Uno de los objetivos esenciales de toda organización debe ser el de atraer el talento, para lograr que se incorporen a la misma los mejores candidatos posibles. Tratándose de la Abogacía del Estado, se hace preciso un mayor y mejor conocimiento de nuestras funciones entre quienes se encuentran cursando estudios en las Universidades. Captada la atención de los aspirantes, es necesario que estos superen el previo proceso selectivo que es convocado en cada caso. Cuando dicha organización es la Administración, este proceso debe respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Asistimos en fechas recientes a un intenso debate en torno a las formas de acceso a la Administración y a la posterior promoción profesional de los empleados públicos. Como muy acertadamente ponía de manifiesto Rosario Silva en sus palabras del pasado 9 de septiembre, que reproducimos en este número de la revista, nuestra oposición es un sistema objetivo, que se basa exclusivamente en el esfuerzo y el trabajo. A quienes critican la oposición por memorística, les recordamos que, no sólo tenemos dos ejercicios teóricos, sino que también hay que aprobar los dos prácticos, en los que es imprescindible aplicar razonadamente el derecho para poder superar el proceso. Nuestro sistema de acceso, sin ser perfecto, como ninguno lo es, sí que pretende seleccionar a opositores preparados y fomenta valores como el esfuerzo y la constancia que son imprescindibles para poder ser un buen profesional en un mundo complejo y exigente.
De nada sirve poder atraer al talento, si, una vez se accede a la Administración, se advierte un horizonte profesional limitado, que, en ocasiones, puede impulsar, a algunos, al estancamiento, y, a otros, a buscar nuevos caminos profesionales, alejados de la Abogacía del Estado. Es necesaria una carrera profesional en la que se prime asimismo el esfuerzo y la dedicación, que permita avanzar y trazar nuestra trayectoria dentro de la Abogacía General del Estado, tanto desde el punto de vista de los cometidos que desempeñamos como desde el punto de vista de nuestras retribuciones. Esta carrera, con mejores perspectivas profesionales y económicas, puede servir también para fidelizar a aquellos compañeros que, en determinadas ocasiones, pasan al sector privado precisamente ante la falta de una opción de futuro que les mantenga ligados al sector público.
Del conocimiento general exhaustivo del derecho, que obtenemos en la oposición, pasamos a un ejercicio profesionalizado y especializado, en el que nos enfrentamos a los mejores despachos y empresas de España. No en vano, según recientes informaciones publicadas en prensa, los litigios que defiende la Abogacía del Estado representan, nada menos, que un 4% del PIB de nuestro país. Dicho reto requiere que se doten los medios económicos y materiales suficientes que permitan a la Abogacía del Estado lograr la mejor defensa posible de los intereses generales, tanto en la faceta contenciosa como en la consultiva.
No solamente es necesario captar, seleccionar, mantener y potenciar el talento. Es, por último, imprescindible saber agradecer la labor de quienes nos han precedido, aprender de sus aciertos, ser capaces de despedirles adecuadamente al término de su carrera profesional y escuchar la “voz de la experiencia” que tantas veces nos ayuda a resolver los problemas más complejos.
Defendamos el talento, rechacemos los atajos, que en nada benefician, y propugnemos que, de entre todos los equipos posibles, sigue siendo una extraordinaria opción jugar nuestra vida de juristas en el de los Abogados del Estado.
