La modernización de la Justicia ha de ser una de las prioridades para la legislatura recién comenzada. El gran impacto mediático de algunos asuntos muy graves oculta el trabajo dedicado de no pocos profesiones de la administración judicial pero, al mismo tiempo, sirve para sacar a la luz algunos datos sobre un funcionamiento de este servicio público que debe considerarse muy mejorable.
Son varias las tareas que impulsar aunque entre ellas esta especialmente la referida a una mejor organización y funcionamiento de la gestión de los asuntos. Hay medidas que tienen un contenido eminentemente presupuestario pero hay otras que dependen mucho de la voluntad y el compromiso reforzado de quienes participan de una función tan honrosa como es hacer justicia en el ejercicio de la tutela judicial.
Sus varios los agentes que están llamados a reforzar su compromiso por este reto. Desde el Parlamento al CGPJ, por aludir a dos instituciones representativas de poderes del Estado, a otras instancias diversas como Colegios Profesionales, Asociaciones de grupos corporativos, etc.
Pero el principal, además de los ejecutivos autonómicos con competencias en la materia, ha de ser el gobierno de la nación. El Ministerio de Justicia tiene por delante un relevante reto. Para ello, debe impulsar sus propias decisiones con el respaldo de todo el gobierno. Pero, previamente a ello, debe ser receptor de cuantas sugerencias y propuestas que enfocadas por el interés general, más que por los corporativos, lleguen desde diversas instancias.
La Abogacía del Estado tiene un papel relevante que desempeñar. Con más de 130.000 asuntos judiciales vivos en los que somos parte procesal, se está en magníficas condiciones de tener una percepción clara de cómo abordar reformas en esta materia. Desde la lealtad al Estado, los profesionales que integran la Abogacía del Estado están a disposición absoluta en colaborar con el Ministerio de Justicia para que esta prioridad se convierta en una realidad.
Abogados del Estado Nº 21
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