Cuando publicábamos el pasado mes de febrero de 2020 el número 51 de esta Revista, no podíamos pensar que íbamos a afrontar una situación tan compleja como la que hemos vivido. Sirvan estas primeras líneas del número 52 de la Revista para recordar a todos los familiares y amigos que hemos perdido y para mandar un fuerte abrazo a los compañeros afectados por la pandemia del COVID-19.
Ha sido un periodo de tristeza, de temor, de esperanza y también de reflexión. Tristeza y temor ante la propagación y efectos de un virus que ha demostrado que no somos inmunes - en ningún sentido. Esperanza al mirar al futuro y al ir, poco a poco, volviendo a una normalidad que no es la que conocíamos hasta ahora. Y reflexión sobre todo lo que nos une ante situaciones tan difíciles como las vividas y sobre lo que verdaderamente merece la pena. Solamente desde la unión, el sacrificio y el esfuerzo conjunto pueden superarse momentos como los vividos en estos meses y como los que tendremos que afrontar en los meses venideros.
Los Abogados del Estado debemos defender la relevancia de nuestra labor, no solamente para la Administración, sino también para y en la sociedad. Nos corresponde, con carácter cuasi-exclusivo, la representación y defensa de la Administración ante los Juzgados y Tribunales en todos los órdenes jurisdiccionales. Toda una responsabilidad que asumiremos con el rigor y calidad que debemos perseguir en todas nuestras actuaciones si se produce finalmente un incremento de procedimientos judiciales asociados a la pandemia. Nos corresponde, asimismo, la superior labor consultiva de la Administración del Estado - a salvo las competencias del Consejo de Estado. La relevancia de esta función, desarrollada con libertad de criterio, se ha puesto de manifiesto durante estos meses, en los que los informes emitidos por nuestros compañeros han servido de pauta interpretativa en numerosos foros jurídicos - no solamente en la Administración. Y, como parte de nuestras funciones contenciosas, hemos asumido y asumiremos la representación y defensa de los funcionarios públicos y autoridades cuando estos son denunciados en sede penal por el ejercicio legítimo de sus funciones. Miles de ellos, singularmente en los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado, han sido y son defendidos por la Abogacía del Estado para garantizar así su derecho constitucional a una defensa técnica que respalde su actuación cuando la misma es cuestionada en sede judicial.
Nos encontramos ante nuevos retos que debemos abordar con ilusión, esfuerzo y reflexionando en foros como el Congreso que queremos celebrar el año próximo. A pesar de las dificultades y en las dificultades, como las vividas en estos meses, merece sin duda la pena. Juntos sumamos.
