediante un Congreso, para recordar de dónde venimos, cual es la situación actual y nuestro futuro. Todo ello desde la lealtad, discreción y solvencia que siempre ha caracterizado al Cuerpo de Abogados del Estado. Cerremos filas, trabajemos juntos y defendamos nuestro escudo – que es la portada de este número de nuestra Revista. Nos unen muchas más cosas de las que pudieran llegar a separarnos. Demos a la Asociación y a este Cuerpo el impulso y el respaldo que merece. Es nuestra responsabilidad.

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No es ajena nuestra Asociación a este “espíritu” del nuevo curso que impregna el final del verano. Muchos son los retos que tenemos que seguir afrontando. El primero, y quizá el más importante de ellos, sea el de mantener nuestra esencia. Nuestro perfil técnico, asentado en una sólida formación jurídica. La unidad y lealtad entre compañeros, que ha vertebrado nuestro Cuerpo desde hace más de 135 años. Y, en todo caso, es necesario poner en valor que, con efectivos escasos, defendemos a la Administración del Estado con un éxito notable. Profesionales del derecho al servicio del interés general. La Asociación debe proteger estos valores e intentaremos desde el Consejo Directivo mejorar nuestra actuación cuando los mismos se vean cuestionados o comprometidos injustificadamente.

 

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Esta unidad de nuestro Cuerpo, que se vertebra, entre otros medios, a través de la Asociación, ha quedado bien reflejada en varios acontecimientos celebrados recientemente: la presentación del Libro-Homenaje a Manuel Goded, la cena anual, las tertulias o la publicación de cincuenta números de esta Revista. Todos ellos son hechos objetivos que evidencian la cohesión de este Cuerpo. Asumamos nuestros valores y nuestros principios juntos. El nuevo curso es una buena ocasión para sentirnos orgullosos de nuestro pasado, responsables ante nuestro presente y deudores para transmitir nuestros valores hacia el futuro. Es algo que sin duda merece la pena.

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Llegados a este punto, afrontamos nuestra tarea sabiendo que son numerosos los retos por conseguir y que queda mucho por hacer. Pero lo hacemos desde la esperanza, entendida, como recuerda Václav Havel, no como la convicción de que las cosas saldrán bien, sino como la certidumbre de que algo tiene sentido sin importar el resultado final. Para todos, desde nuestra unidad característica, lo que debe tener sentido es nuestra condición de Abogados del Estado con los valores que esta representa. Y, con esperanza, trabajar juntos por la consecución de dichos retos.

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La diferencia entre la física cuántica y el Derecho es que la mayoría asume que de física cuántica no tiene ni idea. Sin embargo, cuando se trata del Derecho, cualquier persona se reserva no el derecho de opinar, legítimo, sino el Derecho a constituirse en “experto” en Derecho. Parecería así que el mero acceso a Facebook, Twiter o a los medios de comunicación permite, lisa y llanamente, descalificar el Derecho.

 

Desde el primer día en el que empezamos a preparar nuestro camino para ser Abogados del Estado aprendemos a respetar nuestro sistema y, sobre todo, a guardar una sincera lealtad al mismo. Nuestros preparadores, algunos de los cuales desgraciadamente nos han dejado durante los últimos meses siendo todo un ejemplo a seguir, nos enseñan con su comportamiento que el camino hacia el Derecho no se alcanza desde atajos, trampas ni medias verdades. Nos enseñan, y, muestra de ello es nuestra formación histórica relatada con maestría por Miguel Ángel Gilabert, a conocer y respetar el ordenamiento jurídico. Nos enseñan a ser leales no solamente desde el respeto a las Leyes, sino también desde el respeto a quienes tienen el deber de aplicarlas. Somos, todos, partícipes de un sistema que debe quedar regido únicamente por los dictados del principio de legalidad y en el que nos constituimos como servidores públicos y colaboradores de la Justicia. Nuestro ordenamiento jurídico  ha querido garantizar, como norma básica, la Constitución y como piedra angular del sistema la independencia judicial.

 

La lealtad es definida por nuestro diccionario de la RAE como el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor. No vemos una forma más adecuada de definir nuestra posición profesional y nuestra actividad como Abogados del Estado.  Lealtad no es sumisión. No significa aceptar como bueno cualquier posicionamiento de la Administración a la que defendemos, ni tampoco aceptar, sin crítica alguna, las resoluciones que puedan emanar de nuestros Jueces y Tribunales. Lealtad es actuar en todo momento sabiendo que más allá de intereses personales existe un fin común. Lealtad significa saber que existen medios procesales para combatir las resoluciones que consideramos que no se ajustan a derecho. E igualmente supone conocer que nuestras Leyes son aprobadas y modificadas conforme a unas reglas predeterminadas, sujetas a controles. Únicamente desde la reflexión y el análisis técnico-jurídico podremos lograr  un ordenamiento jurídico, singularmente el penal, coherente con nuestros principios básicos. Optar por la crítica fácil, el análisis apriorístico de los problemas o, simplemente, por una posición que pretenda obtener el aplauso y no el rigor jurídico nos ha llevado a redactar más de 25 reformas del Código Penal en poco más de 20 años. No parece que sea el camino.

 

La lealtad debe ser ideología, bandera y seña de identidad de nuestro Cuerpo. Es nuestra responsabilidad y deber alcanzarla.

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Número 50
Llega un nuevo curso

La llegada del mes de septiembre nos trae el nuevo curso y, con él, los nuevos retos y objetivos que…

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En varias ocasiones, durante los últimos años, hemos querido destacar desde las páginas de la Revista de nuestra Asociación la unidad que ha caracterizado y debe, a toda costa, caracterizar a nuestro Cuerpo – sin perjuicio de las legítimas discrepancias internas que en cada momento puedan producirse. Sin ir más lejos, en el número 50 resaltábamos la importancia del trabajo en equipo y también la necesidad de adaptarnos a un mundo en constante cambio. Adaptación a las nuevas circunstancias, aprendizaje de los errores cometidos y compromiso con una labor que, digámoslo claramente, merece, y mucho, la pena.

 

Para defender nuestra profesión, es necesario, en primer término, que mantengamos firmemente la unidad a la que tantas veces hemos hecho referencia – la última de ellas en la Asamblea General Extraordinaria  de la Asociación que se celebró el pasado 31 de enero de 2020. Estamos en un Cuerpo de compañeros. Trabajemos juntos por la unión sin excepción alguna, rechacemos con firmeza los intentos de división, vengan de donde vengan, y hagamos de la Asociación la casa de todos, en la que tengan cabida todos los Abogados del Estado, cualquiera que sea la situación administrativa en la que se encuentren.

 

En segundo término, es necesario poner de manifiesto que la Asociación nació y ha pervivido durante más de cuarenta años con un carácter apolítico. Esto es algo que debemos seguir manteniendo. El valor de ser Abogado del Estado sin las “etiquetas” que vemos día a día en otras asociaciones profesionales, recordando que, como expresan acertadamente nuestros estatutos, nuestro objetivo no es otro que la defensa de los intereses profesionales y corporativos de los Abogados del Estado.

 

Destaquemos, en tercer lugar, la valía de nuestra función como profesionales del Derecho que deben actuar exclusivamente atendiendo a criterios técnico-jurídicos. Nuestro trabajo y prestigio ha sido forjado a lo largo de casi 140 años de historia, en la que siempre hemos estado, y estaremos, comprometidos con la defensa jurídica de los intereses públicos – con todos los regímenes políticos y formas de Estado. Esta es nuestra razón de ser. Nuestro reto es mantener la calidad en dicha función y defender la labor de nuestros compañeros cuando la misma pretende ser cuestionada sin fundamento admisible jurídicamente.

 

Los acontecimientos acaecidos en los últimos meses exigen reflexionar hacia el futuro sobre nuestros valores y sobre nuestra función – partiendo de nuestro marco normativo y deontológico vigente. Debatir entre nosotros, a través de grupos de trabajo e incluso mediante un Congreso, para recordar de dónde venimos, cual es la situación actual y nuestro futuro. Todo ello desde la lealtad, discreción y solvencia que siempre ha caracterizado al Cuerpo de Abogados del Estado. Cerremos filas, trabajemos juntos y defendamos nuestro escudo – que es la portada de este número de nuestra Revista. Nos unen muchas más cosas de las que pudieran llegar a separarnos. Demos a la Asociación y a este Cuerpo el impulso y el respaldo que merece. Es nuestra responsabilidad.

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La llegada del mes de septiembre nos trae el nuevo curso y, con él, los nuevos retos y objetivos que cada uno de nosotros nos marcamos con la ilusión de mejorar en lo que no acertamos en el curso anterior y de mantener lo que, de una forma u otra, demostró ser correcto.

 

No es ajena nuestra Asociación a este “espíritu” del nuevo curso que impregna el final del verano. Muchos son los retos que tenemos que seguir afrontando. El primero, y quizá el más importante de ellos, sea el de mantener nuestra esencia. Nuestro perfil técnico, asentado en una sólida formación jurídica. La unidad y lealtad entre compañeros, que ha vertebrado nuestro Cuerpo desde hace más de 135 años. Y, en todo caso, es necesario poner en valor que, con efectivos escasos, defendemos a la Administración del Estado con un éxito notable. Profesionales del derecho al servicio del interés general. La Asociación debe proteger estos valores e intentaremos desde el Consejo Directivo mejorar nuestra actuación cuando los mismos se vean cuestionados o comprometidos injustificadamente.

 

Debemos abordar, asimismo, la adaptación de la Asociación y de nuestro Cuerpo a un mundo en constante cambio y a una sociedad de la información en la que es necesaria una correcta política de comunicación que transmita lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser: profesionales preparados técnicamente, leales con nuestra labor y que, guiados por los principios de legalidad, unidad de doctrina y jerarquía, asumimos con orgullo una labor eficiente y discreta en la asistencia jurídica a nuestra Administración.

 

Ninguno de los retos y desafíos que nos rodean puede ser abordado desde una posición individualista. El concepto de la Abogacía del Estado como un equipo, es fundamental para que podamos seguir avanzando. No faltaran, ni han faltado, quienes han pretendido fomentar la división entre nosotros. El debate y la discusión en el seno de la Asociación siempre será bienvenido. Es sin duda un rasgo llamativo de nuestro Cuerpo el de su unidad en torno a estos principios comunes. Seamos, pues, capaces de dotar de su valor a la expresión “compañero”, tan común entre nosotros.

 

Esta unidad de nuestro Cuerpo, que se vertebra, entre otros medios, a través de la Asociación, ha quedado bien reflejada en varios acontecimientos celebrados recientemente: la presentación del Libro-Homenaje a Manuel Goded, la cena anual, las tertulias o la publicación de cincuenta números de esta Revista. Todos ellos son hechos objetivos que evidencian la cohesión de este Cuerpo. Asumamos nuestros valores y nuestros principios juntos. El nuevo curso es una buena ocasión para sentirnos orgullosos de nuestro pasado, responsables ante nuestro presente y deudores para transmitir nuestros valores hacia el futuro. Es algo que sin duda merece la pena.

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El 11 de noviembre de 1977 se celebró la Asamblea constituyente de nuestra Asociación y, transcurridos algo más de cuarenta años, celebramos el pasado 14 de diciembre la Asamblea General correspondiente al año 2018, en la que, además, renovamos parcialmente nuestro Consejo Directivo.

 

 Transcurrido ya un largo periodo desde la constitución de la Asociación, al albur de la renovación de nuestro Consejo y agradeciendo siempre la labor de todos los que han trabajado y trabajan en la misma, podríamos preguntarnos si se mantienen las razones que impulsaron su creación “para el fomento y defensa de los intereses profesionales y corporativos de los Abogados del Estado” (art.4 de los Estatutos).

 

 Como tuvimos ocasión de analizar en nuestra última Asamblea General, se mantienen todas y cada una de las razones que impulsaron la creación de nuestra Asociación, que presenta, como singularidad que nos parece más que notable, su unidad. No resulta ocioso recordar que, a diferencia de otros Cuerpos de nuestra Administración en los que coexisten distintas Asociaciones, en nuestro caso, desde su creación, siempre ha existido una única Asociación, en la que tienen cabida todos los compañeros que deciden formar parte de la misma, conforme a los principios de libre adhesión y baja voluntaria.

 

 El valor de la unidad en la Asociación, cualquiera que sea las acepciones que tomemos del término, nos lleva a trabajar desde la misma, buscando ese fomento y defensa de los intereses del Cuerpo de Abogados del Estado, que son la verdadera razón de ser que lleva a que seamos muchos los compañeros que permanecemos en la misma. Lógicamente, ese trabajo siempre está sujeto a la sana crítica de los compañeros, que son quienes conforman la base que pretendemos mantener y mejorar desde el Consejo Directivo. Escuchar, aprender e impulsar las acciones asociativas que tutelan nuestros intereses profesionales y corporativos deben ser las líneas de trabajo de nuestro Consejo.

 

 Las últimas elecciones al Consejo ponen de manifiesto que existe interés corporativo y que son numerosos los compañeros que quieren participar activamente en la Asociación. Así se apreció tanto por la presencia de numerosos candidatos, a los que agradeceremos siempre su predisposición, como en el número de votos emitidos, que determinó que fuera necesario un elevado número de sufragios para poder formar parte del mismo.

 

Llegados a este punto, afrontamos nuestra tarea sabiendo que son numerosos los retos por conseguir y que queda mucho por hacer. Pero lo hacemos desde la esperanza, entendida, como recuerda Václav Havel, no como la convicción de que las cosas saldrán bien, sino como la certidumbre de que algo tiene sentido sin importar el resultado final. Para todos, desde nuestra unidad característica, lo que debe tener sentido es nuestra condición de Abogados del Estado con los valores que esta representa. Y, con esperanza, trabajar juntos por la consecución de dichos retos.

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Basta asomarse al diccionario de nuestra Real Academia de la Lengua para constatar la riqueza polisémica de los “valores”. Hasta nueve son las acepciones que posee una palabra, que, sin duda, describe en múltiples de ellas lo que creemos que debe ser la Abogacía del Estado. Así, con arreglo a la primera de estas acepciones, no parece que pueda cuestionarse el grado de aptitud de la Abogacía del Estado para satisfacer las necesidades que motivaron su aparición en el mundo jurídico, como defensa  especializada y profesionalizada de la Administración, recientemente reivindicada en la Sentencia 288/2018 del pasado 14 de Junio de la Salan Segunda del Tribunal Supremo.

 

Tampoco creemos que pueda cuestionarse nuestro valor en cuanto a la significación de las funciones consultivas o contenciosas que nos atribuye la Ley 52/1997 de 27 de noviembre. En dicha significación, cobra singular relevancia la subsistencia y firmeza de nuestros criterios, que deben quedar asentados sobre una recta interpretación de las normas jurídicas, que son el eje, no olvidemos, de nuestra formación, desarrollada a través de un exigente procedimiento de selección, en el que encontramos tanto aspectos teóricos como prácticos. Una formación y un valor que no culmina en modo alguno con nuestra oposición, sino que se desarrolla durante nuestra carrera profesional, de cuya excelencia son un buen ejemplo los compañeros a los que año tras año rendimos homenaje durante el mes de Junio.

 

La eficacia o virtud de la Abogacía del Estado para defender los intereses de la Administración es algo que puede constatarse día a día en los Juzgados y Tribunales de España y en las sedes de las distintas Administraciones y Entes a los que prestamos asesoramiento en derecho. Y es precisamente esa eficacia, entre otros factores, la que tiene como rédito o fruto el que, durante más de 135 años, haya sido la Abogacía del Estado un referente en el estudio y ejercicio de la práctica del Derecho, tanto dentro de la Administración como fuera de ella, a través de los compañeros que, por unas razones u otras, pasan a su ejercicio a través de la excedencia voluntaria o los servicios especiales.

 

Probablemente desde esa eficacia, se entiendan las razones que nos llevan a “acometer resueltamente grandes empresas y a arrostrar los peligros”, adentrándonos en ámbitos jurídicos hoy conocidos, pero grandes desconocidos en épocas pretéritas, como el Derecho Comunitario, con excelentes compañeros en las más altas responsabilidades de las instituciones europeas, el Arbitraje, el Derecho Concursal, el Derecho Laboral o el Derecho Penal, ámbitos en los que, cada día más, se requiere y exige nuestra presencia y valor. Y, probablemente como suma de todas estas circunstancias, se nos atribuye una especial cualidad positiva para la actividad del derecho, que es la que debemos preservar. Nos corresponde potenciar la unidad en la defensa de nuestros valores  y  en la defensa del Estado de Derecho. De nosotros depende que sigamos manteniendo nuestro valor, en todas las acepciones posibles. Es un reto, pero, con todas las dificultades y defectos propios de cada “casa”, debemos conseguirlo.

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La diferencia entre la física cuántica y el Derecho es que la mayoría asume que de física cuántica no tiene ni idea. Sin embargo, cuando se trata del Derecho, cualquier persona se reserva no el derecho de opinar, legítimo, sino el Derecho a constituirse en “experto” en Derecho. Parecería así que el mero acceso a Facebook, Twiter o a los medios de comunicación permite, lisa y llanamente, descalificar el Derecho.

 

Desde el primer día en el que empezamos a preparar nuestro camino para ser Abogados del Estado aprendemos a respetar nuestro sistema y, sobre todo, a guardar una sincera lealtad al mismo. Nuestros preparadores, algunos de los cuales desgraciadamente nos han dejado durante los últimos meses siendo todo un ejemplo a seguir, nos enseñan con su comportamiento que el camino hacia el Derecho no se alcanza desde atajos, trampas ni medias verdades. Nos enseñan, y, muestra de ello es nuestra formación histórica relatada con maestría por Miguel Ángel Gilabert, a conocer y respetar el ordenamiento jurídico. Nos enseñan a ser leales no solamente desde el respeto a las Leyes, sino también desde el respeto a quienes tienen el deber de aplicarlas. Somos, todos, partícipes de un sistema que debe quedar regido únicamente por los dictados del principio de legalidad y en el que nos constituimos como servidores públicos y colaboradores de la Justicia. Nuestro ordenamiento jurídico  ha querido garantizar, como norma básica, la Constitución y como piedra angular del sistema la independencia judicial.

 

La lealtad es definida por nuestro diccionario de la RAE como el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor. No vemos una forma más adecuada de definir nuestra posición profesional y nuestra actividad como Abogados del Estado.  Lealtad no es sumisión. No significa aceptar como bueno cualquier posicionamiento de la Administración a la que defendemos, ni tampoco aceptar, sin crítica alguna, las resoluciones que puedan emanar de nuestros Jueces y Tribunales. Lealtad es actuar en todo momento sabiendo que más allá de intereses personales existe un fin común. Lealtad significa saber que existen medios procesales para combatir las resoluciones que consideramos que no se ajustan a derecho. E igualmente supone conocer que nuestras Leyes son aprobadas y modificadas conforme a unas reglas predeterminadas, sujetas a controles. Únicamente desde la reflexión y el análisis técnico-jurídico podremos lograr  un ordenamiento jurídico, singularmente el penal, coherente con nuestros principios básicos. Optar por la crítica fácil, el análisis apriorístico de los problemas o, simplemente, por una posición que pretenda obtener el aplauso y no el rigor jurídico nos ha llevado a redactar más de 25 reformas del Código Penal en poco más de 20 años. No parece que sea el camino.

 

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Número 49
Esperanza

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Para defender nuestra profesión, es necesario, en primer término, que mantengamos firmemente la unidad a la que tantas veces hemos hecho referencia – la última de ellas en la Asamblea General Extraordinaria  de la Asociación que se celebró el pasado 31 de enero de 2020. Estamos en un Cuerpo de compañeros. Trabajemos juntos por la unión sin excepción alguna, rechacemos con firmeza los intentos de división, vengan de donde vengan, y hagamos de la Asociación la casa de todos, en la que tengan cabida todos los Abogados del Estado, cualquiera que sea la situación administrativa en la que se encuentren.

 

En segundo término, es necesario poner de manifiesto que la Asociación nació y ha pervivido durante más de cuarenta años con un carácter apolítico. Esto es algo que debemos seguir manteniendo. El valor de ser Abogado del Estado sin las “etiquetas” que vemos día a día en otras asociaciones profesionales, recordando que, como expresan acertadamente nuestros estatutos, nuestro objetivo no es otro que la defensa de los intereses profesionales y corporativos de los Abogados del Estado.

 

Destaquemos, en tercer lugar, la valía de nuestra función como profesionales del Derecho que deben actuar exclusivamente atendiendo a criterios técnico-jurídicos. Nuestro trabajo y prestigio ha sido forjado a lo largo de casi 140 años de historia, en la que siempre hemos estado, y estaremos, comprometidos con la defensa jurídica de los intereses públicos – con todos los regímenes políticos y formas de Estado. Esta es nuestra razón de ser. Nuestro reto es mantener la calidad en dicha función y defender la labor de nuestros compañeros cuando la misma pretende ser cuestionada sin fundamento admisible jurídicamente.

 

Los acontecimientos acaecidos en los últimos meses exigen reflexionar hacia el futuro sobre nuestros valores y sobre nuestra función – partiendo de nuestro marco normativo y deontológico vigente. Debatir entre nosotros, a través de grupos de trabajo e incluso mediante un Congreso, para recordar de dónde venimos, cual es la situación actual y nuestro futuro. Todo ello desde la lealtad, discreción y solvencia que siempre ha caracterizado al Cuerpo de Abogados del Estado. Cerremos filas, trabajemos juntos y defendamos nuestro escudo – que es la portada de este número de nuestra Revista. Nos unen muchas más cosas de las que pudieran llegar a separarnos. Demos a la Asociación y a este Cuerpo el impulso y el respaldo que merece. Es nuestra responsabilidad.

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No es ajena nuestra Asociación a este “espíritu” del nuevo curso que impregna el final del verano. Muchos son los retos que tenemos que seguir afrontando. El primero, y quizá el más importante de ellos, sea el de mantener nuestra esencia. Nuestro perfil técnico, asentado en una sólida formación jurídica. La unidad y lealtad entre compañeros, que ha vertebrado nuestro Cuerpo desde hace más de 135 años. Y, en todo caso, es necesario poner en valor que, con efectivos escasos, defendemos a la Administración del Estado con un éxito notable. Profesionales del derecho al servicio del interés general. La Asociación debe proteger estos valores e intentaremos desde el Consejo Directivo mejorar nuestra actuación cuando los mismos se vean cuestionados o comprometidos injustificadamente.

 

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La eficacia o virtud de la Abogacía del Estado para defender los intereses de la Administración es algo que puede constatarse día a día en los Juzgados y Tribunales de España y en las sedes de las distintas Administraciones y Entes a los que prestamos asesoramiento en derecho. Y es precisamente esa eficacia, entre otros factores, la que tiene como rédito o fruto el que, durante más de 135 años, haya sido la Abogacía del Estado un referente en el estudio y ejercicio de la práctica del Derecho, tanto dentro de la Administración como fuera de ella, a través de los compañeros que, por unas razones u otras, pasan a su ejercicio a través de la excedencia voluntaria o los servicios especiales.

 

Probablemente desde esa eficacia, se entiendan las razones que nos llevan a “acometer resueltamente grandes empresas y a arrostrar los peligros”, adentrándonos en ámbitos jurídicos hoy conocidos, pero grandes desconocidos en épocas pretéritas, como el Derecho Comunitario, con excelentes compañeros en las más altas responsabilidades de las instituciones europeas, el Arbitraje, el Derecho Concursal, el Derecho Laboral o el Derecho Penal, ámbitos en los que, cada día más, se requiere y exige nuestra presencia y valor. Y, probablemente como suma de todas estas circunstancias, se nos atribuye una especial cualidad positiva para la actividad del derecho, que es la que debemos preservar. Nos corresponde potenciar la unidad en la defensa de nuestros valores  y  en la defensa del Estado de Derecho. De nosotros depende que sigamos manteniendo nuestro valor, en todas las acepciones posibles. Es un reto, pero, con todas las dificultades y defectos propios de cada “casa”, debemos conseguirlo.

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La diferencia entre la física cuántica y el Derecho es que la mayoría asume que de física cuántica no tiene ni idea. Sin embargo, cuando se trata del Derecho, cualquier persona se reserva no el derecho de opinar, legítimo, sino el Derecho a constituirse en “experto” en Derecho. Parecería así que el mero acceso a Facebook, Twiter o a los medios de comunicación permite, lisa y llanamente, descalificar el Derecho.

 

Desde el primer día en el que empezamos a preparar nuestro camino para ser Abogados del Estado aprendemos a respetar nuestro sistema y, sobre todo, a guardar una sincera lealtad al mismo. Nuestros preparadores, algunos de los cuales desgraciadamente nos han dejado durante los últimos meses siendo todo un ejemplo a seguir, nos enseñan con su comportamiento que el camino hacia el Derecho no se alcanza desde atajos, trampas ni medias verdades. Nos enseñan, y, muestra de ello es nuestra formación histórica relatada con maestría por Miguel Ángel Gilabert, a conocer y respetar el ordenamiento jurídico. Nos enseñan a ser leales no solamente desde el respeto a las Leyes, sino también desde el respeto a quienes tienen el deber de aplicarlas. Somos, todos, partícipes de un sistema que debe quedar regido únicamente por los dictados del principio de legalidad y en el que nos constituimos como servidores públicos y colaboradores de la Justicia. Nuestro ordenamiento jurídico  ha querido garantizar, como norma básica, la Constitución y como piedra angular del sistema la independencia judicial.

 

La lealtad es definida por nuestro diccionario de la RAE como el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor. No vemos una forma más adecuada de definir nuestra posición profesional y nuestra actividad como Abogados del Estado.  Lealtad no es sumisión. No significa aceptar como bueno cualquier posicionamiento de la Administración a la que defendemos, ni tampoco aceptar, sin crítica alguna, las resoluciones que puedan emanar de nuestros Jueces y Tribunales. Lealtad es actuar en todo momento sabiendo que más allá de intereses personales existe un fin común. Lealtad significa saber que existen medios procesales para combatir las resoluciones que consideramos que no se ajustan a derecho. E igualmente supone conocer que nuestras Leyes son aprobadas y modificadas conforme a unas reglas predeterminadas, sujetas a controles. Únicamente desde la reflexión y el análisis técnico-jurídico podremos lograr  un ordenamiento jurídico, singularmente el penal, coherente con nuestros principios básicos. Optar por la crítica fácil, el análisis apriorístico de los problemas o, simplemente, por una posición que pretenda obtener el aplauso y no el rigor jurídico nos ha llevado a redactar más de 25 reformas del Código Penal en poco más de 20 años. No parece que sea el camino.

 

La lealtad debe ser ideología, bandera y seña de identidad de nuestro Cuerpo. Es nuestra responsabilidad y deber alcanzarla.

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Número 48
Valores

Basta asomarse al diccionario de nuestra Real Academia de la Lengua para constatar la riqueza polisémica…

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En varias ocasiones, durante los últimos años, hemos querido destacar desde las páginas de la Revista de nuestra Asociación la unidad que ha caracterizado y debe, a toda costa, caracterizar a nuestro Cuerpo – sin perjuicio de las legítimas discrepancias internas que en cada momento puedan producirse. Sin ir más lejos, en el número 50 resaltábamos la importancia del trabajo en equipo y también la necesidad de adaptarnos a un mundo en constante cambio. Adaptación a las nuevas circunstancias, aprendizaje de los errores cometidos y compromiso con una labor que, digámoslo claramente, merece, y mucho, la pena.

 

Para defender nuestra profesión, es necesario, en primer término, que mantengamos firmemente la unidad a la que tantas veces hemos hecho referencia – la última de ellas en la Asamblea General Extraordinaria  de la Asociación que se celebró el pasado 31 de enero de 2020. Estamos en un Cuerpo de compañeros. Trabajemos juntos por la unión sin excepción alguna, rechacemos con firmeza los intentos de división, vengan de donde vengan, y hagamos de la Asociación la casa de todos, en la que tengan cabida todos los Abogados del Estado, cualquiera que sea la situación administrativa en la que se encuentren.

 

En segundo término, es necesario poner de manifiesto que la Asociación nació y ha pervivido durante más de cuarenta años con un carácter apolítico. Esto es algo que debemos seguir manteniendo. El valor de ser Abogado del Estado sin las “etiquetas” que vemos día a día en otras asociaciones profesionales, recordando que, como expresan acertadamente nuestros estatutos, nuestro objetivo no es otro que la defensa de los intereses profesionales y corporativos de los Abogados del Estado.

 

Destaquemos, en tercer lugar, la valía de nuestra función como profesionales del Derecho que deben actuar exclusivamente atendiendo a criterios técnico-jurídicos. Nuestro trabajo y prestigio ha sido forjado a lo largo de casi 140 años de historia, en la que siempre hemos estado, y estaremos, comprometidos con la defensa jurídica de los intereses públicos – con todos los regímenes políticos y formas de Estado. Esta es nuestra razón de ser. Nuestro reto es mantener la calidad en dicha función y defender la labor de nuestros compañeros cuando la misma pretende ser cuestionada sin fundamento admisible jurídicamente.

 

Los acontecimientos acaecidos en los últimos meses exigen reflexionar hacia el futuro sobre nuestros valores y sobre nuestra función – partiendo de nuestro marco normativo y deontológico vigente. Debatir entre nosotros, a través de grupos de trabajo e incluso mediante un Congreso, para recordar de dónde venimos, cual es la situación actual y nuestro futuro. Todo ello desde la lealtad, discreción y solvencia que siempre ha caracterizado al Cuerpo de Abogados del Estado. Cerremos filas, trabajemos juntos y defendamos nuestro escudo – que es la portada de este número de nuestra Revista. Nos unen muchas más cosas de las que pudieran llegar a separarnos. Demos a la Asociación y a este Cuerpo el impulso y el respaldo que merece. Es nuestra responsabilidad.

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La llegada del mes de septiembre nos trae el nuevo curso y, con él, los nuevos retos y objetivos que cada uno de nosotros nos marcamos con la ilusión de mejorar en lo que no acertamos en el curso anterior y de mantener lo que, de una forma u otra, demostró ser correcto.

 

No es ajena nuestra Asociación a este “espíritu” del nuevo curso que impregna el final del verano. Muchos son los retos que tenemos que seguir afrontando. El primero, y quizá el más importante de ellos, sea el de mantener nuestra esencia. Nuestro perfil técnico, asentado en una sólida formación jurídica. La unidad y lealtad entre compañeros, que ha vertebrado nuestro Cuerpo desde hace más de 135 años. Y, en todo caso, es necesario poner en valor que, con efectivos escasos, defendemos a la Administración del Estado con un éxito notable. Profesionales del derecho al servicio del interés general. La Asociación debe proteger estos valores e intentaremos desde el Consejo Directivo mejorar nuestra actuación cuando los mismos se vean cuestionados o comprometidos injustificadamente.

 

Debemos abordar, asimismo, la adaptación de la Asociación y de nuestro Cuerpo a un mundo en constante cambio y a una sociedad de la información en la que es necesaria una correcta política de comunicación que transmita lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser: profesionales preparados técnicamente, leales con nuestra labor y que, guiados por los principios de legalidad, unidad de doctrina y jerarquía, asumimos con orgullo una labor eficiente y discreta en la asistencia jurídica a nuestra Administración.

 

Ninguno de los retos y desafíos que nos rodean puede ser abordado desde una posición individualista. El concepto de la Abogacía del Estado como un equipo, es fundamental para que podamos seguir avanzando. No faltaran, ni han faltado, quienes han pretendido fomentar la división entre nosotros. El debate y la discusión en el seno de la Asociación siempre será bienvenido. Es sin duda un rasgo llamativo de nuestro Cuerpo el de su unidad en torno a estos principios comunes. Seamos, pues, capaces de dotar de su valor a la expresión “compañero”, tan común entre nosotros.

 

Esta unidad de nuestro Cuerpo, que se vertebra, entre otros medios, a través de la Asociación, ha quedado bien reflejada en varios acontecimientos celebrados recientemente: la presentación del Libro-Homenaje a Manuel Goded, la cena anual, las tertulias o la publicación de cincuenta números de esta Revista. Todos ellos son hechos objetivos que evidencian la cohesión de este Cuerpo. Asumamos nuestros valores y nuestros principios juntos. El nuevo curso es una buena ocasión para sentirnos orgullosos de nuestro pasado, responsables ante nuestro presente y deudores para transmitir nuestros valores hacia el futuro. Es algo que sin duda merece la pena.

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El 11 de noviembre de 1977 se celebró la Asamblea constituyente de nuestra Asociación y, transcurridos algo más de cuarenta años, celebramos el pasado 14 de diciembre la Asamblea General correspondiente al año 2018, en la que, además, renovamos parcialmente nuestro Consejo Directivo.

 

 Transcurrido ya un largo periodo desde la constitución de la Asociación, al albur de la renovación de nuestro Consejo y agradeciendo siempre la labor de todos los que han trabajado y trabajan en la misma, podríamos preguntarnos si se mantienen las razones que impulsaron su creación “para el fomento y defensa de los intereses profesionales y corporativos de los Abogados del Estado” (art.4 de los Estatutos).

 

 Como tuvimos ocasión de analizar en nuestra última Asamblea General, se mantienen todas y cada una de las razones que impulsaron la creación de nuestra Asociación, que presenta, como singularidad que nos parece más que notable, su unidad. No resulta ocioso recordar que, a diferencia de otros Cuerpos de nuestra Administración en los que coexisten distintas Asociaciones, en nuestro caso, desde su creación, siempre ha existido una única Asociación, en la que tienen cabida todos los compañeros que deciden formar parte de la misma, conforme a los principios de libre adhesión y baja voluntaria.

 

 El valor de la unidad en la Asociación, cualquiera que sea las acepciones que tomemos del término, nos lleva a trabajar desde la misma, buscando ese fomento y defensa de los intereses del Cuerpo de Abogados del Estado, que son la verdadera razón de ser que lleva a que seamos muchos los compañeros que permanecemos en la misma. Lógicamente, ese trabajo siempre está sujeto a la sana crítica de los compañeros, que son quienes conforman la base que pretendemos mantener y mejorar desde el Consejo Directivo. Escuchar, aprender e impulsar las acciones asociativas que tutelan nuestros intereses profesionales y corporativos deben ser las líneas de trabajo de nuestro Consejo.

 

 Las últimas elecciones al Consejo ponen de manifiesto que existe interés corporativo y que son numerosos los compañeros que quieren participar activamente en la Asociación. Así se apreció tanto por la presencia de numerosos candidatos, a los que agradeceremos siempre su predisposición, como en el número de votos emitidos, que determinó que fuera necesario un elevado número de sufragios para poder formar parte del mismo.

 

Llegados a este punto, afrontamos nuestra tarea sabiendo que son numerosos los retos por conseguir y que queda mucho por hacer. Pero lo hacemos desde la esperanza, entendida, como recuerda Václav Havel, no como la convicción de que las cosas saldrán bien, sino como la certidumbre de que algo tiene sentido sin importar el resultado final. Para todos, desde nuestra unidad característica, lo que debe tener sentido es nuestra condición de Abogados del Estado con los valores que esta representa. Y, con esperanza, trabajar juntos por la consecución de dichos retos.

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Basta asomarse al diccionario de nuestra Real Academia de la Lengua para constatar la riqueza polisémica de los “valores”. Hasta nueve son las acepciones que posee una palabra, que, sin duda, describe en múltiples de ellas lo que creemos que debe ser la Abogacía del Estado. Así, con arreglo a la primera de estas acepciones, no parece que pueda cuestionarse el grado de aptitud de la Abogacía del Estado para satisfacer las necesidades que motivaron su aparición en el mundo jurídico, como defensa  especializada y profesionalizada de la Administración, recientemente reivindicada en la Sentencia 288/2018 del pasado 14 de Junio de la Salan Segunda del Tribunal Supremo.

 

Tampoco creemos que pueda cuestionarse nuestro valor en cuanto a la significación de las funciones consultivas o contenciosas que nos atribuye la Ley 52/1997 de 27 de noviembre. En dicha significación, cobra singular relevancia la subsistencia y firmeza de nuestros criterios, que deben quedar asentados sobre una recta interpretación de las normas jurídicas, que son el eje, no olvidemos, de nuestra formación, desarrollada a través de un exigente procedimiento de selección, en el que encontramos tanto aspectos teóricos como prácticos. Una formación y un valor que no culmina en modo alguno con nuestra oposición, sino que se desarrolla durante nuestra carrera profesional, de cuya excelencia son un buen ejemplo los compañeros a los que año tras año rendimos homenaje durante el mes de Junio.

 

La eficacia o virtud de la Abogacía del Estado para defender los intereses de la Administración es algo que puede constatarse día a día en los Juzgados y Tribunales de España y en las sedes de las distintas Administraciones y Entes a los que prestamos asesoramiento en derecho. Y es precisamente esa eficacia, entre otros factores, la que tiene como rédito o fruto el que, durante más de 135 años, haya sido la Abogacía del Estado un referente en el estudio y ejercicio de la práctica del Derecho, tanto dentro de la Administración como fuera de ella, a través de los compañeros que, por unas razones u otras, pasan a su ejercicio a través de la excedencia voluntaria o los servicios especiales.

 

Probablemente desde esa eficacia, se entiendan las razones que nos llevan a “acometer resueltamente grandes empresas y a arrostrar los peligros”, adentrándonos en ámbitos jurídicos hoy conocidos, pero grandes desconocidos en épocas pretéritas, como el Derecho Comunitario, con excelentes compañeros en las más altas responsabilidades de las instituciones europeas, el Arbitraje, el Derecho Concursal, el Derecho Laboral o el Derecho Penal, ámbitos en los que, cada día más, se requiere y exige nuestra presencia y valor. Y, probablemente como suma de todas estas circunstancias, se nos atribuye una especial cualidad positiva para la actividad del derecho, que es la que debemos preservar. Nos corresponde potenciar la unidad en la defensa de nuestros valores  y  en la defensa del Estado de Derecho. De nosotros depende que sigamos manteniendo nuestro valor, en todas las acepciones posibles. Es un reto, pero, con todas las dificultades y defectos propios de cada “casa”, debemos conseguirlo.

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La diferencia entre la física cuántica y el Derecho es que la mayoría asume que de física cuántica no tiene ni idea. Sin embargo, cuando se trata del Derecho, cualquier persona se reserva no el derecho de opinar, legítimo, sino el Derecho a constituirse en “experto” en Derecho. Parecería así que el mero acceso a Facebook, Twiter o a los medios de comunicación permite, lisa y llanamente, descalificar el Derecho.

 

Desde el primer día en el que empezamos a preparar nuestro camino para ser Abogados del Estado aprendemos a respetar nuestro sistema y, sobre todo, a guardar una sincera lealtad al mismo. Nuestros preparadores, algunos de los cuales desgraciadamente nos han dejado durante los últimos meses siendo todo un ejemplo a seguir, nos enseñan con su comportamiento que el camino hacia el Derecho no se alcanza desde atajos, trampas ni medias verdades. Nos enseñan, y, muestra de ello es nuestra formación histórica relatada con maestría por Miguel Ángel Gilabert, a conocer y respetar el ordenamiento jurídico. Nos enseñan a ser leales no solamente desde el respeto a las Leyes, sino también desde el respeto a quienes tienen el deber de aplicarlas. Somos, todos, partícipes de un sistema que debe quedar regido únicamente por los dictados del principio de legalidad y en el que nos constituimos como servidores públicos y colaboradores de la Justicia. Nuestro ordenamiento jurídico  ha querido garantizar, como norma básica, la Constitución y como piedra angular del sistema la independencia judicial.

 

La lealtad es definida por nuestro diccionario de la RAE como el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor. No vemos una forma más adecuada de definir nuestra posición profesional y nuestra actividad como Abogados del Estado.  Lealtad no es sumisión. No significa aceptar como bueno cualquier posicionamiento de la Administración a la que defendemos, ni tampoco aceptar, sin crítica alguna, las resoluciones que puedan emanar de nuestros Jueces y Tribunales. Lealtad es actuar en todo momento sabiendo que más allá de intereses personales existe un fin común. Lealtad significa saber que existen medios procesales para combatir las resoluciones que consideramos que no se ajustan a derecho. E igualmente supone conocer que nuestras Leyes son aprobadas y modificadas conforme a unas reglas predeterminadas, sujetas a controles. Únicamente desde la reflexión y el análisis técnico-jurídico podremos lograr  un ordenamiento jurídico, singularmente el penal, coherente con nuestros principios básicos. Optar por la crítica fácil, el análisis apriorístico de los problemas o, simplemente, por una posición que pretenda obtener el aplauso y no el rigor jurídico nos ha llevado a redactar más de 25 reformas del Código Penal en poco más de 20 años. No parece que sea el camino.

 

La lealtad debe ser ideología, bandera y seña de identidad de nuestro Cuerpo. Es nuestra responsabilidad y deber alcanzarla.

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Número 47
Lealtad

La diferencia entre la física cuántica y el Derecho es que la mayoría asume que de física…

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Número 51


Juntos en defensa de nuestro escudo

En varias ocasiones, durante los últimos años, hemos querido destacar desde las páginas de la Revista de nuestra Asociación la unidad que ha caracterizado y debe, a toda costa, caracterizar a nuestro Cuerpo – sin perjuicio de las legítimas discrepancias internas que en cada momento puedan producirse. Sin ir más lejos, en el número 50 resaltábamos la importancia del trabajo en equipo y también la necesidad de adaptarnos a un mundo en constante cambio. Adaptación a las nuevas circunstancias, aprendizaje de los errores cometidos y compromiso con una labor que, digámoslo claramente, merece, y mucho, la pena.

 

Para defender nuestra profesión, es necesario, en primer término, que mantengamos firmemente la unidad a la que tantas veces hemos hecho referencia – la última de ellas en la Asamblea General Extraordinaria  de la Asociación que se celebró el pasado 31 de enero de 2020. Estamos en un Cuerpo de compañeros. Trabajemos juntos por la unión sin excepción alguna, rechacemos con firmeza los intentos de división, vengan de donde vengan, y hagamos de la Asociación la casa de todos, en la que tengan cabida todos los Abogados del Estado, cualquiera que sea la situación administrativa en la que se encuentren.

 

En segundo término, es necesario poner de manifiesto que la Asociación nació y ha pervivido durante más de cuarenta años con un carácter apolítico. Esto es algo que debemos seguir manteniendo. El valor de ser Abogado del Estado sin las “etiquetas” que vemos día a día en otras asociaciones profesionales, recordando que, como expresan acertadamente nuestros estatutos, nuestro objetivo no es otro que la defensa de los intereses profesionales y corporativos de los Abogados del Estado.

 

Destaquemos, en tercer lugar, la valía de nuestra función como profesionales del Derecho que deben actuar exclusivamente atendiendo a criterios técnico-jurídicos. Nuestro trabajo y prestigio ha sido forjado a lo largo de casi 140 años de historia, en la que siempre hemos estado, y estaremos, comprometidos con la defensa jurídica de los intereses públicos – con todos los regímenes políticos y formas de Estado. Esta es nuestra razón de ser. Nuestro reto es mantener la calidad en dicha función y defender la labor de nuestros compañeros cuando la misma pretende ser cuestionada sin fundamento admisible jurídicamente.

 

Los acontecimientos acaecidos en los últimos meses exigen reflexionar hacia el futuro sobre nuestros valores y sobre nuestra función – partiendo de nuestro marco normativo y deontológico vigente. Debatir entre nosotros, a través de grupos de trabajo e incluso mediante un Congreso, para recordar de dónde venimos, cual es la situación actual y nuestro futuro. Todo ello desde la lealtad, discreción y solvencia que siempre ha caracterizado al Cuerpo de Abogados del Estado. Cerremos filas, trabajemos juntos y defendamos nuestro escudo – que es la portada de este número de nuestra Revista. Nos unen muchas más cosas de las que pudieran llegar a separarnos. Demos a la Asociación y a este Cuerpo el impulso y el respaldo que merece. Es nuestra responsabilidad.