Estamos asistiendo en los últimos tiempos a una masiva aparición de la Abogacía del Estado en los medios de comunicación. A veces, para mal; a veces, para bien. En este mismo número de la Revista se habla de algún caso muy significativo.
Lo cierto es que vivimos en el mundo de la comunicación, de los medios y de la opinión pública. Y resulta imposible sustraerse del eco mediático teniendo en cuenta los asuntos de interés público en los que participamos con mayor o menor protagonismo.
Dentro del Cuerpo hay que quien añora épocas pasadas cuando nadie se fijaba en nosotros. Pero nuestra imagen, nuestro significado en la sociedad española, no nos es disponible, no depende de nuestra voluntad, sino de la de otros, de profesionales de la comunicación que deciden, sin pedir permiso, lo que cuentan y lo que no y cómo lo cuentan. Resulta francamente inconcebible que nuestro papel en tantas causas penales o frente al problema del independentismo catalán no sea publicado cuando el Gobierno le dice a los españoles que el asunto está “en manos de la Abogacía del Estado”. Lo que, por cierto, es garantía de solvencia en la adopción de soluciones.
Esconder la cabeza debajo del ala o la cabeza en un hoyo en la tierra como el avestruz no es una solución sensata a esta situación. Reconociendo que desde luego ésta es muchas veces muy incómoda.
A la par, los asuntos que gestionamos exigen discreción máxima. Es obligación del funcionario guardar reserva sobre los asuntos que se gestionan. Claro que la Ley también ordena a autoridades, funcionarios y profesionales de la Justicia el secreto de los sumarios bajo sanción penal y nada más que leer lo anterior es imposible no sonreír. Resulta llamativo que nadie haya sido condenado por revelar el secreto de un sumario, pero es así. El delito de descubrimiento y revelación de secretos sobre esta cuestión concreta ha sido derogado por desuetudo.
Además, no nos sentimos cómodos en este mundo, ante los focos, porque no es propio de nuestra condición de abogados y de la forma en la que desarrollamos nuestra profesión, de manera tranquila, silenciosa y responsable, adoptando los políticos y los gestores las decisiones y poniéndose ellos ante las cámaras. No se interviene en un pleito ni se hace un informe en un plató de televisión...
Cuando estás en determinados puestos, se hace inevitable el contacto con los profesionales de los medios, que te están esperando a la salida de unas declaraciones y te ruegan que compartas con ellos algo que nunca puedes decirles. Al final terminan conociendo por los abogados de la otra parte su interpretación de los hechos y lógicamente no tienen mayor interés en juzgarnos con equidad.
Parece indispensable que este problema se aborde por la Dirección con criterios actuales. Resulta impensable que podamos volver a realizar nuestra profesión ajenos a la publicidad. Este mismo Gobierno ha publicado leyes de transparencia que se fundan en el principio de que “el pueblo tiene derecho a saber”. ¿Estamos preparados para ello? No, no lo estamos. Es imprescindible que este despacho público de abogados considere seriamente ponerse en manos de profesionales de la comunicación que consigan que el nombre del compañero no salga a la luz pública y que pueda transmitir mensajes institucionales al margen de la actuación de este o aquel Abogado del Estado. Si no, muchos de nosotros que jugamos el partido en primera línea seguiremos en la más absoluta indefensión frente a la opinión pública, carecemos por completo de voz. Y hoy no hay nada peor.
