Cuando después de varios años de esfuerzo estudiando y trabajando tenemos la inmensa fortuna de aprobar la oposición, ingresamos en un prestigioso cuerpo de juristas, el Cuerpo de Abogados del Estado. Comenzamos entonces una carrera profesional que se beneficia del prestigio que con gran trabajo han construido todos los compañeros que nos han precedido en el desempeño de nuestras funciones.
Esta circunstancia supone, sin ninguna duda, una enorme ventaja. Pero también una gran responsabilidad. Porque ese prestigio del que nos beneficiamos por el hecho de aprobar la oposición supone un legado que estamos obligados a conservar e incrementar con nuestro trabajo diario.
Este legado no nos pertenece a cada uno de nosotros individualmente considerado, sino a todos como colectivo. Este legado pertenece a nuestros compañeros pasados, pertenece a los compañeros presentes y, sobre todo, pertenece a nuestros futuros compañeros.
Lo que hacemos cada uno de nosotros en nuestro trabajo diario repercute en la conservación de este legado, o en su menoscabo.
La anulación por el Tribunal Supremo del Real Decreto 1012/2022, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Abogacía General del Estado, se regula la inspección de los servicios en su ámbito y se dictan normas sobre su personal debe hacernos reflexionar. Siendo necesaria la modernización de la estructura de la Abogacía del Estado, y siendo esta reforma en concreto positiva en sus líneas generales, sin embargo la decisión de tramitarla en la forma en que se hizo no fue una decisión acertada.
La Asociación hizo alegaciones en su momento al borrador de reglamento que difería del que finalmente se aprobó. Al igual que hicimos alegaciones respecto del citado borrador, hemos vuelto a hacer alegaciones al proyecto de Real Decreto que pretende sustituir al Decreto anulado.
Nuestra vocación es ayudar y colaborar en todo aquello que pueda mejorar la situación de los compañeros, pero también tenemos la obligación de señalar aquello que consideramos que está mal hecho. Es nuestra responsabilidad en aras de la conservación del legado que supone el prestigio del Cuerpo de Abogados del Estado.
Y esta responsabilidad debe ejercitarse con la necesaria prudencia y mesura. Frente a quienes piensan que la Asociación debe posicionarse mediante comunicados, otros consideran que dichos comunicados son una arma de doble filo, difíciles de manejar y de consecuencias siempre indeseables.
Esto no significa ni sumisión ni aceptación. La Asociación ha trasladado directamente al Abogado General del Estado su profunda preocupación por lo que a algunos nos parece una instrumentalización de la Abogacía del Estado al margen de las atribuciones que tiene legalmente encomendadas.
Vivimos tiempos revueltos. Y en estos tiempos es cuando hay que tener la valentía de alzar la voz y denunciar aquello que consideramos que no se está haciendo bien. Sin que ello signifique que se tenga que hacer con estridencias. Porque discrepar de la superioridad es otra forma de mejorar el legado recibido.
