Se asoma a estas humildes páginas presidiéndolas y en plena actualidad tras la reestructuración del Gobierno, el denominado proceso de Bolonia y además de la mano del Secretario de Estado de Universidades. Este denominado “proceso” en realidad es la consecuencia de la necesidad de implantar en España, de la misma forma que en el resto de Europa, de las decisiones adoptadas en la Declaración de Bolonia de 19 de junio de 1999 suscrito por los Ministros de Educación de la Unión Europea la cual, tiene su antecedente en la declaración realizada el 25 de Mayo de 1998 en la Sorbona, en la que ya se hacía hincapié en el papel central de las Universidades en el desarrollo de las dimensiones culturales Europeas. Con la Declaración de Bolonia se da un paso más, se pretende la creación del Espacio Europeo de Educación Superior y promocionar el sistema Europeo de enseñanza superior en todo el mundo. Se pretende, nada más ni nada menos, que la adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones; promocionar la movilidad de los estudiantes, profesores, investigadores y personal de administración y servicios; y, promocionar la cooperación europea para garantizar la calidad de la educación superior de dimensión europea.
Se trata, en definitiva, de extender en la Unión Europea y sin perjuicio de la potencial ampliación de este modelo, del concepto de la ciudadanía de la Unión no sólo a aspectos económicos o sociales sino también establecer una equiparación uniforme en la educación, en este caso, superior. La polémica levantada en este proceso en ejecución pone de manifiesto precisamente la relevancia de lo que se pretende y del hecho de que la formación universitaria marca claramente el sentido de la preparación y por tanto de la capacidad de los jóvenes de hoy para liderar nuestro mundo del mañana. Los Abogados del Estado no pueden permanecer ajenos a esa realidad, sin nuestra formación universitaria reforzada por los años de oposición no cabría pretender ejercer nuestra profesión con cotas adecuadas de excelencia y de calidad. La formación universitaria forma parte del acervo que a diario se expone y se desarrolla en el recto cumplimiento de nuestra función ya que es la semilla de cualquier trabajo profesional cualificado. Tener interés en este proceso, seguirlo y desear de los responsables públicos, cuya implantación les compete, el pleno acierto en tan difícil y polémica labor, es tarea de cualquier ciudadano con la inquietud de querer garantizar un futuro mejor y en nuestro caso, gracias a nuestra función de asesoramiento jurídico, constituye además un trabajo esencial para el éxito del proceso.