Desde hace años, observamos un cambio radical en la forma y en los medios a través de los cuales fluye la información hacia la sociedad. Lejos quedan ya las etapas en las que solamente existían algunos de ellos. Actualmente, no solamente encontramos numerosos medios, digitales y en papel, sino que también las redes sociales han cambiado por completo el modo en el que se transmite la información, y la opinión, hacia los ciudadanos.
Cada cual tendrá su criterio al respecto, pero, sin duda, la pluralidad y diversidad de opiniones son valores propios de una sociedad democrática avanzada. Y también resulta positiva la posibilidad de acceder a contenidos e informaciones prácticamente en tiempo real. Nada que objetar al respecto. Todo lo contrario.
Ahora bien, creemos que sí que deben respetarse determinados principios fundamentales para que el sistema funcione correctamente. El primero de ellos es cerrar el paso a las noticias falsas, deliberadamente orientadas a lograr una determinada corriente o forma de opinión al respecto de un asunto determinado. Mucho y bien se ha escrito al respecto. La información debe ser, ante todo, veraz. Y partiendo de una información veraz, cada cual podrá tener o desarrollar su perspectiva de un determinado asunto.
El segundo límite debiera encontrarse en el respeto a los protagonistas de las noticias y opiniones. La crítica, constructiva y objetiva, es siempre bienvenida. No debe serlo la mera descalificación. Menos aún, cuando esa descalificación se recibe gratuitamente tras una actuación en el ejercicio recto de una determinada profesión, en nuestro caso la de Abogados de Estado. Como muy certeramente recuerda el artículo 42.b del Real Decreto 1012/2022, de 5 de diciembre, uno de nuestros principios de actuación es el de libertad de criterio técnico, de conformidad con el de unidad de doctrina. Siguiendo dicho criterio técnico, llevamos a cabo nuestra labor, coordinando los criterios de actuación derivados de los códigos deontológicos de la abogacía y de la procura con nuestra condición de funcionarios públicos, sujetos al deber de sigilo.
En este contexto, no podemos sino rechazar y condenar rotundamente que pueda calificarse a nuestros compañeros de “sinvergüenzas”, “mentirosos”, “psicópatas” o “abogados sin moral” con total impunidad. No es de recibo que puedan realizarse estas descalificaciones, dirigidas hacia quienes se han limitado a ejercer honestamente su función, cumpliendo con los deberes que nos son propios. Desde nuestro medio de comunicación, la revista, abierta a través de nuestra web, no podemos sino mostrar nuestro apoyo, sin fisura alguna, a los compañeros y rechazar, lamentar y condenar que “todo valga” para descalificar nuestra función. Estamos sujetos a la crítica, como no puede ser de otra forma, pero creemos que es necesario que se haga desde el respeto.
La trayectoria del Cuerpo de Abogados del Estado, avalada por más de 135 años de historia, evidencia que, si algo ha caracterizado, y caracteriza, nuestro trabajo es el ejercicio honesto y de calidad de nuestra profesión. Este ejercicio es, de una parte, una responsabilidad para todos los que formamos parte de la Abogacía del Estado, pero, de otro, también nos lleva a trasladar nuestra absoluta oposición y repulsa respecto de las gruesas descalificaciones que recibimos por hacer lo que mejor sabemos: trabajar en defensa de los intereses públicos. Y seguiremos haciéndolo, sin que lo impidan las injustas descalificaciones. No puede ser de otra forma. Somos Abogados del Estado y hacemos las cosas bien.
