El pasado 6 de diciembre se cumplieron cuarenta y cinco años desde la aprobación de la Constitución Española de 1978. Nuestra Carta Magna, como bien recordaba Su Majestad el Rey Don Felipe VI en su discurso de apertura de la presente legislatura, establece la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político como valores en los que se basa nuestra convivencia democrática. Unos valores que, como bien se apuntaba en dicho discurso, no están anclados en el pasado, sino que, al contrario, se encuentran plenamente vigentes. Es necesario reivindicar, transcurrido casi medio siglo desde su aprobación, su valor, esencial para el desarrollo de nuestra democracia. Por ello, haciendo nuestras las palabras de nuestro Rey “debemos honrar su espíritu, respetarla y cumplirla, para hacer efectiva la definición de España como un Estado Social y Democrático de Derecho”.
Apenas unos meses antes de que se aprobara el texto constitucional, inició su andadura la Asociación de Abogados del Estado. Nunca agradeceremos lo bastante a quienes impulsaron la idea de construirla. Sus fines esenciales son “el fomento y defensa de los intereses profesionales y corporativos de los Abogados del Estado”. Nuestra Asociación siempre ha carecido, y creemos que así debe ser, de un carácter o naturaleza política. Su objetivo no es otro que el de la defensa de los intereses que nos son propios. Y, además, afortunadamente, se ha mantenido como una Asociación única, que, como tantas veces hemos destacado desde las páginas de esta revista, quiere ser la casa de todos. Siendo innumerables las ventajas que presenta tener una sola voz, es también necesario poner de manifiesto que ello obliga a tratar de acoger en ella las distintas posturas de quienes formamos parte de la misma. No es sencillo. Pese a ello, siempre hemos tratado, no de contentar a todos, quimera imposible, pero sí de escuchar y aprender de los compañeros que forman parte de la Asociación. Sus distintas ideas o criterios respecto de las cuestiones que hemos abordado merecen ser escuchadas. Es, por ello, difícil responder a las demandas de una sociedad cada vez más acostumbrada al valor de la respuesta instantánea, si bien trataremos de mejorar al respecto. Y, en todo caso, defenderemos el valor de la pertenencia a esta Asociación y el de nuestro trabajo como servidores públicos. Forma parte de nuestra razón de ser.
Hace un año se produjo la aprobación del Real Decreto 1023/2022, de 5 de diciembre, que, como analizamos en un editorial previo de la revista, supuso un primer paso hacia un cambio estructural muy significativo en la Abogacía General del Estado; ahora bien, solamente una apuesta decidida por su modelo permitirá lograr los objetivos perseguidos con la reforma. En este contexto, no podemos dejar de señalar que, mediante el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, se ha producido el tránsito de la Abogacía General del Estado hacia el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes desde la que ha sido nuestra casa en los últimos treinta y ocho años: el Ministerio de Justicia. Los Abogados del Estado nacimos como Abogados de la Hacienda, hemos trabajado casi cuarenta años en el Ministerio de Justicia y ahora pasamos a formar parte del Ministerio de Presidencia, dependiendo directamente del ministro. Este tránsito da respuesta a una reivindicación histórica de numerosos compañeros, aunque no fuera compartida por todos. Nuestra adscripción al Ministerio de Presidencia se encuentra ligada a la consideración de la Abogacía del Estado como unidad al servicio de toda la Administración General del Estado y no de un concreto ámbito o sector de la aquella, tanto en el desempeño de las tareas consultivas como en las contenciosas. Este cambio planteará a buen seguro nuevos retos a la Abogacía General del Estado y al Cuerpo de Abogados del Estado, siendo los principios de legalidad, libertad de criterio técnico y unidad de doctrina los que deben ser reivindicados por todos nosotros al abordar aquellos. Responder en derecho, con un criterio fundado y siendo conscientes de que todos, previa la superación de un riguroso proceso selectivo que no puede perder este carácter, formamos parte tanto de una institución como de un Cuerpo que merecen, sin duda, la pena. Nuestro esfuerzo personal diario, el trabajo en equipo y realizar el camino junto a nuestros compañeros seguro que nos ayuda a seguir defendiendo nuestra labor, desarrollada con muchas más luces que sombras en los últimos ciento cuarenta y dos años. Es nuestra responsabilidad.
